La lista “negra” de las empresas del Riachuelo. Por primera vez se difunden las firmas declaradas como agentes contaminantes por la autoridad de la cuenca. A pesar de las intimaciones, la mayoría no presentó plan de reconversión. Negocios vs. drama ambiental.
Por Lucas Cremades.
En la Argentina de cada día, resiste y persiste una deuda que abarca todos los ámbitos. Sea en el orden político o empresarial, como en lo social, económico y ambiental, los seis millones de habitantes que habitan los 2.200 kilómetros cuadrados que cubre la superficie del Río Matanza-Riachuelo sufren minuto a minuto las nocivas consecuencias del río más contaminado de América Latina, uno de los treinta más contaminados del mundo –algunos afirman que está en el indigno Top Ten–.
El Riachuelo es, dada la magnitud de las condiciones de precariedad existentes en la cuenca, el ícono de la contaminación ambiental de la Argentina. Ubicado en una de las áreas más densamente pobladas del territorio nacional, su contaminación afecta al 13 por ciento de la población total del país. En sus zonas de influencia, unas 20 mil empresas están hoy instaladas dentro de los 64 kilómetros que la cuenca hídrica recorre hasta llegar a su desembocadura en el Río de la Plata. Veintitrés publica por primera vez la lista completa de las 341 empresas declaradas “agente contaminante” según la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
En 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pronunció una inédita sentencia por contaminación intimando a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a presentar un plan de saneamiento de la cuenca. Pero recién para julio de 2008 el fallo de la Corte obligó a la creación de la Acumar, el ente donde deben trabajar juntas esas tres jurisdicciones. A su vez, la Corte designó un cuerpo colegiado integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación –coordinador del organismo–, la Asociación Ciudadana Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y Greenpeace.
Actualmente, la situación ambiental por la que atraviesa la cuenca es difícil de describir. A más de dos años y medio de dictada la sentencia, los cambios apenas empiezan a notarse y los retrasos son todavía demasiado significativos.
“El Estado ha iniciado acciones para resolver esta problemática, más allá de la buena o mala gestión. El que no se ha sentado a discutir es el empresariado, acostumbrado a prorrogar los plazos o intimaciones de las autoridades. Es la cultura en la que se mueven”, señala Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ver columna).
Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, ofrece una mirada abarcadora: “Las industrias están en el eje de la problemática al no relocalizar sus plantas: aducen problemas económicos para ello. Durante años no hubo quienes se hicieran responsables de lo que hoy es este desastre. La Acumar nació para articular las tres jurisdicciones pero estas nunca se pusieron de acuerdo. Lamentablemente hay un encono recíproco en todo lo que tenga que ver entre Nación y Ciudad, lo que nos deja muertos en una zona fronteriza. En La Boca lo notamos cuando hablamos de reurbanizar los asentamientos instalados bajo la autopista, a la altura de avenida Suárez y Pedro de Mendoza. Allí hay alrededor de 500 familias a la vera del río. La problemática habitacional se extiende a lo largo y a lo ancho de toda la cuenca. Nuestro lema y consigna es por un Riachuelo limpio, fuente de vida y trabajo”, cuenta.
La invasión contaminante sobre los 64 kilómetros del Riachuelo comprende más de 250 basurales, desechos químicos de toda índole vertidos al río por industrias químicas, alimenticias, farmacéuticas y curtiembres, entre otras. Como si fuera poco, el 55 por ciento de las viviendas no posee sistema de cloacas, por lo que los desechos van a parar, también, al silencioso río.
Durante la exposición pública ante la Corte Suprema, el defensor del pueblo adjunto Anselmo Sella dejó en evidencia varias cuestiones relacionadas a la contaminación de origen industrial, gracias al reempadronamiento realizado durante el 2010. De ahí se extrajo que hasta diciembre del 2010 se habían inspeccionado 5.777 empresas, el 30 por ciento del total. Sólo 8 por ciento de esas 5.777 fue declarado como “agente contaminante”. A esa fecha, ninguna empresa había finalizado el proceso de reconversión industrial (PRI).
El documento expuesto por la Defensoría ante la Corte es contundente. “La escasa proporción de empresas encontradas fuera de la norma en las inspecciones nos obliga a preguntarnos sobre la estrategia para el control de la contaminación industrial. Si la contaminación es producto de unos pocos establecimientos, Acumar debe explicitarlo claramente y focalizar sus acciones sobre ella de modo prioritario. Si, por el contrario, la contaminación es producto de la suma de vertidos de las industrias, aun de las que cumplen con las normas actuales de vertido, es preciso preguntarse si la estrategia elegida por Acumar para identificar a los agentes contaminantes es conducente al cumplimiento de los objetivos del fallo”, reza el documento.
Desde Acumar afirman que de las 12.000 empresas hasta ahora inspeccionadas, 11.500 están en regla y no vierten sustancias contaminantes. Hasta el momento han sido clausuradas unas 220 empresas: 114 de esas clausuras fueron levantadas porque entraron en un proceso de reconversión industrial. Las clausuras se ordenan por treinta días. Todas las empresas son asistidas por ingenieros ambientales. A los más de 450 agentes contaminantes intimados hasta la fecha se les detectaron fallas o violaciones ambientales. Una vez analizadas las fallas, Acumar explica cuál es la norma ambiental que ha sido violada y qué es lo que se tiene que subsanar.
Entre las empresas que fueron clausuradas por contaminar el Riachuelo figuran Coca Cola Femsa, Coto, la cerealera Nidera y Royal Canin, que más tarde presentaron el plan de reconversión y revirtieron la clausura.
Integrantes del área de medio ambiente de la Defensoría sostienen que “el sector privado es el principal responsable del lento avance en las mejoras ambientales. Sobre los procedimientos de control de Acumar sobre el sector privado se conoce muy poco. A juzgar por la calidad de agua del Riachuelo, es notorio que hay un problema de control ambiental”.
El 19 de abril pasado, la Corte Suprema fijó una audiencia pública para el 1º de junio donde las autoridades de la cuenca deberán responder por cada uno de los requisitos pautados en el fallo del 2008. “Son preguntas que la Corte tiene para hacer a cada uno de los organismos intervinientes –tanto los estatales como las ONGs– acerca de cuestiones planteadas previamente en los expedientes judiciales”, explica Alberti. Además, la Corte tiene previsto realizar un reconocimiento judicial sobre el territorio de la cuenca hídrica.
Veintitrés se comunicó con algunas de las empresas declaradas “agentes contaminantes”. Desde la cementera Loma Negra sostuvieron que la denuncia es por un centro técnico en Pompeya donde se hacen ensayos de hormigón elaborado y donde trabajan 10 personas. “La intimación es porque el agua que se envía al desagüe pluvial tiene arenilla, por lo que hay que instalar una decantación antes que vaya al desagüe publico. Pero no tiene nada que ver con las aguas servidas. Se hizo una inversión de 25 mil dólares y las obras se están haciendo dentro de los plazos establecidos”, aseguró Juan Roza Alconada, gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones.
Desde Coca Cola Argentina admitieron que en el listado de Acumar aparece Coca Cola Femsa, una de las seis embotelladoras que tienen en la Argentina. Según voceros de la empresa, el tema estaría en vías de ser solucionado. Otra de las famosas firmas que figuran como agentes contaminantes es Cervecería y Maltería Quilmes, la que no se explica su aparición en el listado. “Recurrimos esa decisión del Acumar y la consideramos arbitraria. La empresa no contamina, no sólo porque cumple con la legislación nacional sino porque además cumple con exigentes estándares internacionales en cuanto al cuidado del medio ambiente”, afirmaron.
Laboratorios Roemmers es una de las varias empresas farmacéuticas contaminantes. Directivos de la firma explicaron que “cuando fue adquirida la compañía Bristol-Myers Squibb hubo una inspección de los valores contaminantes que dieron por encima de los valores normales. Después, presentamos un plan de reconversión que fue aprobado por Acumar. No somos en absoluto contaminantes y estamos esperando que nos quiten de ese listado. Fue una injusticia”. Agregaron que todo sucedió cuando ya estaban haciendo un replanteo de los sumideros para corregir la situación: “Hicimos una inversión importante y esperamos que el expediente, que está en el departamento jurídico de Acumar, sea firmado para que nos quiten del listado”.
A bordo de un gomón ecológico, Consuelo Bilbao recorre una y otra vez el Riachuelo. Como coordinadora de la campaña “Rescate del Riachuelo” de Greenpeace, otra de las ONG integradas al cuerpo colegiado coordinado por la Defensoría, aporta sus experiencias e inquietudes ante tanta desidia ambiental. “Aún no han sido inspeccionadas la totalidad de las industrias de la cuenca, sin dudas los grandes responsables de la contaminación. Otro contaminante importante son las aguas residuales urbanas y los líquidos cloacales. Hay un plan de calificación para un crédito del Banco Mundial que está en estudio. En caso de llevarse a cabo, solucionaría la problemática para el 2022. La precalificación del plan la lleva adelante AySA. Esto es muy positivo. Pero es fundamental acompañarlo con el control industrial, que está retrasado. Estamos a casi tres años del fallo de la Corte y no hay una sola empresa que haya cesado sus vertidos”.
El 12 de abril, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, dijo que la limpieza de la cuenca demandaría al menos ocho años más. Bilbao agrega: “Mussi habló de 92 empresas que están haciendo la reconversión industrial. No sabemos cuáles son los plazos de reconversión. Que estén en trámite no significa que hayan dejado de contaminar. Respecto del Polo Petroquímico de Dock Sud, sólo se relocalizaron diez empresas de unas cuarenta”, argumenta.
Sin embargo, para Bilbao, “desde el fallo del 2008 hubo avances. Que Nación haya retirado los barcos abandonados es muy importante. Tenemos un director (Mussi), antes no teníamos caras visibles. Reconocemos el aporte institucional y el crédito para el plan de saneamiento. Pero todavía faltan tareas de articulación. Nos preocupa la recomposición de la cuenca, si va a ser libre de sustancias tóxicas. Nuestro foco está puesto en el retraso de la contaminación industrial”.
Otra cuestión a tener en cuenta y que genera polémica entre las soluciones más inmediatas que marquen el camino de la recomposición ambiental es el marco regulatorio con que se maneja Acumar. Al respecto, desde la Defensoría señalaron que la normativa dispuesta no lleva al cese de los vertidos contaminantes sino simplemente al control y la disminución de las sustancias contaminantes. Además, en la actualidad Acumar sólo investiga el agua. No realiza estudios del aire ni de residuos sólidos. “La contaminación tiene que ver con la suma de todas las empresas que contaminan. Puede que todas las empresas cumplan con la norma actual, pero el resultado puede dar que persista la contaminación sobre el río. Acumar no determinó lo que se llama la ‘carga másica’, es decir, la cantidad de contaminantes que se vierten en los ríos y arroyos de la cuenca, qué sectores los vuelcan ni cuál será la contribución resultante del proceso de reconversión de esas industrias”, señaló otra fuente del área de Medio Ambiente de la Defensoría.
El espectro que surca las aguas del Matanza-Riachuelo vive en sus orillas. En el 2005, la Corte exigió que se cumpliera con los planes de vivienda. Según un estudio de la Universidad General Sarmiento, 700 mil personas –alrededor de unas 130 mil familias– viven en villas u asentamientos precarizados. De los 17.500 planes de vivienda previstos para la cuenca desde el 2007, unas cuatro mil viviendas estarían a punto de ser entregadas antes de fin de año. Esta es la magnitud de la demanda más básica. La falsa idea de una línea del horizonte que relaje la mirada no existe aún sobre las aguas del Riachuelo.
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Opinión
Un sector sin iniciativa
Por Andrés Napoli, Director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Los efluentes de las industrias y las actividades de servicios constituyen una de las tres principales fuentes de contaminación en el Riachuelo, y sin duda la más importante en términos de impacto sobre la salud y la calidad de vida de la población.
Según Acumar, las curtiembres, frigoríficos, industrias de bebidas, alimenticias y galvanoplastias son los sectores productivos que mayor impacto ambiental generan, a los que debe agregarse el Polo Petroquímico de Dock Sud.
Pese a la gravedad que el problema encierra, el sector privado ha sido hasta ahora el gran ausente en el proceso de saneamiento del Riachuelo. En este sentido, no se conocen iniciativas tendientes a impulsar y promover los procesos de modernización y reconversión que hayan surgido como iniciativa propia del sector. Las pocas industrias que hasta ahora han iniciado los programas de reconversión lo han hecho luego de soportar clausuras y ser denominadas como “agentes contaminantes”.
Es hora de que el sector privado, que es parte del problema, comience a sentirse también parte de la solución. Es hora de cambiar la actitud.
El Riachuelo es, dada la magnitud de las condiciones de precariedad existentes en la cuenca, el ícono de la contaminación ambiental de la Argentina. Ubicado en una de las áreas más densamente pobladas del territorio nacional, su contaminación afecta al 13 por ciento de la población total del país. En sus zonas de influencia, unas 20 mil empresas están hoy instaladas dentro de los 64 kilómetros que la cuenca hídrica recorre hasta llegar a su desembocadura en el Río de la Plata. Veintitrés publica por primera vez la lista completa de las 341 empresas declaradas “agente contaminante” según la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
En 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pronunció una inédita sentencia por contaminación intimando a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a presentar un plan de saneamiento de la cuenca. Pero recién para julio de 2008 el fallo de la Corte obligó a la creación de la Acumar, el ente donde deben trabajar juntas esas tres jurisdicciones. A su vez, la Corte designó un cuerpo colegiado integrado por la Defensoría del Pueblo de la Nación –coordinador del organismo–, la Asociación Ciudadana Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y Greenpeace.
Actualmente, la situación ambiental por la que atraviesa la cuenca es difícil de describir. A más de dos años y medio de dictada la sentencia, los cambios apenas empiezan a notarse y los retrasos son todavía demasiado significativos.
“El Estado ha iniciado acciones para resolver esta problemática, más allá de la buena o mala gestión. El que no se ha sentado a discutir es el empresariado, acostumbrado a prorrogar los plazos o intimaciones de las autoridades. Es la cultura en la que se mueven”, señala Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (ver columna).
Alfredo Alberti, presidente de la Asociación Vecinos de La Boca, ofrece una mirada abarcadora: “Las industrias están en el eje de la problemática al no relocalizar sus plantas: aducen problemas económicos para ello. Durante años no hubo quienes se hicieran responsables de lo que hoy es este desastre. La Acumar nació para articular las tres jurisdicciones pero estas nunca se pusieron de acuerdo. Lamentablemente hay un encono recíproco en todo lo que tenga que ver entre Nación y Ciudad, lo que nos deja muertos en una zona fronteriza. En La Boca lo notamos cuando hablamos de reurbanizar los asentamientos instalados bajo la autopista, a la altura de avenida Suárez y Pedro de Mendoza. Allí hay alrededor de 500 familias a la vera del río. La problemática habitacional se extiende a lo largo y a lo ancho de toda la cuenca. Nuestro lema y consigna es por un Riachuelo limpio, fuente de vida y trabajo”, cuenta.
La invasión contaminante sobre los 64 kilómetros del Riachuelo comprende más de 250 basurales, desechos químicos de toda índole vertidos al río por industrias químicas, alimenticias, farmacéuticas y curtiembres, entre otras. Como si fuera poco, el 55 por ciento de las viviendas no posee sistema de cloacas, por lo que los desechos van a parar, también, al silencioso río.
Durante la exposición pública ante la Corte Suprema, el defensor del pueblo adjunto Anselmo Sella dejó en evidencia varias cuestiones relacionadas a la contaminación de origen industrial, gracias al reempadronamiento realizado durante el 2010. De ahí se extrajo que hasta diciembre del 2010 se habían inspeccionado 5.777 empresas, el 30 por ciento del total. Sólo 8 por ciento de esas 5.777 fue declarado como “agente contaminante”. A esa fecha, ninguna empresa había finalizado el proceso de reconversión industrial (PRI).
El documento expuesto por la Defensoría ante la Corte es contundente. “La escasa proporción de empresas encontradas fuera de la norma en las inspecciones nos obliga a preguntarnos sobre la estrategia para el control de la contaminación industrial. Si la contaminación es producto de unos pocos establecimientos, Acumar debe explicitarlo claramente y focalizar sus acciones sobre ella de modo prioritario. Si, por el contrario, la contaminación es producto de la suma de vertidos de las industrias, aun de las que cumplen con las normas actuales de vertido, es preciso preguntarse si la estrategia elegida por Acumar para identificar a los agentes contaminantes es conducente al cumplimiento de los objetivos del fallo”, reza el documento.
Desde Acumar afirman que de las 12.000 empresas hasta ahora inspeccionadas, 11.500 están en regla y no vierten sustancias contaminantes. Hasta el momento han sido clausuradas unas 220 empresas: 114 de esas clausuras fueron levantadas porque entraron en un proceso de reconversión industrial. Las clausuras se ordenan por treinta días. Todas las empresas son asistidas por ingenieros ambientales. A los más de 450 agentes contaminantes intimados hasta la fecha se les detectaron fallas o violaciones ambientales. Una vez analizadas las fallas, Acumar explica cuál es la norma ambiental que ha sido violada y qué es lo que se tiene que subsanar.
Entre las empresas que fueron clausuradas por contaminar el Riachuelo figuran Coca Cola Femsa, Coto, la cerealera Nidera y Royal Canin, que más tarde presentaron el plan de reconversión y revirtieron la clausura.
Integrantes del área de medio ambiente de la Defensoría sostienen que “el sector privado es el principal responsable del lento avance en las mejoras ambientales. Sobre los procedimientos de control de Acumar sobre el sector privado se conoce muy poco. A juzgar por la calidad de agua del Riachuelo, es notorio que hay un problema de control ambiental”.
El 19 de abril pasado, la Corte Suprema fijó una audiencia pública para el 1º de junio donde las autoridades de la cuenca deberán responder por cada uno de los requisitos pautados en el fallo del 2008. “Son preguntas que la Corte tiene para hacer a cada uno de los organismos intervinientes –tanto los estatales como las ONGs– acerca de cuestiones planteadas previamente en los expedientes judiciales”, explica Alberti. Además, la Corte tiene previsto realizar un reconocimiento judicial sobre el territorio de la cuenca hídrica.
Veintitrés se comunicó con algunas de las empresas declaradas “agentes contaminantes”. Desde la cementera Loma Negra sostuvieron que la denuncia es por un centro técnico en Pompeya donde se hacen ensayos de hormigón elaborado y donde trabajan 10 personas. “La intimación es porque el agua que se envía al desagüe pluvial tiene arenilla, por lo que hay que instalar una decantación antes que vaya al desagüe publico. Pero no tiene nada que ver con las aguas servidas. Se hizo una inversión de 25 mil dólares y las obras se están haciendo dentro de los plazos establecidos”, aseguró Juan Roza Alconada, gerente de Sustentabilidad y Comunicaciones.
Desde Coca Cola Argentina admitieron que en el listado de Acumar aparece Coca Cola Femsa, una de las seis embotelladoras que tienen en la Argentina. Según voceros de la empresa, el tema estaría en vías de ser solucionado. Otra de las famosas firmas que figuran como agentes contaminantes es Cervecería y Maltería Quilmes, la que no se explica su aparición en el listado. “Recurrimos esa decisión del Acumar y la consideramos arbitraria. La empresa no contamina, no sólo porque cumple con la legislación nacional sino porque además cumple con exigentes estándares internacionales en cuanto al cuidado del medio ambiente”, afirmaron.
Laboratorios Roemmers es una de las varias empresas farmacéuticas contaminantes. Directivos de la firma explicaron que “cuando fue adquirida la compañía Bristol-Myers Squibb hubo una inspección de los valores contaminantes que dieron por encima de los valores normales. Después, presentamos un plan de reconversión que fue aprobado por Acumar. No somos en absoluto contaminantes y estamos esperando que nos quiten de ese listado. Fue una injusticia”. Agregaron que todo sucedió cuando ya estaban haciendo un replanteo de los sumideros para corregir la situación: “Hicimos una inversión importante y esperamos que el expediente, que está en el departamento jurídico de Acumar, sea firmado para que nos quiten del listado”.
A bordo de un gomón ecológico, Consuelo Bilbao recorre una y otra vez el Riachuelo. Como coordinadora de la campaña “Rescate del Riachuelo” de Greenpeace, otra de las ONG integradas al cuerpo colegiado coordinado por la Defensoría, aporta sus experiencias e inquietudes ante tanta desidia ambiental. “Aún no han sido inspeccionadas la totalidad de las industrias de la cuenca, sin dudas los grandes responsables de la contaminación. Otro contaminante importante son las aguas residuales urbanas y los líquidos cloacales. Hay un plan de calificación para un crédito del Banco Mundial que está en estudio. En caso de llevarse a cabo, solucionaría la problemática para el 2022. La precalificación del plan la lleva adelante AySA. Esto es muy positivo. Pero es fundamental acompañarlo con el control industrial, que está retrasado. Estamos a casi tres años del fallo de la Corte y no hay una sola empresa que haya cesado sus vertidos”.
El 12 de abril, el secretario de Medio Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, dijo que la limpieza de la cuenca demandaría al menos ocho años más. Bilbao agrega: “Mussi habló de 92 empresas que están haciendo la reconversión industrial. No sabemos cuáles son los plazos de reconversión. Que estén en trámite no significa que hayan dejado de contaminar. Respecto del Polo Petroquímico de Dock Sud, sólo se relocalizaron diez empresas de unas cuarenta”, argumenta.
Sin embargo, para Bilbao, “desde el fallo del 2008 hubo avances. Que Nación haya retirado los barcos abandonados es muy importante. Tenemos un director (Mussi), antes no teníamos caras visibles. Reconocemos el aporte institucional y el crédito para el plan de saneamiento. Pero todavía faltan tareas de articulación. Nos preocupa la recomposición de la cuenca, si va a ser libre de sustancias tóxicas. Nuestro foco está puesto en el retraso de la contaminación industrial”.
Otra cuestión a tener en cuenta y que genera polémica entre las soluciones más inmediatas que marquen el camino de la recomposición ambiental es el marco regulatorio con que se maneja Acumar. Al respecto, desde la Defensoría señalaron que la normativa dispuesta no lleva al cese de los vertidos contaminantes sino simplemente al control y la disminución de las sustancias contaminantes. Además, en la actualidad Acumar sólo investiga el agua. No realiza estudios del aire ni de residuos sólidos. “La contaminación tiene que ver con la suma de todas las empresas que contaminan. Puede que todas las empresas cumplan con la norma actual, pero el resultado puede dar que persista la contaminación sobre el río. Acumar no determinó lo que se llama la ‘carga másica’, es decir, la cantidad de contaminantes que se vierten en los ríos y arroyos de la cuenca, qué sectores los vuelcan ni cuál será la contribución resultante del proceso de reconversión de esas industrias”, señaló otra fuente del área de Medio Ambiente de la Defensoría.
El espectro que surca las aguas del Matanza-Riachuelo vive en sus orillas. En el 2005, la Corte exigió que se cumpliera con los planes de vivienda. Según un estudio de la Universidad General Sarmiento, 700 mil personas –alrededor de unas 130 mil familias– viven en villas u asentamientos precarizados. De los 17.500 planes de vivienda previstos para la cuenca desde el 2007, unas cuatro mil viviendas estarían a punto de ser entregadas antes de fin de año. Esta es la magnitud de la demanda más básica. La falsa idea de una línea del horizonte que relaje la mirada no existe aún sobre las aguas del Riachuelo.
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Opinión
Un sector sin iniciativa
Por Andrés Napoli, Director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Los efluentes de las industrias y las actividades de servicios constituyen una de las tres principales fuentes de contaminación en el Riachuelo, y sin duda la más importante en términos de impacto sobre la salud y la calidad de vida de la población.
Según Acumar, las curtiembres, frigoríficos, industrias de bebidas, alimenticias y galvanoplastias son los sectores productivos que mayor impacto ambiental generan, a los que debe agregarse el Polo Petroquímico de Dock Sud.
Pese a la gravedad que el problema encierra, el sector privado ha sido hasta ahora el gran ausente en el proceso de saneamiento del Riachuelo. En este sentido, no se conocen iniciativas tendientes a impulsar y promover los procesos de modernización y reconversión que hayan surgido como iniciativa propia del sector. Las pocas industrias que hasta ahora han iniciado los programas de reconversión lo han hecho luego de soportar clausuras y ser denominadas como “agentes contaminantes”.
Es hora de que el sector privado, que es parte del problema, comience a sentirse también parte de la solución. Es hora de cambiar la actitud.
Fuente: Revista Veintitres.
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