Es el Bora, el equipo de la policía de Río Negro que participó de la represión en Bariloche con un saldo de tres muertos Diego Bonnefoi, Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Reclaman que sea desmantelado.
Por R. Dios y M. Abrevaya Dios
El juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi volvió a procesar a Sergio Andrés Colombil, el policía acusado de matar a Diego Bonnefoi, con estas palabras: “Homicidio calificado por su calidad de empleado policial en abuso de sus funciones”. En la otra causa, donde se investiga las otras dos muertes, se probó la compra trucha de cartuchos que se usaron para reprimir. Sin embargo, el grupo de elite Bora de la policía de Río Negro sigue cometiendo abusos contra jóvenes pobres, en una práctica tan naturalizada como el aguanieve en Bariloche.
Los vecinos de los barrios postergados de esa ciudad turística ganaron la atención nacional el 17 de junio. La policía había asesinado a uno de los suyos, Diego Bonnefoi, y a las pocas horas una pueblada ganaba las calles. El Estado provincial respondió con una represión que dejó dos nuevos muertos: Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Hubo movilizaciones para exigir justicia. El juez Martín Lozada detuvo de inmediato al cabo acusado del asesinato de Bonnefoi y lo procesó por homicidio, pero a los pocos días la Cámara Segunda del Crimen lo apartó de la investigación por un supuesto “prejuzgamiento”, reemplazándolo por Gaimaro Pozzi, que el 10 de agosto, a un mes de hacerse cargo de la causa, volvió a dictar el procesamiento del policía, que sigue preso.
En los fundamentos de la resolución, el juez Pozzi desestimó la versión del cabo, que desde el primer día declaró que se le había escapado el disparo de su pistola reglamentaria 9 milímetros mientras corría detrás del adolescente. El efectivo rionegrino adujo que llevaba la pistola en la mano derecha, junto con su bastón de goma, ya que la cartuchera para cargar el arma estaba rota. Ni sus propios compañeros sostuvieron la coartada.
El informe de la autopsia acreditó que la muerte del adolescente se produjo por “un proyectil de arma de fuego que con fuerte energía atravesó el cráneo, de izquierda a derecha y ligeramente hacia arriba y hacia atrás”. Y que la causa de muerte del chico, inmediata, fue “el importante daño del tejido cerebral sumado a la hemorragia y el edema intracerebral”.
El juez resaltó que “no debe dejar de tenerse en cuenta que Colombil, cumpliendo funciones como cabo de la policía de Río Negro, llevó adelante una persecución de un joven de 15 años, quien se encontraba desarmado y corría delante suyo, sin haber ofrecido ningún tipo de resistencia”.
El policía “había cargado su arma reglamentaria, colocando una ‘bala en boca’, lo que indica claramente su intención de darle un uso inmediato y efectivo”. El magistrado descartó de cuajo la hipótesis del acusado: “En principio se descarta que se haya tratado de un accidente y que Colombil no haya tenido intención de efectuar el disparo”. Salvo para el abogado defensor del policía, los movimientos previos que tuvo que realizar su defendido antes de disparar, son reveladores: correr el seguro, meter el dedo en la cola del disparador y apretar el gatillo.
Los vecinos de los barrios postergados de esa ciudad turística ganaron la atención nacional el 17 de junio. La policía había asesinado a uno de los suyos, Diego Bonnefoi, y a las pocas horas una pueblada ganaba las calles. El Estado provincial respondió con una represión que dejó dos nuevos muertos: Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. Hubo movilizaciones para exigir justicia. El juez Martín Lozada detuvo de inmediato al cabo acusado del asesinato de Bonnefoi y lo procesó por homicidio, pero a los pocos días la Cámara Segunda del Crimen lo apartó de la investigación por un supuesto “prejuzgamiento”, reemplazándolo por Gaimaro Pozzi, que el 10 de agosto, a un mes de hacerse cargo de la causa, volvió a dictar el procesamiento del policía, que sigue preso.
En los fundamentos de la resolución, el juez Pozzi desestimó la versión del cabo, que desde el primer día declaró que se le había escapado el disparo de su pistola reglamentaria 9 milímetros mientras corría detrás del adolescente. El efectivo rionegrino adujo que llevaba la pistola en la mano derecha, junto con su bastón de goma, ya que la cartuchera para cargar el arma estaba rota. Ni sus propios compañeros sostuvieron la coartada.
El informe de la autopsia acreditó que la muerte del adolescente se produjo por “un proyectil de arma de fuego que con fuerte energía atravesó el cráneo, de izquierda a derecha y ligeramente hacia arriba y hacia atrás”. Y que la causa de muerte del chico, inmediata, fue “el importante daño del tejido cerebral sumado a la hemorragia y el edema intracerebral”.
El juez resaltó que “no debe dejar de tenerse en cuenta que Colombil, cumpliendo funciones como cabo de la policía de Río Negro, llevó adelante una persecución de un joven de 15 años, quien se encontraba desarmado y corría delante suyo, sin haber ofrecido ningún tipo de resistencia”.
El policía “había cargado su arma reglamentaria, colocando una ‘bala en boca’, lo que indica claramente su intención de darle un uso inmediato y efectivo”. El magistrado descartó de cuajo la hipótesis del acusado: “En principio se descarta que se haya tratado de un accidente y que Colombil no haya tenido intención de efectuar el disparo”. Salvo para el abogado defensor del policía, los movimientos previos que tuvo que realizar su defendido antes de disparar, son reveladores: correr el seguro, meter el dedo en la cola del disparador y apretar el gatillo.
Golpes a pibes. Mientras tanto, el acoso policial a los jóvenes de las barriadas parece no haber disminuido. El sábado 7 de agosto, cinco jóvenes habían bajado desde su barrio hasta el centro de San Carlos de Bariloche para participar de la Fiesta de la Nieve. A la vuelta, camino a casa, fueron interceptados por miembros del Grupo Bora, la tropa de élite de la policía de Río Negro, que volvió a demostrar su concepto de seguridad: detención arbitraria y golpes a los pibes del Alto. Tres de los jóvenes, uno menor de edad, tuvieron que ser atendidos en un hospital de la zona.
La madre de uno de ellos, Elizabeth Rivera, le contó a un medio local que su hijo se encontraba en la zona de la costanera cuando fue detenido por la policía. “Le pidieron documentos y como dijo que no los tenía le empezaron a pegar en los tobillos. El resto de los chicos se acercó para defenderlo y todos fueron agredidos”. A tres de los chicos los subieron a una camioneta de la fuerza y “les tiraron gas pimienta a los ojos para no ser identificados”. En el hospital zonal donde fueron atendidos se comprobó que tenían contusiones, cortes en la cara, irritación en los ojos y las huellas de los borceguíes en las manos y en la espalda.
Miradas al Sur habló con Rubén Marigo, abogado querellante de la familia Cárdenas (uno de los dos vecinos que cayeron durante la represión), y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh). Contó que desde la multisectorial de Bariloche vienen exigiendo el desmantelamiento del Bora hace rato. “Es una fuerza ideada para casos excepcionales y en la práctica participa de las represiones con balas de plomo y realiza detenciones sin causa en la vía pública.”
Respecto de la investigación sobre la represión, explicó que la causa se encuentra en pleno trámite, que se está avanzando y que se logró la unificación entre las dos querellas y el fiscal para trabajar en conjunto. Agregó que “en la semana se realizará una pericia con profesionales sólidos para determinar el origen de las balas”.
Marigo contó que está probado en la causa que el día de la represión la policía de la comisaría 28 le pidió cartuchos a la empresa Prosegur, y a la Gendarmería y Prefectura, antes de la muerte de Cárdenas. Se probó que en otras comisarías había cartuchos y se presume que se pidieron a esas entidades para dejar en negro su origen y complicar la investigación de los hechos. Marigo dejó en claro que “el objetivo principal es llevar la responsabilidad penal a los responsables políticos de la represión”.
El próximo martes se cumplen dos meses de los tres asesinatos y habrá una movilización y un acto. Se exigirá el desmantelamiento del grupo especial Bora y la renuncia de las máximas autoridades políticas de la provincia. Hasta el día de hoy, el único que pagó un costo fue el comisario Argentino Hermosa, jefe de la Regional en Bariloche. Víctor Cufré, secretario de Seguridad, sigue en funciones aunque su nombre no aparece en la página web oficial de la gobernación de la provincia de Río Negro.
El próximo 26 de agosto, junto al Cels –entre otros–, un grupo de diputados nacionales de todos los bloques partidarios pisarán Bariloche. Así lo acordaron en la reunión que se hiciera junto a los familiares de las víctimas, el día 7 de julio en el Congreso de la Nación, con los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad.
La madre de uno de ellos, Elizabeth Rivera, le contó a un medio local que su hijo se encontraba en la zona de la costanera cuando fue detenido por la policía. “Le pidieron documentos y como dijo que no los tenía le empezaron a pegar en los tobillos. El resto de los chicos se acercó para defenderlo y todos fueron agredidos”. A tres de los chicos los subieron a una camioneta de la fuerza y “les tiraron gas pimienta a los ojos para no ser identificados”. En el hospital zonal donde fueron atendidos se comprobó que tenían contusiones, cortes en la cara, irritación en los ojos y las huellas de los borceguíes en las manos y en la espalda.
Miradas al Sur habló con Rubén Marigo, abogado querellante de la familia Cárdenas (uno de los dos vecinos que cayeron durante la represión), y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh). Contó que desde la multisectorial de Bariloche vienen exigiendo el desmantelamiento del Bora hace rato. “Es una fuerza ideada para casos excepcionales y en la práctica participa de las represiones con balas de plomo y realiza detenciones sin causa en la vía pública.”
Respecto de la investigación sobre la represión, explicó que la causa se encuentra en pleno trámite, que se está avanzando y que se logró la unificación entre las dos querellas y el fiscal para trabajar en conjunto. Agregó que “en la semana se realizará una pericia con profesionales sólidos para determinar el origen de las balas”.
Marigo contó que está probado en la causa que el día de la represión la policía de la comisaría 28 le pidió cartuchos a la empresa Prosegur, y a la Gendarmería y Prefectura, antes de la muerte de Cárdenas. Se probó que en otras comisarías había cartuchos y se presume que se pidieron a esas entidades para dejar en negro su origen y complicar la investigación de los hechos. Marigo dejó en claro que “el objetivo principal es llevar la responsabilidad penal a los responsables políticos de la represión”.
El próximo martes se cumplen dos meses de los tres asesinatos y habrá una movilización y un acto. Se exigirá el desmantelamiento del grupo especial Bora y la renuncia de las máximas autoridades políticas de la provincia. Hasta el día de hoy, el único que pagó un costo fue el comisario Argentino Hermosa, jefe de la Regional en Bariloche. Víctor Cufré, secretario de Seguridad, sigue en funciones aunque su nombre no aparece en la página web oficial de la gobernación de la provincia de Río Negro.
El próximo 26 de agosto, junto al Cels –entre otros–, un grupo de diputados nacionales de todos los bloques partidarios pisarán Bariloche. Así lo acordaron en la reunión que se hiciera junto a los familiares de las víctimas, el día 7 de julio en el Congreso de la Nación, con los integrantes de las comisiones de Derechos Humanos y Seguridad.
Fuente: Miradas al Sur
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