En su informe anual correspondiente a 2010, eI organismo registra malos tratos en cárceles estadounidenses, discriminación en el acceso a la salud y la forma en que son tratados los inmigrantes latinoamericanos que ingresan al país. Cuestiona violaciones de DD HH en Afganistán y dentro de su territorio.
Amnistía Internacional (AI) denunció que persisten en los Estados Unidos injusticias y abusos en las cárceles, sobre todo en las que están bajo su control en Afganistán y Guantánamo, y la continuidad de la discriminación racial.
En su informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo en 2010, AI destacó "al final del año, 174 hombres seguían recluidos" en Guantánamo a pesar de la promesa de campaña del presidente Barack Obama del cierre de ese centro de detención. Además, señaló el informe, un nuevo reglamento del Pentágono "confirma que el nuevo gobierno estadounidense, al igual que su predecesor, se reserva el derecho a mantener recluida a una persona por tiempo indefinido, incluso en el caso de que hubiera sido absuelta por una comisión militar".
Respecto a Afganistán, el texto afirma que AI y otras organizaciones escribieron en junio al secretario de Defensa, Robert Gates, "para expresarle su preocupación por las denuncias de presuntas torturas y malos tratos" en la nueva prisión de Parwan. Amnistía lamentó, por otra parte, que persista "la ausencia de rendición de cuentas y de reparación por las violaciones de Derechos Humanos (...) cometidas dentro del programa de detención secreta" del gobierno del anterior presidente George W. Bush.
Al referirse al interior de los Estados Unidos, AI denunció un uso inadecuado por parte de la policía de las armas de descargas eléctricas Taser. La organización de Derechos Humanos afirmó que dichas armas, las mismas que Mauricio Macri quería entregar a policía de Buenos Aires, causaron la muerte en los Estados Unidos de 55 personas en 2010. Dos de ellos eran inmigrantes mexicanos que habían sido atrapados por la policía fronteriza, a la que ahora se está investigando por denuncias de exceso de violencia en sus procedimientos.
Además, según el informe, "decenas de migrantes irregulares mexicanos y centroamericanos murieron por agotamiento y exposición a condiciones extremas en su intento de entrar en los Estados Unidos a través de las desérticas regiones fronterizas".
AI señaló también irregularidades en las condiciones de detención de algunos presos, particularmente aislamientos prolongados, y fallos en el sistema de justicia, bien de procedimiento, bien por la legislación. Y cita el caso del cubano Gerardo Hernández, declarado culpable en 2001 de ser un agente de La Habana, y que presentó un recurso "basado en indicios de que el gobierno estadounidense había pagado en secreto a periodistas para que en el momento del juicio escribieran artículos perjudiciales" para el acusado.
Como en otras ocasiones, AI llamó la atención sobre el hecho de que los Estados Unidos no hayan ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y ofreció un recuento de la aplicación de la pena de muerte. En 2010, 45 personas fueron ejecutadas, algunas de ellas pese a que en sus juicios había fallas en sus defensas.
AI denunció también que, debido a "grandes desigualdades" en el acceso a la sanidad, "murieron cientos de mujeres por complicaciones prevenibles del embarazo". "El acceso a una sanidad de calidad", añadió, aún depende "del origen racial o étnico, la condición de inmigrante o indígena y los ingresos".<
En su informe anual sobre Derechos Humanos en el mundo en 2010, AI destacó "al final del año, 174 hombres seguían recluidos" en Guantánamo a pesar de la promesa de campaña del presidente Barack Obama del cierre de ese centro de detención. Además, señaló el informe, un nuevo reglamento del Pentágono "confirma que el nuevo gobierno estadounidense, al igual que su predecesor, se reserva el derecho a mantener recluida a una persona por tiempo indefinido, incluso en el caso de que hubiera sido absuelta por una comisión militar".
Respecto a Afganistán, el texto afirma que AI y otras organizaciones escribieron en junio al secretario de Defensa, Robert Gates, "para expresarle su preocupación por las denuncias de presuntas torturas y malos tratos" en la nueva prisión de Parwan. Amnistía lamentó, por otra parte, que persista "la ausencia de rendición de cuentas y de reparación por las violaciones de Derechos Humanos (...) cometidas dentro del programa de detención secreta" del gobierno del anterior presidente George W. Bush.
Al referirse al interior de los Estados Unidos, AI denunció un uso inadecuado por parte de la policía de las armas de descargas eléctricas Taser. La organización de Derechos Humanos afirmó que dichas armas, las mismas que Mauricio Macri quería entregar a policía de Buenos Aires, causaron la muerte en los Estados Unidos de 55 personas en 2010. Dos de ellos eran inmigrantes mexicanos que habían sido atrapados por la policía fronteriza, a la que ahora se está investigando por denuncias de exceso de violencia en sus procedimientos.
Además, según el informe, "decenas de migrantes irregulares mexicanos y centroamericanos murieron por agotamiento y exposición a condiciones extremas en su intento de entrar en los Estados Unidos a través de las desérticas regiones fronterizas".
AI señaló también irregularidades en las condiciones de detención de algunos presos, particularmente aislamientos prolongados, y fallos en el sistema de justicia, bien de procedimiento, bien por la legislación. Y cita el caso del cubano Gerardo Hernández, declarado culpable en 2001 de ser un agente de La Habana, y que presentó un recurso "basado en indicios de que el gobierno estadounidense había pagado en secreto a periodistas para que en el momento del juicio escribieran artículos perjudiciales" para el acusado.
Como en otras ocasiones, AI llamó la atención sobre el hecho de que los Estados Unidos no hayan ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y ofreció un recuento de la aplicación de la pena de muerte. En 2010, 45 personas fueron ejecutadas, algunas de ellas pese a que en sus juicios había fallas en sus defensas.
AI denunció también que, debido a "grandes desigualdades" en el acceso a la sanidad, "murieron cientos de mujeres por complicaciones prevenibles del embarazo". "El acceso a una sanidad de calidad", añadió, aún depende "del origen racial o étnico, la condición de inmigrante o indígena y los ingresos".<
Fuente: Tiempo Argentino.
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