viernes, 28 de junio de 2013

UN LARGO Y SOLITARIO CAMINO PARA DESENTERRAR LA MEMORIA

Paraguay. La búsqueda de Rogelio Goiburú, quien desde hace más de 10 años rastrea casi en soledad los cuerpos de las víctimas de la dictadura de Stroessner, su padre entre ellos.
 
Por  María Laura D’Amico y Cristian René Lora
        
Cuando encuentro el cuerpo de un desaparecido me quiero quedar ahí, tomando tereré y limpiando con delicadeza sus huesos durante horas y horas.” En un cuartel de la policía, a pocas cuadras del centro de Asunción, Rogelio Goiburú mira la fosa en donde hace pocos meses hallaron los restos de un hombre y una mujer.
De manera artesanal y casi en soledad, Goiburú busca desde hace más de 10 años los cuerpos de las víctimas de la larga dictadura paraguaya. Entre ellos, intenta desenterrar también a su padre Agustín, un incansable luchador contra el régimen de Alfredo Stroessner.
Sin recursos del Estado y con la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, Goiburú supervisa las excavaciones dentro del predio de la ex Guardia de Seguridad, un lugar ubicado al oeste de Asunción, casi sobre el río Paraguay, que funcionó como un centro clandestino de detención durante el régimen stronista.
Allí, la investigación previa y los trabajos que llegaron luego permitieron encontrar bajo tierra 15 cuerpos y unas siete fosas comunes, todos enterrados a un metro y medio de profundidad. “Muchos detenidos eran asesinados y arrojados de cabeza en pozos redondos. En esa posición los encontramos”, explica.
El terreno es ahora una extensa superficie irregular, cubierta por una agreste maleza. Carteles blancos señalan el lugar exacto donde los cuerpos fueron encontrados. Allí, con letras negras, se detalla el número de hallazgo, la fecha en que el cuerpo fue encontrado y el día en que fue exhumado.
La búsqueda no es fácil en un país como Paraguay, donde los resortes de la dictadura de Stroessner siguen intactos en la estructura de poder. Los 15 cuerpos hallados en el cuartel más otros ocho encontrados en distintos puntos del país permanecen en un laboratorio forense del Estado. “Siguen desaparecidos, pero en los pasillos del Ministerio Público, porque no hay presupuesto para identificarlos”, afirma.
Para identificar los cuerpos es necesario contar con unos 130 mil dólares. Con ese monto se cubren los gastos que permitirían crear un Banco Genético con datos de familiares de desaparecidos y poder compararlos a través del resultado que arroje el estudio del ADN en los huesos hallados bajo tierra.
Esa partida de dinero había sido aprobada por el Congreso, pero no hubo avances al respecto. En 2008, el gobierno de Fernando Lugo apareció como una esperanza que se diluyó incluso antes del golpe de Estado, perpetuado por el Partido Liberal.

–¿Lo sorprendió que Lugo no girara esos fondos?
–Sí, muchísimo. Nosotros creíamos en él. Nos entrevistamos varias veces y se comprometió incluso a crear la secretaría de Derechos Humanos. Pero jamás cumplió.
Para llegar al lugar donde se avanza con los trabajos es necesario cruzar el cuartel de la entonces Guardia de Seguridad. Allí hoy funciona la Agrupación Especializada de la policía. Goiburú camina sin prisa hacia el fondo del predio. En el camino saluda a varios efectivos y conversa –en guaraní– con algunos de ellos.
Se detiene sobre la sombra para explicar que allí mismo permanecen detenidos los tres únicos represores sentenciados a cadena perpetua. Con el brazo indica dónde cada uno de ellos pasa sus noches: “Uno está en aquella ventana, otro en aquella y el tercero allá, en esa puerta”.
Más tarde, mientras cuenta sobre el temor del pueblo paraguayo para denunciar la desaparición de seres queridos, el propio Goiburú interrumpe su relato. “Ese señor que camina allá es uno de ellos. Uno de los principales torturadores. Se llama Camilo Almada Morel, alias Saprina.”
Delgado y alto. De camisa roja –un distintivo clásico del Partido Colorado– y bermudas grises, Almada Morel deambula como ajeno a su pasado. Mantiene un breve diálogo con un oficial de policía y sigue su camino.
“El tipo recibió entrenamiento de los estadounidenses en un lugar llamado La Técnica, acá en Paraguay”, afirma Goiburú. Corta de nuevo su relato, prefiere el silencio para observarlo. El represor se aleja hasta que se pierde detrás de una puerta.
Más tarde, por los caminos del cuartel pasa Lucilo Benítez, también sentenciado a cadena perpetua. Finalmente, el propio Goiburú presenta a Juan Martínez, quizás una de las personas que haya torturado a su padre. Después de los saludos, intercambian unas palabras en guaraní.
Los tres son considerados como los oficiales más temibles del régimen de Stroessner. Todos llevan 24 años de condena y quedarán en libertad el próximo año, al cumplir la pena máxima que hay en Paraguay.
El propio Goiburú conversó con dos de ellos como parte de la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos. “Almada Morel nunca me aportó información. Una vez me insinuó que su pellejo podía correr riesgo si me contaba algo, porque el poder del stronismo, el poder real en nuestro país, nunca se fue.”
De parte de Martínez consiguió algunos datos que después logró corroborar como verdaderos. En cambio, con Benítez nunca pudo dialogar.
Parado al borde de una fosa en la que hallaron restos de un hombre y una mujer, Goiburú intenta narrar la historia de su padre. Sus ojos se ponen brillosos y su relato se entrecorta.

–¿Qué siente cada vez que encuentran a alguien?
–Es una mezcla de alegría y tristeza. Un popurrí de sentimientos. Pero fundamentalmente me siento contento porque el régimen lo que quiso es que no los encontremos nunca. Que desaparezcan para siempre. Y encontrar a un compatriota desaparecido es un triunfo. Tal es así que cuando encuentro un cuerpo me quiero quedar ahí, tomando tereré y limpiando sus huesos con delicadeza durante horas y horas.
Uno de esos cuerpos puede ser el de su padre, Agustín. Exiliado y perseguido por la dictadura stronista, fue secuestrado en la Argentina el 9 de febrero de 1977 y llevado al Paraguay, en el marco del Operativo Cóndor.
De profesión médico traumatólogo, había denunciado los abusos perpetrados por la dictadura de Stroessner cuando ejercía la profesión en el Hospital de Policía.
Era militante del Movimiento Popular Colorado (Mopoco), una línea interna del Partido Colorado fundada en la Argentina por detractores del régimen que desconocía al stronismo.
Exiliado en la ciudad fronteriza de Posadas, comenzó a organizar la insurrección desde el extranjero con el objetivo principal de derrocar la dictadura. En 1969 fue apresado mientras se encontraba pescando en aguas del río Paraná.
Luego de estar un año detenido en la Comisaría 7ª de Asunción, logró escapar junto a otros reclusos. “Hicieron un túnel debajo de una de las camas. Sacaban la tierra con cucharitas y se la guardaban en las medias. Al otro día la tiraban por el inodoro”, relata su hijo.
Su madre y otros compañeros de militancia trabajaban en la logística desde afuera. Incluso secuestraron un taxi y lo dejaron estacionado junto al río para confundir a la policía y hacerles creer que habían cruzado a la Argentina.
Goiburú se refugió en la embajada chilena, consiguiendo después un salvoconducto del gobierno del socialista Salvador Allende.
En 1971 regresó a Posadas para ser el principal ideólogo del frustrado atentado contra Stroessner. La idea era hacer volar un coche bomba estacionado en las inmediaciones de la Plaza Uruguaya, justo en el momento en que pasaba el dictador. Pero el plan no prosperó. Ese hecho encolerizó a Stroessner y pidió la cabeza de Goiburú.
“Papá no quería irse de Misiones. Nuestra casa estaba a orillas del río y desde la ventana de su dormitorio veía todos los días el Paraguay”, recuerda Rogelio.
Sin embargo, el gobierno argentino le pedía que se alejara de la frontera. Casi nómade, su familia vivió con amigos en la provincia de Buenos Aires, en Olavarría, Claromecó y Tres Arroyos. Pero en 1975 volvieron a Entre Ríos.
Dos años más tarde, ya con los militares argentinos en el poder, Goiburú fue secuestrado y visto por última vez. Se sabe que desde Paraná fue trasladado a Corrientes en avión y entregado a Cristino Nicolaides. Desde allí lo llevaron en un Ford Falcon a la entonces Guardia de Seguridad de Asunción.
Allí, el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía, Pastor Coronel, se comunicó con Stroessner y le dijo: “Misión cumplida mi General, ya lo trajimos al doctor Goiburú”. Se sabe que lo encadenaron y lo interrogaron, y que Goiburú ratificó todo lo que pensaba. “Lo que no se sabe es si lo mataron ahí mismo o si lo trajeron y lo mataron en otro lugar”, señala.
Al igual que su padre, Rogelio es médico. Estudió en Argentina, en la Universidad Nacional de La Plata. Cuando terminó la carrera, como delegado del Mopoco se fue a vivir a Rusia. Allá conoció a quien hoy es su esposa. Tuvieron una hija que se llama Anastasia.
Por estos días, lo desvela la posibilidad de que uno de los cuerpos encontrados el 19 de marzo de 2013 sea el de su padre. Tiene indicios para pensarlo: hace 10 años, cuando se realizaron las primeras excavaciones, llegaron al cuartel los canales de televisión y registraron imágenes de los trabajos. “Días después, una persona se le apareció a mi hermano Ronaldo. Pidió que no lo mirara a la cara, que no levantara la vista, y le dijo que al lado de un árbol de espinas estaba enterrado mi padre.”
La búsqueda siguió su curso, Goiburú no se adelantó sobre el terreno para buscar en el lugar señalado. Recién este año lograron excavar en esa zona. Allí estaban enterrados los cuerpos de dos personas. Sus ropas todavía se conservaban. Entre los huesos del hombre, una camisa a rayas y un pantalón verde oliva. Ella tenía ropa interior de buena calidad, una camisa y un pantalón negro de mujer.

–¿Y si no es su padre?
–Lo voy a seguir buscando. Su lugar de entierro puede ser en esta zona. Allá en el reclusorio (señala un edificio de cuartel donde hoy se alojan presos comunes); en Lambaré, donde el jefe de la Policía de entonces tenía una propiedad privada; o en otra de sus estancias ubicada en el norte del Paraguay. Tengo alrededor de 20 lugares para seguir excavando.
Mientras tanto sigue con la búsqueda de unos 500 detenidos-desaparecidos de la dictadura stronista. Conocer sus identidades y las del resto de los cuerpos encontrados depende de un fondo de 130 mil dólares que el propio Estado paraguayo se comprometió a otorgar y nunca cumplió.
Goiburú descarta –por ahora– pedir ayuda a los gobiernos de Suramérica. “Es el Estado paraguayo quien se tiene que hacer cargo”, dice. Y explica que funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de Argentina viajaron una docena de veces para asesorarlos. Incluso, el Gobierno argentino llevó adelante el análisis genético de los primeros tres cuerpos encontrados. “Ése fue un regalo del Gobierno argentino, no podemos pedirle más”.
 
Fuente: Miradas al Sur

NO HUBO REPRESION. NO HUBO EXCESOS

Opinan: Pedro Benedit, psicólogo social, Guilermo Honig, jefe de servivio en el Borda, Marcelo Vinograd, encargado de los talleres protegidos, Marcelo Frondizi, de la Junta interna de los talleres protegidos, Francisco Nenna, legislador porteño FpV, Jorge Selser, legislador porteño FAP y Alberto Sava, del frente de artistas del Borda.
 
Por  Eduardo Anguita
      
Hay muy pocas cosas que uno pueda recordar de Ricardo Balbín, una de ellas es que dijo que se podía medir la salud de un país por el estado de las cárceles y de los hospitales. Lo que pasó en el Borda hace unos días es de una gravedad tremenda, tenemos que mirarnos y tratar de entendernos, qué pasó, qué venía pasando en el Borda.
Guillermo Honig:
–Yo sabía que estaban reprimiendo porque me llamaron pacientes angustiadas pensando que me había pasado algo. Me llamaron a las ocho de la mañana. Cuando llegué atendí a los pacientes, los contuve porque estaban extremadamente alterados y consternados. No entendían por qué la policía estaba ahí, qué es lo que estaban haciendo, por qué estaban pegando, por qué se peleaban. Los dejé en el servicio tranquilos sabiendo que estaban buscando reprimir, que no fueran al cordón policial, y yo fui a ver qué pasaba porque es mi responsabilidad, son mis pacientes, es mi casa desde hace 26 años, es la casa de los pacientes, es la casa de los vecinos también. Los vecinos participan del hospital, es un hospital abierto a la comunidad, es de los hospitales psiquiátricos más abiertos a la comunidad en el mundo, el 80% de mis pacientes tiene permiso de salida. Los 700-800 pacientes del hospital pueden entrar, salir y convivir en comunidad.

–Marcelo, el domingo posterior, el 28 de abril, te conocí allí, cuando estaba abrumado mirando lo hierros ¿Recordás ese domingo?
Marcelo Vinograd:
–Sí, sí. Lo recuerdo perfectamente. Cuando llegué estaba la destrucción que ambos pudimos observar. Me llamó mucho la atención el tema de los asbestos que en la conferencia del Gobierno de la Ciudad lo habían dado como uno de los principales motivos por el cual se tenía que demoler y no podía funcionar este Taller 19. En toda la Ciudad hay techos, chapas de fibrocemento que contienen asbestos. Y yo te contaba que con ese criterio tendrían que estar las topadoras en todos los edificios gubernamentales porque todos están en las mismas condiciones. Es más, las cañerías de calefacción de las viejas calderas están en condiciones de mayor deterioro y esas hasta el día de hoy se siguen observando en muchos lugares a la vista, sin embargo las topadoras estaban en el Taller 19.

–Pedro, vos sos psicólogo social y trabajás en Talleres Protegidos. Muchísima gente no sabe la diferencia que hay entre la unidad neuropsiquiátrica y los Talleres Protegidos, uno de los cuales, el numero 19, es el que está en conflicto porque es el que está dentro del terreno del Borda que fue elegido por el grupo inmobiliario del PRO para instalar allí la sede central del Gobierno porteño.
Pedro Benedit:
–Nosotros somos una institución de rehabilitación y salud mental cuya misión principal es la socialización de pacientes con problemas psiquiátricos a través de una terapia que está orientada al trabajo productivo, lo que genera un vinculo entre los trabajadores y los pacientes que facilita al paciente la adquisición de hábitos sociales y posibilidades de rehabilitarse y de reinsertarse en la sociedad. Está ubicado dentro de los terrenos del Borda justamente porque es un taller intrahospitalario que permite acceder a este tratamiento a pacientes que por su cuestión judicial o clínica no pueden salir a la calle en este momento.

–Jorge, decías hace pocos días que hay lugares en la Ciudad de Buenos Aires en donde hay tuberculosos, enfermedades que uno cree que están desterradas o que pueden darse en lugares recónditos del territorio argentino.
Jorge Selser:
–La Ciudad tiene numerosas enfermedades y muchas de ellas afectan a los sectores más pobres de la Ciudad, especialmente los que viven en villas, cercanas al Riachuelo; enfermedades que son transmitidas por roedores, como la Leptospirosis. Hay una tasa elevada de prevalencia en pacientes con tuberculosis que tiene que ver con el trabajo esclavo en los talleres clandestinos. Pero tampoco hay en la Ciudad de Buenos Aires una política seria de prevención, de atención primaria, que nosotros le decimos primer nivel de atención, y un nivel de inmunización y de prevención de las enfermedades que son prevalentes en el hombre y la mujer a una determinada edad, que son los tumores o enfermedades cardiocirculatorias, etc., sino que todavía seguimos en la Ciudad de Buenos Aires con un proyecto hospitalocéntrico por el cual el paciente concurre al hospital en función de los síntomas que tiene, y ahí es atendido, en muchos casos bien, yo diría en la mayoría, en otros casos no, porque no hay recursos, pero lamentablemente cuando hay síntomas ya es tarde.

–Tito Nenna, esta no fue la primera represión de Macri, acá hay un plan del PRO que fue pensado y ejecutado, esto no fue un exceso ni solamente un negocio inmobiliario me parece.
Tito Nenna:
–No, esta política llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri reconoce una matriz ideológica que llevó a la creación de la Policía Metropolitana en función de la necesidad de llevar políticas de ajuste, políticas empresariales, políticas que degradan todas las políticas sociales, tanto las de salud como las de educación, las de vivienda, por eso no hubo excesos por parte de la Policía Metropolitana el viernes 26, esto comenzó el 8 de agosto, cuando ingresaron, por la calle Perdriel, violando un portón cerrado, la Policía Metropolitana más los miembros del Ministerio de Desarrollo Urbano para instalar el obrador, para comenzar la obra. Y tanto el el ministro Chaín como el ministro Montenegro, no solamente avalaron el actuar de la Policía Metropolitana, sino que negaron que esto fue represión. Y esto es lo peor de todo, naturalizar la represión y naturalizar una política de achique en las políticas públicas.

–Alberto, me decías que el Frente de artistas del Borda cumple 29 años, casi lo mismo que la democracia.
Alberto Sava:
–Sí, cuando se abre la democracia hay una apertura, hay un proyecto que se llama la desmanicomialización, que es una reforma a nivel psiquiátrico donde se plantea o se cuestiona de alguna manera la existencia de los hospitales llamados manicomios, loqueros o asilos. Y se propone desde el Estado brindar una atención de las personas con sufrimiento mental en los hospitales generales, con servicios de salud mental, y que el Estado garantice la vivienda, el trabajo, la educación y los afectos. Desde el Frente de artistas del Borda repudiamos lo que paso ese viernes. Yo estuve también presente, y creemos y estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros acá, que hay que defender al hospital público, pero creo que también habría que poner sobre la mesa este debate de la existencia de los hospitales psiquiátricos, y cuando digo hospitales psiquiátrico no me refiero sólo a los públicos, me refiero también a los privados que son más siniestros o peor que los públicos.

–Este año el Borda cumple 150, para tratar de entender, ¿logró algo el macrismo con esta encerrona, con esta emboscada?
G. H.:
–Quiero decir algo en relación a los pacientes. La población del Borda es una población de personas que no son peligrosos para la sociedad sino que la sociedad es peligrosa para ellos, por eso están internados. Los pacientes del Borda son altamente vulnerables a traumas. La mayoría son esquizofrénicos y son justamente los que menos capacidad tienen de procesar los avatares traumáticos de la vida. Acá hubo 5 pacientes con traumas físicos severos, hubo un paciente con 25 perdigonadas en el pecho de balas de goma, o sea, todo el cartucho en el pecho. El trauma psíquico que vivieron los pacientes fue tremendo. Después de ese fin de semana vi pacientes durmiendo en la cama a las 11.30 de la mañana, tipos vitales, alegres, que pasaron un estrés terrible y eso fue por la represión que hubo en el hospital, fue por lo traumático, fue por la imprevisión, fue por no tener en cuenta que hay enfermos, es inaudito, debe ser la primera represión en un hospital psiquiátrico que se ve en el mundo.

–¿Qué pasó después con la solidaridad? ¿Cómo se comportó después esta clase media porteña que ya es casi un paradigma del “no me meto”? ¿Qué percepción tienen?
Nono Frondizi:
–Yo creo que cualquier ciudadano democrático, sensible, sea del partido que sea, repudia esta barbarie que es un acto criminal, sobre todo un acto criminal con aquellos que tienen problemas en el alma y que son los más vulnerables. Porque los pacientes sufrieron tres golpes duros: la propia represión, que alcanza al conjunto de los pacientes. Además, ellos vieron que los trabajadores, o sea, los que componen el equipo interdisciplinario de salud, también eran reprimidos a la par de ellos. Y después vieron demoler el Taller Protegido, ese dispositivo ambulatorio, que está en el marco de las Leyes 448 y 955. Creo que todavía no hemos podido evaluar el tremendo dolor que causó la represión. Nos parece que la devolución solidaria fueron los 20.000 ciudadanas y ciudadanos –muchísimos jóvenes– que fueron a la movilización del martes 30, atravesados por el dolor, la perplejidad y seguramente la bronca. Cuando le dije al comisario Giménez que sacara la policía del lugar, me contestó en la cara: “Frondizi, lo que pasa es que tenemos que proteger a la empresa”.

–Es parte de un lenguaje, un discurso que uno piensa que estaba desterrado.
T. N.:
–Esto lo dijo el ministro Chaín, que el jueves 25 a la noche emitió una nota informándole al Ministerio de Justicia que la Policía Metropolitana acompañaría a las empresas a ingresar al Hospital Neuropsiquiátrico Borda para efectuar la demolición del Taller Protegido 19. Hoy no hay una política de Estado en salud, no hay una política de Estado, son derechos sociales indelegables que el Estado debería proteger y no lo hace.
A. S.: –Vos decías, ¿qué dejó esto? A mí me parece que dejó un hecho positivo que sería la sensibilización de la población sobre el tema de la locura, del sufrimiento mental, y también poner en el tapete, en el debate, sobre la mesa, todas estas cuestiones sobre las leyes, la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, la 26.657 que votó este gobierno y que todavía no está reglamentada, y habría que preguntarse por qué no está reglamentada, porque uno de los puntos de la ley dice que deben desaparecer los hospitales psiquiátricos privados. Me parece que es un buen momento para poder discutir entre todos, los sindicalistas, los profesionales, los pacientes, la gente que trabaja en el Borda, los artistas, qué hacemos con esta ley, con estos hospitales psiquiátricos, que en algunos casos trabajan bien y en otros casos trabajan muy mal, donde se violentan muchas veces los derechos humanos de los pacientes, por la sobremedicación, la falta de libertad, en algunos hospitales hasta hay electroshock...
G. H.: –Sí, hay que pensar qué hacer con las leyes y cuáles son las leyes que en realidad son ignorantes, románticas, ponen el carro delante del caballo, como esta Ley Nacional. La verdad que yo no estoy para nada de acuerdo con vos Alberto, te quiero mucho pero no estoy de acuerdo. Lo que creo que hay que hacer es apuntar a la atención primaria. Yo voy a dar números, estadísticas: el 1 por ciento de la población mundial en cualquier país, en China, en Estados Unidos, en Noruega, en Argentina, tiene esquizofrenia. Si en Capital y el primer cordón del conurbano hay diez millones de personas, tenemos 100.000 esquizofrénicos.De esos 100 mil esquizofrénicos, el 30% es resistente a tratamiento. Y de esos 100.000, entre el 4 y el 8% es resistente a todo tratamiento. Entonces hay entre 4.000 y 8.000 pacientes esquizofrénicos en Capital Federal y el primer cordón del conurbano sin atención. El Borda tiene mil camas, el Moyano tiene otras mil camas, privadas hay alrededor de 400-600. No hay política nacional de salud mental. No hay política en la Capital de salud mental. Entonces, lo que hay que hacer es atención primaria. Pero el problema de la atención primaria es que el recurso humano es saturable en salud mental. Nosotros trabajamos con la palabra…

–Jorge Selser, querías decir algo…
J. S.:
–Coincidiendo con lo que dice el doctor, creo que el sistema tiene una política de salud, que es la no política justamente. La política de Macri es clara: considera que quienes necesitan el hospital público no son su clientela política. Entonces, a él le interesan otras cosas, el Metrobus, le interesa hacer en la Ciudad el Centro Cívico, le interesan los negocios inmobiliarios alrededor del centro cívico por el aumento del precio de las tierras, compradas por muchos de ellos, le interesa Santa María del Plata, le interesa todo este tipo de cosas, pero no le interesa la salud pública.
N. F.: –Primero, hay una política de la derecha de la reacción y del neoliberalismo de destrucción del hospital público, punto. Hay instrumentos, como la Ley de Talleres Protegidos y la 448 que están aprobadas y reglamentadas, que no se ponen en funcionamiento y que tienden a los dispositivos ambulatorios, es decir, aquellos que permitan la resocialización de los pacientes. Nosotros, como trabajadores hemos propuesto, un hostal de medio camino para adentro del Borda, un lugar de alimentación tipo mesa universitaria como hay en el país para que los pacientes puedan comer bien, planteamos extender los laboratorios, extender los Talleres Protegidos, hay una ley de Talleres Protegidos, hay todo un dispositivo que son los anticuerpos de la institución manicomial, que son la Colifata el Frente de Artistas, la Cooperanza, el Centro Cultural, el Pan del Borda, los talleres protegidos, es decir que hay construida una trama que no plantea una falsa dicotomía engañadora. Ninguno de nosotros quiere que se cierre el hospital. Lo que estamos planteando es un debate profundo acerca de cuáles son los instrumentos de sanación para esos ciudadanos. Y además digo, un paciente es emergente de una familia enferma, es el alcahuete, como me enseño Alfredo Moffat, de una familia enferma. Es decir, que el trabajo y el abordaje tiene que ser desde ese lugar. Éste es el debate, no es otro.
A. S.: –Todos esos grupos que vos nombraste, alternativos, no pertenecemos al Borda, o sea no somos parte del Borda, el Borda no nos reconoce como una organización, no tenemos sueldo, no tenemos elementos, no tenemos recursos, ni la Colifata, ni el Frente de Artistas, ni el Pan del Borda, ni Coperanza, pertenecemos orgánicamente a la institución. O sea que el gobierno de Macri tampoco nunca apoyó este tipo de experiencias, estamos a pesar de la institución.

–Voy a otro costado. Ustedes son trabajadores y estarán preocupados por la situación de lo que pueda hacer Macri en una campaña electoral. Si esto lo va a tomar como un pivote de campaña o va a decir “no, me salió mal, tengo que esperar a después y el 28 de octubre vuelvo con la topadora”. ¿Qué percepción tienen ustedes?
M. V.:
–Lo que me generó mucha impotencia es ver en los medios de comunicación, que nos presentaban este hecho diciéndonos que nos habían construido un taller alternativo, y ustedes saben o por ahí la comunidad no lo sabe, mejor dicho, que el Taller 19 tenía como característico recibir pacientes intrahospitalarios, los que no podían salir del hospital, como bien lo explicó el Nono. En primera medida, este taller que dicen que inauguraron, desde el día que lo inauguraron no está en condiciones de recibir pacientes del hospital porque físicamente no tiene la conexión, es decir, que ese dispositivo cesó desde el momento que cesó el Taller 19 como dispositivo terapéutico dentro del hospital Borda. Ésa es la primera mentira. Y la segunda faceta de esta situación, es que el lugar donde eligieron refaccionar este taller no reúne las condiciones para trabajar con pacientes, porque para nosotros, el trabajo es la herramienta de abordaje, y en ese trabajo la palabra juega un rol fundamental, el ruido que hacen las maquinas, la acústica del lugar no permite trabajar. Entonces es una operación de prensa que nos digan que nos construyeron un taller modelo.

–Propongo un interrogante, más allá de que un eventual juicio político puede servirle a Macri para victimizarse ante la sociedad, ¿estos hechos podrían conformar un punto de inflexión para un cambio de humor en el distrito?
T. N.:
–Yo creo que en principio acá hubo un quiebre, fue un límite para la sociedad lo que ocurrió el viernes 26 de abril, incluso para muchos sectores que también votaron a este gobierno. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar fuertemente, no solamente en la Legislatura sino también con la sociedad, para poner esto al frente. Pero tampoco un juicio político, porque muchas veces el gobierno de Mauricio Macri, como ocurrió con el tema de las escuchas, de alguna manera obtuvo como un lugar de contención o de escape. Por eso lo que tenemos que hacer es llevar a la Legislatura a los trabajadores, a la ministra de Salud, al jefe de la Policía, y al subjefe de la Policía porque hay contradicciones fundamentales, nosotros cuando estuvimos el viernes ahí y hablamos con el Jefe de la Policía Metropolitana y el Subjefe decían “nosotros tenemos que ir a hablar con Chaín para parar con la represión” y hoy Chaín decía “no, no he hablado con nadie, yo a la Policía Metropolitana no le di órdenes”.

–Pedro, ante una inundación uno dice: “Llevo ropa, llevo leche en polvo”. ¿Qué podemos acercar ahora?
P. B.:
–Creo que lo primero que hay que acercar es una opinión bien clara de lo que pasó en el sentido de una condena pública, porque en definitiva lo que se ha hecho es destruir un edificio donde se atendían pacientes y eso va en detrimento de la salud pública; por lo pronto, eso. Es imperioso que la sociedad tome conciencia de que esto no es un problema de talleres o del Borda personal.
G. H.: –La gente tiene derecho a enfermarse. Así como tiene derecho a enfermarse tiene derecho a que la atiendan. Y tiene derecho a tener un taller en donde ganar habilidades sociales y laborales. Y tiene derecho a tener una cancha de fútbol en donde jugó por primera vez Pichon Rivière con los pacientes con fines terapéuticos. Los pacientes tienen derecho a espacios verdes. ¿Por qué quieren usurpar el espacio verde de los pacientes psiquiátricos del Hospital Borda? ¿Por qué no lo hacen al Centro Cívico en cualquier otro espacio verde del sur de la Ciudad? ¿Por qué no lo hacen en la Penitenciaria de la Avenida Caseros?
J. S.: –Quería agregar que hemos presentado un proyecto para la reconstrucción del Taller 19 y la idea, con el Nono, es además que ése sea el monumento emblemático en defensa a la salud pública.
 
Los audios de las órdenes represivas
Miradas al Sur consultó al ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz, que fue perito de oficio en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, sobre los aspectos técnicos vinculados a las comunicaciones de la Policía Metropolitana durante la represión en el Borda. El experto sostiene que “las comunicaciones policiales de la Policía Metropolitana se graban y se mantienen intactas por 90 días en un equipo similar al del Comando Radioeléctrico de Policía Federal, cuyo software de control no permite que esas comunicaciones se editen o se manipulen”. En cambio, “las copias de audio que pueden obtenerse de esos equipos, sí son editables como ya ocurrió durante la instrucción de la causa por el asesinato de Mariano Ferreira , en la cual 40 minutos de modulaciones policiales fueron eliminados de la copia entregada al juzgado” afirma Garbarz. Después –allanamiento mediante al Comando de Operaciones del Departamento Central de la Federal– fueron recuperadas del grabador central. El sistema de grabaciones policiales posee una memoria interna (registro maestro) que no puede modificarse selectivamente ni desactivarse. Por eso, enfatiza el Ingeniero Garbarz, si el juzgado que investiga la represión policial ordena el secuestro de una copia directa del registro maestro del sistema de grabaciones que posee la policía metropolitana en el Centro Único de Coordinación y Control, podría constatar:

 1) quién fue el real jefe operativo que daba las órdenes directas a los policías que disparaban y golpeaban indiscriminadamente;
2) cuáles fueron todas y cada una de las órdenes específicas moduladas a través del sistema de comunicaciones policiales de la Metropolitana mediante handys y/o celulares utilizados, de cada uno de los jefes policiales , tanto los que estaban presentes en el Borda como los que monitoreaban desde el Centro Único de Coordinación y Control;
3) si hubieron órdenes de suspender algún accionar que supuestamente excediera en violencia la orden superior específica de represión por parte de los responsables del operativo, presentes o no en el lugar de los hechos;
4) el contenido de los audios de las comunicaciones radioeléctricas generales como las del sistema Tetra, cerrado y encriptado, que usan los móviles y agentes de la Metropolitana y en el cual se puede seleccionar a cada Policía para comunicación punto a punto entre él y su superior. El sistema de comunicaciones digitales Tetra ( provisto por Motorola) , que incorporó en la Metropolitana el superintendente Martino, permite hacer llamadas individuales o grupales a los uniformados en tiempo real para control selectivo del accionar policial durante un operativo. Separa y graba en forma no editable cada conversación entre jefes y subordinados para posteriores auditorías internas o investigaciones judiciales.
La contundencia de esta realidad técnica indiscutible debería ser la base de una investigación judicial que establezca con claridad las responsabilidades legales de toda la cadena de mandos de la Metropolitana el día de los hechos y adopte las medidas legales que correspondan en los marcos de la normativa penal.
 
Fuente: Miradas al Sur

MAYOR POTESTAD DEL ESTADO NACIONAL EN PAPEL PRENSA

Papel para todos.
      
El jueves pasado, diputados oficialistas presentaron un proyecto de ley para declarar a Papel Prensa como una empresa de utilidad pública y expropiar el 24% de su patrimonio. De esta manera, el Estado pasaría a tener el control de la provisión de papel.
La propuesta elaborada, entre otros, por los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti apuesta a que el Estado llegue al 52 por ciento al obtener las acciones de tipo A y C, que en su mayoría posee el Grupo Clarín. Esos títulos representan el 72,54% del total y están distribuidos entre AGEA (Grupo Clarín, posee 37%), La Nación (22,49%) y Cimeco (las empresas relacionadas con los dos diarios, 12%).
Sobre ese paquete accionario, el proyecto estipula que el Estado retendrá 24 puntos porcentuales del total que serán extraídos en forma proporcional de todos los propietarios de esas acciones. De esa forma, Clarín cedería 12,24 puntos de sus acciones para pasar a tener directamente 24,76% del total de la empresa. La participación de La Nación se reduciría hasta 14,55%. Por su parte, el Estado pasaría a controlar el 52% de la papelera.
El día que se promulgue la ley, la Comisión Nacional de Valores debe convocar a una asamblea para tratar, entre otros asuntos, “la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes, y de los síndicos titulares y suplentes, y la designación de sus reemplazantes”. Además, se encargará de establecer el monto compensatorio para los accionistas que cedan participación.
El proyecto sostiene que “se encuentra prohibida la transferencia futura” de esas acciones sin autorización del Congreso votada por las dos terceras partes de sus miembros”. La iniciativa ingresó a la Cámara, pero aún no fue girada a comisiones ni tiene fecha de tratamiento.
En tanto, el juez federal Julián Ercolini dispuso reactivar la causa sobre la apropiación de Papel Prensa, para determinar si la señora Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto (Clarín) junto a Bartolomé Mitre (La Nación) adquirieron la empresa de manera irregular durante la última dictadura militar.
El juez “requirió el envío de todos los balances y un informe sobre la tasación y la evolución del precio de sus acciones desde sus orígenes para determinar si hubo precio vil en la venta”.
Para el Gobierno, los accionistas mayoritarios tienen manejos anómalos y apuntan a vaciar la empresa. Por tal motivo, el objetivo del oficialismo es aumentar la producción, bajar los precios del insumo y garantizar el abastecimiento a todos los medios gráficos.
El informe “Papel Prensa: La Verdad”, realizado por el Gobierno, incluye una explicación sobre cómo, mediante un pacto de sindicalización, los nuevos dueños acordaron venderse el papel entre ellos y sus empresas relacionadas por debajo del costo de producción, perjudicando a otros diarios del país.
En 2012, evidenciada la maniobra de los medios más grandes del país, se sancionó la ley 26.736 que establece de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta de celulosa para los medios gráficos. El objetivo principal fue que el insumo para la impresión de las publicaciones llegase a todos, sin distorsión de precios.
“Resulta hartamente evidente que Papel Prensa se dedica a una actividad monopólica. De allí que es el propio Estado el que debe regular las mismas y asegurar que la distribución de papel sea equitativa para toda la gráfica de nuestro país”, argumenta en sus fundamentos el proyecto.
 
Fuente: Miradas al Sur

VEINTICUATRO TONELADAS DE FUEGO Y MEMORIA

Por Mempo Giardinelli

Este 26 de junio, hicieron exactamente 33 años del día en que la dictadura ordenó quemar millones de libros del Centro Editor de América Latina.

Ese 26 de junio de 1980 está en la memoria más horrible de la Argentina y escribo esto pensando una vez más en todo el dolor que todavía nos deben.
Propongo recordar lo sucedido. Propongo que imaginemos aquel 26 de junio de aquel 1980. Día frío y gris, pero no llueve. La acción en Sarandí, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. A corta distancia de lo que entonces se llamaba Capital Federal, vemos que de un gran depósito sobre las calles O’Higgins y Agüero (hoy Crisólogo Larralde) entran y salen camiones cargados de libros. Son veinticuatro toneladas de libros. En silencio, suboficiales, soldados y policías vacían lentamente el depósito bajo las escrutadoras severas miradas de oficiales del Ejército Argentino, algunos muy jóvenes.
El depósito –un amplio galpón– y todos los libros pertenecen a la conocida editorial Centro Editor de América Latina, una de las más prestigiosas y originales casas editoras de libros del país y el continente, fundada y dirigida por Boris Spivacow, un respetado matemático de 65 años, hijo de inmigrantes rusos. Entre 1958 y 1966 había sido gerente general de Eudeba (la Editorial de la Universidad de Buenos Aires) y la había colocado en el pináculo de la consideración pública por sus colecciones de extraordinaria calidad y cuidado a precios populares. Hasta que la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio del ’66, junto con centenares de profesores e investigadores, Spivacow fue forzado a abandonar Eudeba y la universidad.
Inmediatamente empezó a soñar con una empresa independiente y autosuficiente. Y así, con toda la experiencia acumulada, fundó la editorial Centro Editor de América Latina, que llegó a convertirse en una de las más fuertes editoriales del continente, y sus colecciones fueron formadoras de ciudadanía y fuente de conocimiento en todas las disciplinas.
Las fuerzas armadas de la época tenían a Spivacow, como se decía entonces, “marcado”. La supervivencia casi milagrosa de la editorial durante los primeros años de la dictadura tenía, por lo tanto, los días contados. Y el final fue ese día, ese 26 de junio del año ’80, en que llegaron las tropas en sus camiones y empezaron a cargar libros, paquete por paquete, y en sucesivos viajes llevaron 24 toneladas de cultura y conocimiento desde el depósito de Agüero y O’Higgins hasta un baldío que había entonces a muy pocas cuadras, en la calle Ferré, entre Agüero y Lucena.
Allí, una vez descargados los libros –posiblemente un par de millones de ejemplares– un valiente oficial habrá dado la marcial y ceremoniosa orden de prenderles fuego. “Procedan”, habrá dicho con firmeza y yo imagino que sin inmutarse, sin culpa alguna, sin siquiera darse cuenta de la atrocidad que cometía en ese instante miserable.
Así se quemaron esos libros, aquel 26 de junio de 1980, y con ellos se quemaron años de saber, de cultura, de investigaciones, de sueños y ficciones y poesías. Y se quemó una parte esencial de la Argentina más hermosa, incinerada por la Argentina más horrenda y criminal.
El expediente judicial –informan ahora amigas y amigos que han guardado intacta la memoria de esa jornada ominosa– dice que aquel día estuvieron presentes allí algunas personas de la editorial: el fotógrafo Ricardo Figueiras, Amanda Toubes, Alejandro Nociletti, Hugo Corzo y el propio Boris Spivacow.
Me cuesta imaginarlos, ahora. Pero no los veo llorando sino concentrados y serios, dignos y elocuentes en su silencio atronador. Los veo observando con dolor a las bestias de uniforme que cumplían esa orden infame que algún oficial de alta graduación, algún oscuro dictador habría dispuesto en algún oscuro lugar del poder. Pero no veo que ninguno de ellos baje o desvíe la mirada. Como si supieran que algún día y en una democracia, aunque plena de imperfecciones, esos libros amados iban a renacer de entre las cenizas.
Y eso es lo que sucede hoy, 26 de junio de 2013 y en Democracia: amigos de la Biblioteca Nacional informan que hoy por la mañana se hará el primer acto simbólico en el mismo lugar de la quema, ahí en Sarandí. Lamento estar tan lejos, pero simbólicamente voy a hacer con mi hija una casita de libros en el jardín de nuestra casa. Y le voy a explicar cómo es que el fuego destruye todo, libros incluidos, pero nunca puede destruir los sentimientos, el saber y la memoria.
 
Fuente: Pagina/12

EL PAPA INVESTIGA AL SOSPECHADO BANCO DEL VATICANO

Francisco designo una comisión para que indague sobre las actividades económicas de la mayor entidad financiera de la Santa Sede. Escándalos como la quiebra del banco Ambrosiano de 1982, que involucró a la mafia, la masonería y los servicios secretos estadounidenses, mancharon la credibilidad del banco del Papa, conocido como el Instituto para las Obras de Religión.
 
 
 

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El papa Francisco puso en la mira al controvertido banco del Vaticano al designar una comisión especial de investigación para indagar sobre las actividades económicas y la situación jurídica de la mayor entidad financiera de la Santa Sede, involucrada durante décadas en escándalos por sospechas de blanqueo. Formada por cinco expertos, la comisión deberá informar directamente al pontífice sobre las actividades del banco del Vaticano, conocido como el Instituto para las Obras de Religión (IOR), para conocer mejor su situación jurídica, a fin de “permitir una armonización de la entidad con la misión de la Iglesia universal y la sede apostólica”, según informó la nota del Vaticano.
“Se trata del segundo paso importante del Papa después de la designación de ocho cardenales para la reforma de la curia romana”, comentó Marco Politi, quien considera que Francisco “decidió encarar seriamente el problema IOR”. Para la creación de la comisión pontificia, el papa argentino firmó un “quirógrafo”, un documento escrito por él mismo con fecha 24 de junio.
“Después de haber escuchado la opinión de varios cardenales y de otros hermanos en el episcopado, así como de otros colaboradores, y a la luz de la necesidad de introducir reformas en las instituciones que prestan ayuda a la sede apostólica, hemos decidido establecer una Comisión Referente sobre el Instituto para las Obras de Religión que recoja información precisa sobre la situación jurídica y las diversas actividades del Instituto a fin de permitir, en caso necesario, una mayor armonización del mismo con la misión universal de la sede apostólica”, reza el texto escrito por Francisco.
El quirógrafo papal subraya además que “el secreto de oficio y las otras eventuales restricciones establecidas por el sistema jurídico no inhiben o limitan el acceso de la comisión a los documentos, datos e informaciones”, es decir que podrá actuar libremente. Además de su informe, la comisión deberá entregar “todo su archivo, en el momento oportuno, al final de sus trabajos”, pide Jorge Bergoglio en el documento.
Los miembros de la comisión son el cardenal italiano Raffaele Farina, ex responsable de los archivos secretos del Vaticano; el cardenal francés JeanLouis Tauran; el español Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, experto en la legislación del Vaticano (coordinador); el estadounidense Peter Bryan Wells, miembro de la Secretaría de Estado, y la profesora laica estadounidense Mary Ann Glendon, especialista en derecho de Harvard y ex embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede.
El llamado banco del Papa, fundado en 1942 por Pío XII, con activos por 7100 millones de euros, maneja miles de cuentas de curas y monjas en todo el mundo, desde simples hermanas filipinas que vienen a estudiar a Roma, pasando por obispos y cardenales, hasta poderosas congregaciones religiosas repartidas en todos los rincones del planeta.
Escándalos como la quiebra del banco Ambrosiano de 1982, que involucró a la mafia, la masonería y los servicios secretos estadounidenses, mancharon la credibilidad del banco del Papa, acusado de lavar el dinero sucio de organizaciones criminales a través de cuentas anónimas.
“No creo que la transformen en un banco ético (N. de la R.: sin ánimo de lucro), sino en una entidad que sirve sólo para los intereses de la Santa Sede, como por ejemplo enviar dinero a una iglesia que se encuentra en un país bajo una dictadura”, explicó Politi.
Más allá de las buenas intenciones del Papa, la comisión tiene un duro trabajo por delante. El pasado verano, Moneyval, el órgano de control del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, publicó un informe demoledor sobre las actuaciones y costumbres financieras del Vaticano.
El precedente pontificado de Benedicto XVI quiso limpiar ese pasado turbio, de mala gestión, y normalizar su gestión, sin lograrlo. Unas seis investigaciones judiciales fueron abiertas en los últimos años por la Justicia italiana contra el banco del Vaticano por irregularidades y transacciones sospechosas, según el informe anual de la Autoridad de Informacion Financiera divulgado en mayo.
Desde que llegó el nuevo presidente del IOR, el alemán Ernst von Freyberg, nombrado días antes de la elección de Francisco, un equipo de expertos de la agencia financiera Promontory verifica la situación de cada una de las 19.000 cuentas de IOR.
En su primera intervención sobre IOR, el pasado 16 de junio, Francisco designó al italiano monseñor Battista Mario Salvatore Ricca, uno de sus hombres de confianza, como nuevo “prelado” de esa institución. Se espera que el primer papa jesuita, que desde su elección en marzo defiende una Iglesia pobre para los pobres, reforme drásticamente la opaca entidad financiera de la Santa Sede.
Acerca de la duración de la comisión y cuándo se presentarán los resultados, el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, precisó que se desconoce la duración, pero que se puede prever que presenten un primer informe en octubre, cuando el Papa se reunirá con la comisión de los ocho cardenales que lo asesoran sobre la reforma de la curia romana.
 
Fuente: Pagina/12

UN NUEVO VIVA LA PEPA

Inédito crecimiento de la oferta de Drogas Psicoactivas. El informe mundial 2013 de Naciones Unidas manifiesta su preocupación por el aumento en la cantidad de sustancias de diseño. El consumo de drogas tradicionales se estabilizó.
 

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Mientras el consumo global de drogas tradicionales se estabilizó, existe una “proliferación inédita de nuevas sustancias sintéticas que se venden como drogas legales”, advierte el Informe Mundial 2013 sobre las Drogas, publicado ayer por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd). El organismo manifestó su preocupación por el aumento en casi un 50 por ciento en la cantidad de esas “nuevas sustancias psicoactivas” (NSP) o de diseño, en dos años y medio.
“Actualmente son las nuevas sustancias psicoactivas las que plantean desafíos”, sostiene la Onudd en su informe anual presentado en Viena en el marco del Día Internacional de la lucha contra las Drogas. “Vendidas como ‘euforizantes legales’ y ‘drogas de síntesis’, las NSP proliferan a un ritmo sin precedentes y plantean desafíos inéditos de salud pública”, afirma la organización.
Entre finales de 2009 y mediados de 2012, el número de sustancias psicoactivas en circulación pasó de 166 a 251, superando por primera vez la cifra de sustancias bajo control internacional (234), estima el informe de la Onudd. En Europa, el 75 por ciento de su consumo se concentra en cinco grandes países: el Reino Unido, seguido de Polonia, Francia, Alemania y España.
Potencialmente mucho más peligrosas que las drogas tradicionales, las NSP pueden inducir al error a jóvenes consumidores, “haciéndoles creer que se entregan a un placer sin riesgos”, añade el informe de la ONU. Sus efectos nefastos y su potencial de adicción, agrega, siguen siendo por el momento poco conocidos, mientras que los criminales se aprovecharon de las debilidades de la aplicación de la ley para cerrar de esa manera un mercado muy lucrativo.
El consumo de las NSP está en suba en la Unión Europea (5 por ciento de los jóvenes de 18 a 24 años ya las consumieron), mientras que en los últimos años el consumo de marihuana bajaba y el de las otras drogas seguía estable. En Estados Unidos, las NSP son las drogas más consumidas entre los estudiantes. También están presentes en Asia y Africa.
Más de 60 por ciento de los países mencionados en el informe de 2013 de la Onudd indicaron que “el uso desviado de sedativos y tranquilizantes” forma parte de los tres tipos de sustancias más consumidas.
A nivel mundial, la cannabis sigue siendo la droga ilegal más utilizada, con 180 millones de consumidores, lo que equivale al 3,9 por ciento de la población.
La cocaína, en tanto, es consumida por entre 13,9 y 20,7 millones de personas. En todo el planeta la ONU calcula que en 2011 se produjeron entre 776 y 1051 toneladas de esta sustancia, una cifra que permanece estable frente a años anteriores. La demanda ha declinado de forma significativa en Estados Unidos y se ha estabilizado en Europa, pero ha aumentado en América del Sur y puede crecer en Asia y Africa, donde se concentra la mayoría de la población mundial.
En cuanto al narcotráfico, “Africa parece ganar importancia como itinerario del tráfico marítimo”. Según la Onudd, un recorrido cada vez más utilizado para alimentar los mercados de consumo parte del sur de Afganistán para llegar hasta los puertos de Irán o Pakistán, de ahí alcanzar Africa del Este o del Oeste y finalmente satisfacer la demanda de los mercados europeos y americanos.
El documento revela además que:
- Un máximo de 315 millones de personas, el 6,9 por ciento de la población mundial de 15 a 64 años, consumieron alguna droga por lo menos una vez en 2011, un incremento del 9 por ciento respecto del año anterior.
- Los “consumidores problemáticos de drogas” se cifran en hasta 39 millones de personas, el 0,9 por ciento de la población adulta mundial.
- Cada año, hasta 247.000 personas mueren en el mundo por los efectos de las drogas sobre la salud, una cifra estable respecto de años anteriores.
- Las drogas derivadas del opio son consumidas por entre 36 y 56 millones de personas. El mayor productor mundial es Afganistán con 154.000 hectáreas en 2012, cuando el año anterior la superficie cultivada fue de 131.000 hectáreas. Sin embargo, la producción mundial de opio se redujo casi un 30 por ciento.
- Los estimulantes de tipo anfetamínico son consumidos por entre 14 y 53 millones de personas. México superó en 2011 a Estados Unidos como el país donde más sustancias de esta clase se incautó en el mundo, con 31 toneladas.
 
Fuente: Pagina/12

MEMORIA COMPLETA PARA LOS ABOGADOS

Proyecto y libro de AABA y la Defensoría General sobre profesionales detenidos-desaparecidos. Una investigación recupera por primera vez las vidas e historias de letrados que defendieron a presos políticos, trabajadores, militantes y estudiantes y lo pagaron con sus vidas.
 

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Las historias personales de los abogados y abogadas detenidos-desaparecidos de la zona metropolitana estarán por primera vez en un libro. Defensores del pueblo es la iniciativa impulsada por la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (AABA) y la Defensoría General porteña para “recuperar la memoria de quienes fueron ellos, más allá de la tragedia de su desaparición”, como explicó el presidente de la asociación, Carlos Cruz.
El informe fue presentado el miércoles pasado a las 19 en la sede de la asociación de abogados porteña. En sus páginas se retoma el dato de que muchos de los miles de desaparecidos y muertos de la última dictadura fueron abogadas y abogados que defendieron a “presos políticos, trabajadores, militantes o estudiantes”, como plantean en las “palabras preliminares” que introducen las coordinadoras de la investigación Lucía Wang y Julieta Mira. Lo novedoso del trabajo, que será editado en forma de libro dentro de un mes, es que reúne las historias de todos aquellos que trabajaron en la ciudad y la provincia de Buenos Aires.
“Hay un antecedente en una recopilación que a principios de los años 80 dirigió Boris Pasik, uno de los fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales. Pero, por la vinculación que la asociación tuvo siempre con los derechos humanos, por su preocupación permanente con ese área, nos parecía importante rescatar a quienes habían perdido la vida en ese camino, defendiendo a trabajadores y militantes, a las causas populares: contar las historias detrás de las fotos y los nombres en listas. Y juntarlas en un mismo documento”, detalló Cruz.
Cuenta el titular de la AABA que le comentó la idea al defensor general de la Ciudad Mario Kestelboim y que juntos se la propusieron a las sociólogas Wang y Mira para que armaran un proyecto metodológico de investigación. “Creo que lo interesante fue que para describir a estas personas más allá de hechos y fechas tradicionales, y pintarlos en su intimidad, elegimos realizarlo en compañía de sus familiares y amigos. Su participación fue lo que le dio una impronta particular”, explicó Wang.
Wang y Mira dirigieron a un equipo de sociólogos más amplio en el camino de la memoria, cuyo comienzo fue la revisión de datos biográficos para desde allí hacer contacto con hijos, padres, hermanos y amigos de esas víctimas del terrorismo de Estado. Las redes sociales resultaron “la mejor herramienta”. Armaron un grupo de Facebook en el que comenzaron a interactuar con quienes integraron el círculo íntimo de los protagonistas del libro hasta, en muchos casos, construir un vínculo de confianza. Compartieron los datos con familias y amigos, que en algunos casos fueron quienes escribieron las semblanzas y en otros revisaron los escritos de los profesionales.
El informe recupera “en su rol de hijos, estudiantes, hermanos, padres y esposos, con gustos y pasatiempos, además de espacios de militancia, a partir de pequeños detalles que definen su personalidad” a 98 abogados y abogadas que “se preocuparon por defender a esa parte de la sociedad más oprimida: a los trabajadores, a los privados de derechos, a los desprotegidos”, apuntó la socióloga. Pero no sólo fueron abogados, sino que en su mayoría militaron en “partidos políticos, gremios, organizaciones políticas y armadas de la época”, recuerda la introducción. Varios integraron la AABA, que por la década del 70 y principios de los ’80 compartió protagonismo militante letrado con la Gremial de Abogados, aquella entidad que albergó a Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Amaya, asesinado por la Triple A.
Entre los nombres, fotografías e historias, Cruz destacó a “la gran cantidad de abogados laboralistas que integran la lista de desaparecidos”. Para ellos, no obstante, “hay una vuelta de tuerca que les está devolviendo justicia, porque ahora se está empezando a echar luz sobre la participación civil en la dictadura. No es casual que los abogados que defendían a los trabajadores frente a los abusos de las empresas acabaran desaparecidos. ¿Quién otorgaba los datos? En esas desapariciones hay una responsabilidad empresarial”. Y concluyó: “Con su desaparición barrieron a una generación que sin duda, hoy, estaría trabajando por una justicia más democrática”.
 
Fuente: Pagina/12

NACIDA PARA REPRIMIR

La policía que respalda al candidato del orden. La Policía Metropolitana fue creada para lograr más proximidad con los vecinos. Por ahora, sólo mostró su costado violento. Por qué Macri la necesita y quiénes la componen.
 
Por Andrea Recúpero.
 
 
La violencia con la que actúa la Policía Metropolitana tiene raíces profundas y una clara orientación política. Basta indagar en su composición para encontrar las razones de su accionar represivo, ya que el 83 por ciento de sus altos mandos –superintendentes, comisionados generales y mayores– provienen de la Policía Federal y un 5 por ciento fue parte de las Fuerzas Armadas. Unos y otros se formaron durante los años ’70 y están habituados a reprimir la protesta social. Aunque, en teoría, fue creada para prevenir el delito y estar cerca de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, la Policía Metropolitana actúa como una fuerza de choque diseñada para apuntalar la eventual candidatura presidencial del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y para presentarlo como el garante del orden que reclama una franja de la sociedad preocupada por la inseguridad. Aunque en el camino haya que disparar contra los sectores más vulnerables de la sociedad, los sin techo en el Parque Indoamericano, los vendedores ambulantes de Parque Centenario, los trabajadores del Teatro San Martín o los pacientes de un hospital neuropsiquiátrico. “El objetivo es ganar elecciones”, admitió en varias ocasiones Jaime Durán Barba, asesor estrella del alcalde. Pero, en el camino ¿vale todo?
Aun cuando pesan sobre él denuncias de abuso de autoridad, desobediencia, lesiones y privación ilegal de la libertad por el accionar represivo de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, Macri defendió, sin avergonzarse, el accionar represivo de su fuerza de choque. Es más, en todas sus apariciones mediáticas redobló la apuesta al pedir “no ceder ante los violentos” que, según su singular punto de vista, “durante una hora y media agredieron a la Policía Metropolitana”. Tras la represión que causó alrededor de cincuenta heridos, entre ellos pacientes, médicos, legisladores y periodistas que cubrían los hechos, el jefe de gobierno no sólo confirmó en su puesto al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, sino que defendió el negocio inmobiliario que impulsa el Pro en la zona, donde se alzará un nuevo Centro Cívico para trasladar las dependencias del gobierno local. “Esto se hace a favor de los que trabajan ahí y de los vecinos. No se entiende este nivel de agresión, no hay razón alguna”, insistió horas después de que su policía gaseara y abriera fuego contra los manifestantes.

Las denuncias también abarcan a Montenegro, quien salió indemne de la interpelación de los legisladores opositores; al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, quien aparentemente dio la orden de derribar el taller protegido 19, que defendían los manifestantes, e incluyen al jefe y subjefe de la Metropolitana, Horacio Giménez y Ricardo Pedace. Ambos uniformados hicieron toda su carrera, hasta fines de 2010, en la Policía Federal y, al retirarse (como superintendente de la Dirección de Seguridad Interior y en la Secretaría General de esa fuerza, respectivamente), pasaron a integrar las filas de la Policía Metropolitana. Giménez fue nombrado superintendente de la policía porteña en junio de 2011 y Pedace fue designado en abril de 2011 como responsable de la Superintendencia de Seguridad y Policía Comunitaria. Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pedace accedió a los retiros voluntarios propuestos por la ministra Nilda Garré, tras ser acusado de intentar boicotear los foros de seguridad comunitaria organizados por esa cartera. Según las fuentes, Pedace coordinaba algunos grupos vecinales, antes de que entraran en vigencia los nuevos foros participativos, e intentó apoyarse en esas organizaciones para movilizarlas contra la nueva iniciativa. Además, cuando estuvo a cargo de la comisaría 37 fue identificado por la jueza a cargo del caso Grassi como responsable de la “deliberada desobediencia de la Policía Federal” para desalojar el hogar Fundación Felices los Niños. En septiembre de 2003 fue relevado de su cargo de jefe de la custodia presidencial por el ex presidente Néstor Kirchner, quien –según su diagnóstico– era difícil de proteger porque no respetaba el protocolo. Como responsable del área de comunicación de la Policía Federal dijo, para desacreditarla, que Nancy Miño, una integrante de la División de Trata que denunció complicidad policial en esos casos, era “una mujer con licencia médica de características psiquiátricas”.

Pero Giménez y Pedace son sólo la punta del iceberg de una fuerza integrada en un 83 por ciento por ex miembros de la Policía Federal. Es más, el 73 por ciento de los altos mandos de la Metropolitana (38 de los 52 jefes) tuvo actuación en las fuerzas de seguridad durante la dictadura militar. El dato fue relevado en 2010 por los once miembros de la Comisión de Evaluación de la Incorporación de Personal proveniente de otras fuerzas de Seguridad a la Policía Metropolitana y consta en el informe final redactado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Se trata de datos insoslayables para comprender el perfil de la policía creada por Mauricio Macri, que en 2009 encabezó Jorge “Fino” Palacios, procesado junto al jefe de gobierno en la causa que investiga la red de espionaje ilegal montada en la ciudad. Tras revisar los legajos de los jefes de la Metropolitana, la Defensoría advirtió sobre la “necesidad de reforzar el control civil y político sobre cada una de las Superintendencias que conforman la Policía Metropolitana” y agregó que “en este sentido es de vital importancia trabajar sobre la desmilitarización de manera tal que su formación y accionar se adecuen a los principios establecidos por la Ley 2.894”, en alusión a la Ley de Seguridad Pública del distrito. Esa advertencia hay que cruzarla con las consecuencias de los cuatro conflictos de magnitud en los que participó, desde su creación, la Metropolitana: en el Parque Indoamericano, en Parque Centenario, en la Sala Alberdi y en el Hospital Borda. Todos tienen el mismo sello, la violencia contra los manifestantes y la represión con balas y gases.

La represión en el Parque Indoamericano, que causó dos muertos y cinco heridos y por la que está imputado el jefe de operativo Raúl Ricardo Ferrón y otros 33 efectivos, fue el debut de fuego de la policía macrista. De hecho, el caso del comisionado mayor Ferrón es un claro ejemplo del perfil que comparten los hombres que integran la Metropolitana. Especialista en inteligencia, ingresó a la Policía Federal en 1976. Según una denuncia del diputado Marcelo Parrilli, Ferrón participó de la detención de varios miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante la dictadura como integrante de un grupo de agentes de la Superintendencia de Seguridad Federal. Según consta en el Capítulo III del Nunca Más, ese operativo tuvo lugar el 27 de febrero de 1981. Apenas se creó la Metropolitana, Ferrón fue noticia porque siendo encargado del destacamento policial establecido en Puerto Pibes, un lugar de recreación destinado a niños y adolescentes, fue denunciado por portar armas de fuego ante un consejero del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En su informe, la Defensoría denunció además que el Ministerio de Seguridad porteño no respondió todas las preguntas sobre los antecedentes de los altos mandos de la Metropolitana y lo exhortó a “agotar todas las instancias para conseguir la información completa que obra en la PFA de cada uno de los ingresantes, los que tienen el derecho a obtener copia de su propia foja de servicios”. Aunque se trata de información vital, aún hoy continúa guardada bajo siete llaves, ya que en los legajos a los que tuvo acceso la Defensoría faltan, por ejemplo, los antecedentes laborales de la cúpula desde la baja de la Federal hasta el ingreso a la Metropolitana, no figuran las sanciones disciplinarias para saber si las bajas fueron voluntarias o retiros obligatorios y tampoco se detalla si el personal contratado realiza o realizaba tareas de seguridad privada, en franca incompatibilidad con la función pública, excepto las vinculadas con tareas docentes. Tampoco figuran en los legajos las declaraciones juradas de los altos mandos y los destinos de los agentes designados dentro de la Policía Metropolitana. Durante la revisión, algunos legajos fueron observados y se pidió una ampliación de la información de antecedentes. Pero en varios casos observados no sólo no se recibió una respuesta formal a esas inquietudes sino que, además, los uniformados cuyos legajos debían ser revisados fueron dados de baja, sin que la comisión ni la Defensoría lograran acceder a esos datos.

Pero, además de ser heredera de la Policía Federal, la Metropolitana también tiene una pata militar. De manera irregular, Macri ingresó 186 militares a la fuerza, ya que la Ley de Seguridad Pública porteña prohíbe que miembros de las Fuerzas Armadas puedan ser miembros de la Policía Metropolitana porque esos antecedentes le darían una impronta alejada de la idea original de una policía pensada como de proximidad con los vecinos y de prevención del delito. Sin embargo, a través del decreto 210/09, el jefe de gobierno habilitó al Gobierno de la Ciudad a incorporar personal de las Fuerzas Armadas en “la primera estructura de mandos medios” sin tener en cuenta la incompatibilidad con su estado militar vigente. La Defensoría del Pueblo denunció este decreto, al que calificó de “exceso reglamentario” en franca violación de la normativa vigente en el distrito. A raíz de estas irregularidades, el jefe del bloque de Proyecto Sur, Julio Raffo, pidió informes al Ejecutivo porteño sobre la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las filas de la Metropolitana. En febrero de este año llegó la respuesta que confirmó que 186 efectivos son o fueron militares y que 142 pertenecen a la Armada. Del total, unos 135 hombres que provienen de las FF.AA. están ubicados en los rangos operativos, es decir, tienen el rango de oficial u oficial mayor. Andrés Pérez Esquivel, asesor en la materia del diputado Raffo, explicó a esta revista que “no es un dato menor porque el decreto establecía que debían ocupar los mandos medios y porque la mayoría de estos hombres, formados para la guerra, ahora son oficiales con contacto directo con los vecinos en las calles”. De hecho, doce integrantes de la DOEM, la división de elite de la Metropolitana que reprimió en el Borda, provienen de las Fuerzas Armadas.

Para consolidar una candidatura de derecha es imprescindible tener una propuesta de seguridad con una impronta de mano dura. Macri la aplica al punto de haberse convertido en el primer alcalde porteño con policía propia. Había dado un primer paso en esa dirección cuando creó la UCEP, la Unidad de Control del Espacio Público, y lo consolidó con la Metropolitana. Una policía cuyos miembros, según el último informe de la Defensoría sobre violencia policial, emplean “la fuerza letal” tanto en horario de trabajo como fuera de servicio. Una policía que actúa al margen del Protocolo de Actuación en Manifestaciones y protestas sociales que diseñó el Ministerio de Seguridad de la Nación y que suscribieron 19 distritos. Corrientes, Córdoba y Santa Fe aún lo tienen a la firma, mientras Neuquén y Capital Federal lo rechazaron. El protocolo establece reglas para la intervención policial que incluyen la designación de un responsable político a cargo del operativo hasta la prohibición de armas de fuego y pistolas lanzagases en manifestaciones. También estipula que las postas de goma sólo deben ser utilizadas para fines defensivos y no para dispersar a los manifestantes. La policía de Macri se aleja cada día más del paradigma de proximidad para el que fue creada y consolida su perfil violento, alejado de la sensación de seguridad que reclaman los porteños. 
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¿Balas de plomo sí o no?

¿La Policía Metropolitana utiliza balas de plomo? La respuesta a esta pregunta parece ser el tesoro mejor guardado por el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro. En varias oportunidades el funcionario porteño aseguró que los policías no ingresan a los operativos con balas de plomo. Lo negó cuando ocurrió la represión en el desalojo del Parque Indoamericano y lo volvió a negar en referencia a la represión en el Borda. Inclusive, cuando se produjo el desalojo de la Sala Alberdi confirmó que hubo “dos heridos de bala de plomo”, pero aclaró que la Metropolitana no utiliza estos proyectiles para llevar adelante este tipo de operativos.

Sin embargo, legisladores como Francisco “Tito” Nenna aseguraron que “la represión en el Borda fue brutal, había policías de la Metropolitana con balas de plomo. Tenemos las fotos y las vamos a llevar a la Justicia”. Y en diálogo con esta revista Nenna agregó: “Existe un protocolo nacional de 2003 de no reprimir las protestas sociales y el macrismo debe respetar esto. Al crearse la Metropolitana se estableció que fuera una fuerza de proximidad con los vecinos, y los hechos demuestran que el cuerpo aplica un plan criminal para garantizar negocios en la ciudad”.

Veintitrés tuvo acceso al expediente 664360-2012, publicado en el portal de compras del Gobierno de la Ciudad. El documento muestra que en abril de 2012 se realizó una solicitud de compra de cartuchos calibre 12/70 con posta de plomo para ser ejecutados por la Metropolitana. El pedido fue de 5 mil unidades, a un costo de 36.500 pesos. Si bien no se sabe a ciencia cierta si la compra se concretó, lo que queda en evidencia es la intención del Pro en brindarles plomo a sus uniformados.
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Lo que destruyeron

Por Deborah Maniowicz

No quedó nada. Los documentos quedaron bajo los escombros y no hay rastro de los trabajos de carpintería hechos durante años por los internos del hospital neuropsiquiátrico. Por orden del Gobierno de la Ciudad, el último viernes 26 de abril a las 6 de la mañana las topadoras arrasaron por completo el Taller Protegido 19 (anexo al Borda), donde ATE promueve tareas de rehabilitación para los pacientes.
La demolición no debió realizarse, por estar vigente un amparo judicial, pero el apuro del Ejecutivo porteño por comenzar a edificar el Centro Cívico pudo más, y en plena madrugada un grupo de operarios, custodiados por 200 uniformados de la Policía Metropolitana, ingresaron al predio y derrumbaron el taller. Médicos, pacientes, periodistas y militantes que defendían el territorio fueron brutalmente reprimidos y más de 50 personas resultaron heridas. 

La obsesión del Pro por edificar los espacios aledaños al edificio principal del centro de salud es histórica. Apenas Mauricio Macri asumió la Jefatura de Gobierno, en diciembre de 2007, y presentó a su gabinete, se conoció el interés del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, por urbanizar la zona. Cuatro años más tarde, en septiembre de 2011, ambos anunciaron la construcción de un Centro Cívico en el barrio de Barracas, con el objetivo de “promover el desarrollo de la zona sur”. La idea era trasladar a ese predio la Jefatura de Gobierno y cinco ministerios. Si bien garantizaron la continuidad del hospital, por aquel entonces no se hizo referencia a los talleres protegidos.

En agosto de 2012, por orden del Ejecutivo porteño, parte de la maquinaria del Taller Protegido 19 fue trasladada a Brandsen 2500, pero el espacio nunca fue habilitado y los pacientes quedaron desprotegidos.

Dos recursos judiciales paralizaron el comienzo de las obras. Por un lado, el titular de la comisión interna de la Asociación de Trabajadores del Estado dentro del Borda, Marcelo Frondizi, denunció que la obra avanzaba sobre un territorio declarado “Monumento Histórico Nacional” y la jueza Patricia López Vergara ordenó a Macri que “se abstenga de ejecutar cualquier obra que pueda afectar el funcionamiento de los inmuebles y jardines aledaños”. En simultáneo, los legisladores María Elena Naddeo y Aníbal Ibarra, del Frente Progresista y Popular, sumaron otro obstáculo legal: con el patrocinio de la defensora oficial Mariana Pucciarello, presentaron un recurso, que tuvo resolución favorable, por el daño que el Centro Cívico les ocasionaría a los pacientes que utilizan el taller para su rehabilitación.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ratificó estos fallos el 28 de diciembre de 2012, impidió la destrucción del predio y frenó el proceso licitatorio. Al estar vigente este amparo la demolición del Taller Protegido 19 no estaba autorizada.

Por violar el proceso judicial y avanzar sobre un espacio protegido, la Sala II del fuero Contencioso Administrativo decidió “imponer una multa de 20 mil pesos” a Macri, Chaín y al procurador general de la ciudad, Julio Conte Grand. Además, el asesor tutelar de la Cámara, Gustavo Moreno, demandó penalmente a Macri por “grave incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia a un fallo judicial”.

El avance de las topadoras y la represión desmedida no sólo recayeron en la Justicia. Alrededor de 20 mil personas dijeron presente el miércoles 30 de abril en la sede de la Jefatura de Gobierno porteña para repudiar el accionar de la Metropolitana en el Hospital Borda y pedir la renuncia del ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

Mientras tanto los pacientes del neuropsiquiátrico se refugian en los espacios terapéuticos. Es un hecho: del Taller Protegido 19 ya no quedan rastros.
 
Fuente: Revista Veintitrés.

EL PAPA ACTIVA LA BEATIFICACION DE UN OBISPO DE EL SALVADOR

Por Julio Algañaraz

Es monseñor Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por la dictadura. El presidente de ese país se reunió con Francisco y le agradeció que desbloqueara el proceso, frenado en 1997.

 
En una audiencia en el Vaticano, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, agradeció ayer al Papa argentino su decisión de hace un mes de desbloquear la causa de beatificación del arzobispo mártir de San Salvador, monseñor Oscar Arnulfo Romero. “San Romero de América”, como lo llaman muchos, fue asesinado por los militares por instigación del mayor Roberto D’Aubisson, ideólogo del partido de extrema derecha Arena.
El 24 de marzo de 1980, un sicario que durante muchos años se mantuvo desconocido, pero que era el sargento de la ex Guardia Nacional Marino Samayor Acosta, un tirador especial que recibió 114 dólares de premio por la faena, disparó un certero balazo contra el pecho de monseñor Romero mientras daba misa en la capilla de un hospital de San Salvador.
La Iglesia salvadoreña pidió su beatificación en 1990 y el proceso llegó a Roma en 1997, donde durante años fue paralizado, hasta que el 22 de abril el nuevo papa Francisco ordenó desbloquear el escandaloso cajoneo del derecho a los altares de un mártir de la Iglesia, muerto “en odio de la fe”. Las razones eran ideológicas: los sectores conservadores reprobaban su lucha contra la dictadura militar y los asesinatos en masa de la ultraderecha uniformada salvadoreña.
Funes, el primer mandatario de izquierda del país centroamericano, habló a solas en la biblioteca pontificia con Jorge Bergoglio durante 12 minutos. Y le regaló al Papa argentino un relicario dorado en forma de cruz, que contiene un trozo de la sotana que vestía monseñor Romero cuando fue asesinado. La reliquia tiene una mancha de sangre del arzobispo.
El presidente salvadoreño no hizo declaraciones a la salida, pero antes expresó que pediría al pontífice que “interponga sus buenos oficios” para la pronta beatificación de Romero.
La condición de beato representa el primer escalón hacia la santidad. El segundo es la canonización, que convierte al beato en santo y cuyo culto se extiende obligatoriamente a toda la Iglesia.
Un comunicado del Vaticano destacó que ambos líderes “analizaron la figura” del siervo de Dios y “la importancia de su testimonio para toda la nación salvadoreña”.
El embajador salvadoreño en Roma, Manuel López, dijo a la agencia AP que “el hecho de tener un Papa latinoamericano, que conoce nuestra idiosincracia, nuestra devoción con un gran porcentaje de católicos, ha representado un nuevo impulso a esta causa”.
 
Fuente: Clarín

UN DICTAMEN CONTRA LA DISCRIMINACION

Gils Carbo se pronuncio a favor de la mujer que quiere ser colectivera y nadie la toma. Mirtha Sisnero se capacitó en Salta para manejar colectivos, pero ninguna empresa la contrata. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación. La procuradora general sostuvo que no le dan empleo por ser mujer. Y pidió que se tomaran medidas contra la segregación por género.
 

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 Por Mariana Carbajal
 
Las empresas de transporte público en la ciudad de Salta discriminan a una mujer al impedirle, por el solo hecho de ser mujer, estar al volante de sus colectivos. Así lo dictaminó la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en una causa iniciada por Mirtha Sisnero, una mujer que desde 2008 busca que alguna de las siete empresas que tienen la concesión de la red de ómnibus de la capital provincial le permita trabajar en el oficio para el que se capacitó como cualquier chofer varón. Además, Gils Carbó instó a que se tomen medidas para contrarrestar la segregación por género y revertir los patrones socioculturales que la justifican. “Es un gran paso en esta lucha, que es muy larga”, resumió Sisnero, al conocer a través de este diario el dictamen a favor de su reclamo. La mujer completó todos los trámites reglamentarios exigidos, incluidos los cursos y exámenes necesarios para obtener la licencia para conducir transportes urbanos en la ciudad de Salta. Desde el 14 de marzo de 2008, cuenta además con el carnet que la habilita como chofer de transporte interurbano y de larga distancia. Pero aun así, nunca logró que la contrataran.
Con este dictamen de la procuradora, la Corte Suprema ya está en condiciones de pronunciarse sobre el caso. “Esperamos que la Corte se expida prontamente porque se trata de un hecho de discriminación laboral por género”, apuntó Natalia Buira, la defensora oficial civil de Salta y representante legal de Sisnero. Buira destacó que se trata de una causa relevante por sus implicancias en relación con la lucha por la equidad de género en el ámbito laboral en el país. En Salta no hay ninguna mujer colectivera. Pero además, el sector del transporte es, después de la construcción, el que cuenta con menor presencia femenina en la Argentina, según detalla el último informe sobre brechas de género en el trabajo del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la CTA (que publicó Página/12 el 3 de marzo). A la vez, es uno de los oficios con salarios más altos. El 86 por ciento de quienes se desempeñan en esa actividad son varones. Y es muy probable que la mayoría del 14 por ciento de mujeres empleadas realice tareas administrativas y no esté al frente de un volante.
El caso de Sisnero llegó al máximo tribunal, luego de que la corte salteña considerara que no se había probado la discriminación por género que denuncia la mujer.
En su dictamen, Gils Carbó destacó que “la discriminación no sólo se produce cuando existen normas o políticas que excluyen a un determinado grupo, sino también por comportamientos que puedan tener efectos discriminatorios”. Y dio como ejemplo la declaración del titular de una de las empresas de transporte público, Ale Hnos. S.R.L., que surge de una nota de prensa: “Esto es Salta turística y las mujeres deberían demostrar sus artes culinarias, sostuvo el empresario, entre risas (...). Esas manos son para acariciar, no para estar llenas de callos”.
Para la procuradora, “es ineludible que las empresas demandadas adopten medidas adecuadas para equilibrar la desigualdad entre hombres y mujeres en la planta de choferes”. Entre tales medidas sugirió la realización de campañas y convocatorias dirigidas a las mujeres, el establecimiento de metas progresivas de incorporación de mujeres, el cupo femenino y la difusión de la sentencia. Además, añadió, “es necesario que desarrollen mecanismos de articulación con la Autoridad Metropolitana de Transporte –que depende de la provincia–, a los fines de implementar programas que faciliten la incorporación de la mujer, y para que sean identificados los requisitos de cada empresa para la incorporación de choferes, los mecanismos de convocatoria, los criterios de selección y las vacantes disponibles”.
En ese sentido, Gils Carbó precisó que “en estas actuaciones está en juego la determinación del alcance del derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación de las mujeres en el ámbito de la selección de personal para ocupar puestos de trabajo”.
Sisnero contó a Página/12 que ella nunca tomó el caso como un reclamo de género: “Lo que siempre quise fue un trabajo. Pero con la causa judicial aprendí muchas cosas sobre la discriminación hacia las mujeres”, explicó. Tiene 41 años, está divorciada y es madre de dos hijos de 19 y 16 años. Vive en la ciudad de Salta y se gana la vida con un maxikiosco. En 2007 pensó que convertirse en chofer de colectivos de líneas urbanas podía ser una buena alternativa laboral, por el sueldo que se paga. “El año pasado, el básico rondaba los doce mil pesos por una jornada de ocho horas de trabajo. En aquel momento, pensé que era un empleo que me permitía cuidar a mis hijos y ganar bien. Para equiparar ese salario las mujeres tenemos que tener varios trabajos. Acá en Salta, como en otras partes del país, las mujeres ganan menos que los varones teniendo la misma capacidad”, señaló. “Pensé que iba a ser fácil. Vi que era algo que podía hacer. Era un oficio. Me capacité. Aprendí a manejar colectivos. Saqué mi licencia profesional. Llené formularios. Presenté mi curriculum en las siete empresas que tienen la concesión de las líneas y nunca me llamaron”, recordó.
La procuradora señaló que la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del Estado, pero también sobre los particulares. “Y se extiende tanto respecto de aquellos casos en que la situación discriminatoria es el resultado de las acciones y omisiones de los poderes públicos, como cuando es el resultado del comportamiento de los particulares”, agregó. De todas formas, en este caso la defensora de Sisnero puntualizó que “hay una responsabilidad del gobierno provincial de Salta, que es el que controla y concesiona el servicio de transporte público, que nunca tomó medidas para modificar la situación de discriminación”.
El reclamo de Sisnero tiene el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Clínica de Interés Jurídico de la Universidad Nacional de Córdoba y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), entidades que se presentaron ante la Corte Suprema como amicus curiae.
 
Fuente: Pagina/12

UN CLUB DE BARRIO EN PELIGRO

El Gobierno porteño quiere desalojar al Homero Manzi, en Parque Chacabuco. El club funciona desde hace 28 años bajo la autopista. Tiene guardería, jardín de infantes, canchas de fútbol y pileta de natación, utilizados por chicos y adultos del barrio. Ayer, vecinos y socios cortaron la calle en rechazo al desalojo.
 
 
 

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De la escuela al club y del club a la casa. Dos veces por semana, Sonia hace ese recorrido junto a su nieto. Lo retira a la salida del colegio y lo lleva hasta el Club Homero Manzi, en el barrio de Parque Chacabuco. Después, cuando el nieto termina con su actividad deportiva, vuelven juntos a la casa. Sobre el vértice mismo del trayecto que hace Sonia recayó una orden de desalojo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El club de barrio Homero Manzi, a donde asisten semanalmente alrededor de 300 chicos y 70 jubilados, recibió una cédula de notificación del gobierno porteño que ordena la restitución del predio, ubicado en la calle Beauchef 1050, justo debajo de la autopista 25 de Mayo. Ayer, un grupo de vecinos cortó la calzada donde se encuentra la institución para manifestarse en contra de la medida del gobierno macrista.
“Si nos sacan el club nos cortan al medio”, dijo Sonia durante el corte. “Yo me vengo con Thiago, que tiene 9, desde el colegio, con su mochila, y acá hacemos una especie de picnic. En el club está con los amigos de fútbol, juegan un montón, se divierten y después volvemos a casa. Nos complicaría muchísimo que nos saquen este lugar”, explicó Sonia. La semana pasada el club deportivo, social y cultural Homero Manzi recibió la cédula del gobierno porteño que ordenaba el desalojo del predio. El plazo otorgado fueron 30 días, que se cumplirían el próximo 15 de julio. “Además viene mi otra nieta, Lúa, de 3 meses, a la guardería. Para nosotros es un lugar importantísimo. Esto es un club de barrio, donde viene toda gente de acá cerca”, indicó Sonia.
El club cuenta con tres canchas de baby fútbol, una pileta de natación, un salón de usos múltiples, un bar, un centro de jubilados, un jardín de infantes y un salón de fiestas. Entre las múltiples actividades que los socios pueden realizar se incluyen baile infantil, patín artístico, gimnasia rítmica, fútbol y natación.
En 2009 finalizó el contrato de concesión del club y, tras no ser incluidos en un proyecto de ley que permitía la extensión del contrato por diez años más, el gobierno porteño ordenó la restitución del predio. “Estábamos en el proyecto de ley que salió a fines de 2012 y llamativamente nos borraron de la lista de clubes a los que les daban contrato por diez años. No sé qué es lo que quieren hacer con este predio”, sostuvo Patricia Anel, representante de la comisión directiva de la institución. Desde que recibieron la notificación de desalojo, los socios del club no tuvieron diálogo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Incluso enviaron una nota a las autoridades porteñas solicitando una vía de comunicación con todos los socios que conforman el club. “El desalojo es una medida completamente injusta. Este lugar cumple una función muy importante. Los chicos vienen acá a hacer amigos, a echar raíces, a divertirse y a hacer actividades, deporte. No hay nada más sano. A partir de ahora proponemos una resistencia pacífica y esperamos que nos escuchen. Nos tienen que escuchar porque los clubes de barrio no pueden desaparecer. Son fundamentales, ya que brindan contención social”, dijo Anel.
La historia del club se remonta a 1985, cuando un grupo de vecinos del barrio de Caballito y Parque Chacabuco consiguieron el predio que está debajo de la autopista. Al año siguiente, el Homero Manzi quedó oficialmente fundado.
 
Informe: Nicolás Andrada.
 
Fuente: Pagina/12