Guerra antinarcóticos en México. La revista Proceso acaba de revelar los vínculos estrechos que unen a las agencias de inteligencia de Washington con el Cartel de Sinaloa, que dirige El Chapo Guzmán. Por otro lado, el gobierno mantiene un silencio sospechoso.
Por Diego M. Vidal
Una red de intrigas y vínculos estrechos entre la Drug Enforcement Agency (la Administración Antidrogas de Estados Unidos, DEA) y el cartel de Sinaloa, que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, el narco más buscado en México, fue revelada por la revista Proceso en su último número y amenaza con volverse un escándalo internacional en el marco de una guerra que ya contabiliza 60 mil muertos en seis años, desde que el presidente Felipe Calderón sacó a las calles a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado.
El juicio que se le sustancia a Vicente El Vicentillo Zambada Niebla en la Corte de Illinois, Chicago, ha sacado a la superficie las, por lo menos dudosas, tácticas de la DEA para combatir el narcotráfico en suelo estadounidense. Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cartel de Sinaloa, declaró ante la Justicia norteamericana que fue contactado por la DEA para negociar impunidad a cambio de colaborar con información sobre acciones y movimientos de otros carteles mexicanos rivales. La gestión del contacto fue encargada por el propio El Mayo con la venia del El Chapo Guzmán, a quien entonces fungía como abogado de los narcos y participaba también del tráfico de drogas: Humberto Loya-Castro. Quien al parecer necesitaba más de un empleo para vivir y quizás por eso desde 1998 sirve de informante para el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la DEA.
Desde el año 2002, la agencia antidroga con sede en Arlington, Virginia, desarrolla dos operaciones clandestinas de infiltración, con informantes pagos, dirigidas los carteles del Golfo y de Sinaloa bajo los nombres claves Colmillo Blanco y Caballero Andante. En un informe interno reconoce que las mismas están destinadas a “recolectar información del contrabando, transporte y cruce de drogas a través de México y a lo largo de la frontera norte”. La información recolectada por los delatores y analistas de inteligencia contratados se concentra en la frontera sur de Estados Unidos: el Fuerte Bliss del ejército, ubicado en El Paso, Texas, con una tropa de 23 mil efectivos entre los que se destacan los soldados de la IV Brigada de la Primera División Armada que combatieron en Irak.
El acuerdo de inmunidad para las actividades ilícitas del Cartel de Sinaloa –así como los alertas recibidos en esa organización sobre investigaciones y operativos de las fuerzas de seguridad locales o estadounidenses– nace al amparo de estos programas, que posteriormente serán ratificados en un encuentro digno de un film del director de Machete y El Mariachi, Robert Rodríguez, cuando Loya-Castro se reúne en el lobby del hotel Sheraton del Distrito Federal (DF) con el agente Manuel Manny Castanon. Allí, en una habitación con vista al Paseo de La Reforma Cuauhtémoc, mantiene una breve reunión con Manny y otros oficiales del gobierno de Estados Unidos. El confidente de El Chapo abandona el lugar y regresa cerca de la medianoche con El Vicentillo, quien acabaría de cerrar el pacto de colaboración para abastecer a la DEA con información y datos de carteles enemigos, siempre con la anuencia directa de los líderes de una de las más temibles bandas de narcotraficantes en suelo azteca. Sin embargo, algo saldría mal. Mientras Vicente Zambada recorría el trayecto hacia su residencia, la apacible y cálida madrugada se volvió un infierno para él: unidades del Ejército mexicano y la Procuraduría General de la República (cuyas oficinas se encuentran a escasas cuadras del Sheraton DF) lo detuvieron y un año después era extraditado por pedido de Washington.
Ahora, mientras la causa en su contra avanza, Zambada busca cobrarse la traición y blande el trato de protección para librarse de una sentencia segura. Pero el propio Castanon juramentó la inexistencia del mismo y negó que fueran prácticas de la DEA, aunque sí reconoció la caracterización de Humberto Loya-Castro como “confidential source” (fuente confidencial). De todos modos, el aporte de la Casa Blanca en la ofensiva contra el contrabando de drogas en México quedó en entredicho y la línea que la separa de la complicidad con el delito se ha adelgazado peligrosamente. Ahora, Jesús Manuel Fierro Méndez, integrante del Cartel de Sinaloa y ex capitán de la policía de Ciudad Juárez, reveló que había sido “portavoz” de El Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en algunas reuniones personales con funcionarios estadunidenses de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interior. Fierro Méndez delató ante la Corte de Distrito del Oeste de Texas a sus ex capos a cambio de zafar de la pena de 27 años a la que fue sentenciado en el 2008.
A todo esto, las autoridades mexicanas mantienen un silencio que trasluce desconcierto y no atinan a responder a esta protección de quienes dice combatir por parte de aquellos que son sus aliados en la lucha. Con la publicación del New York Times de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó a la DEA a lavar hasta 10 mil millones de dólares procedentes de las ventas de drogas, la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, frente a una consulta periodística respondió que “no, no sabía nada el gobierno…”.
El juicio que se le sustancia a Vicente El Vicentillo Zambada Niebla en la Corte de Illinois, Chicago, ha sacado a la superficie las, por lo menos dudosas, tácticas de la DEA para combatir el narcotráfico en suelo estadounidense. Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del Cartel de Sinaloa, declaró ante la Justicia norteamericana que fue contactado por la DEA para negociar impunidad a cambio de colaborar con información sobre acciones y movimientos de otros carteles mexicanos rivales. La gestión del contacto fue encargada por el propio El Mayo con la venia del El Chapo Guzmán, a quien entonces fungía como abogado de los narcos y participaba también del tráfico de drogas: Humberto Loya-Castro. Quien al parecer necesitaba más de un empleo para vivir y quizás por eso desde 1998 sirve de informante para el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la DEA.
Desde el año 2002, la agencia antidroga con sede en Arlington, Virginia, desarrolla dos operaciones clandestinas de infiltración, con informantes pagos, dirigidas los carteles del Golfo y de Sinaloa bajo los nombres claves Colmillo Blanco y Caballero Andante. En un informe interno reconoce que las mismas están destinadas a “recolectar información del contrabando, transporte y cruce de drogas a través de México y a lo largo de la frontera norte”. La información recolectada por los delatores y analistas de inteligencia contratados se concentra en la frontera sur de Estados Unidos: el Fuerte Bliss del ejército, ubicado en El Paso, Texas, con una tropa de 23 mil efectivos entre los que se destacan los soldados de la IV Brigada de la Primera División Armada que combatieron en Irak.
El acuerdo de inmunidad para las actividades ilícitas del Cartel de Sinaloa –así como los alertas recibidos en esa organización sobre investigaciones y operativos de las fuerzas de seguridad locales o estadounidenses– nace al amparo de estos programas, que posteriormente serán ratificados en un encuentro digno de un film del director de Machete y El Mariachi, Robert Rodríguez, cuando Loya-Castro se reúne en el lobby del hotel Sheraton del Distrito Federal (DF) con el agente Manuel Manny Castanon. Allí, en una habitación con vista al Paseo de La Reforma Cuauhtémoc, mantiene una breve reunión con Manny y otros oficiales del gobierno de Estados Unidos. El confidente de El Chapo abandona el lugar y regresa cerca de la medianoche con El Vicentillo, quien acabaría de cerrar el pacto de colaboración para abastecer a la DEA con información y datos de carteles enemigos, siempre con la anuencia directa de los líderes de una de las más temibles bandas de narcotraficantes en suelo azteca. Sin embargo, algo saldría mal. Mientras Vicente Zambada recorría el trayecto hacia su residencia, la apacible y cálida madrugada se volvió un infierno para él: unidades del Ejército mexicano y la Procuraduría General de la República (cuyas oficinas se encuentran a escasas cuadras del Sheraton DF) lo detuvieron y un año después era extraditado por pedido de Washington.
Ahora, mientras la causa en su contra avanza, Zambada busca cobrarse la traición y blande el trato de protección para librarse de una sentencia segura. Pero el propio Castanon juramentó la inexistencia del mismo y negó que fueran prácticas de la DEA, aunque sí reconoció la caracterización de Humberto Loya-Castro como “confidential source” (fuente confidencial). De todos modos, el aporte de la Casa Blanca en la ofensiva contra el contrabando de drogas en México quedó en entredicho y la línea que la separa de la complicidad con el delito se ha adelgazado peligrosamente. Ahora, Jesús Manuel Fierro Méndez, integrante del Cartel de Sinaloa y ex capitán de la policía de Ciudad Juárez, reveló que había sido “portavoz” de El Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en algunas reuniones personales con funcionarios estadunidenses de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Interior. Fierro Méndez delató ante la Corte de Distrito del Oeste de Texas a sus ex capos a cambio de zafar de la pena de 27 años a la que fue sentenciado en el 2008.
A todo esto, las autoridades mexicanas mantienen un silencio que trasluce desconcierto y no atinan a responder a esta protección de quienes dice combatir por parte de aquellos que son sus aliados en la lucha. Con la publicación del New York Times de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos autorizó a la DEA a lavar hasta 10 mil millones de dólares procedentes de las ventas de drogas, la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, frente a una consulta periodística respondió que “no, no sabía nada el gobierno…”.
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