lunes, 28 de mayo de 2012

"EL REINO UNIDO AUTOBLOQUEA LAS ISLAS"

Por Emiliano Guido
 
Si hay trabas para el contacto comercial entre el continente y las Islas Malvinas, éstas son el producto de la política británica. Además, lo paradójico del caso es que son los propios dirigentes isleños los que se imponen una suerte de autobloqueo. Prefieren importar productos frescos desde Europa antes que adquirirlos en el territorio continental argentino”, advierte a Miradas al Sur Marcelo Kohen, profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra y reconocido especialista jurídico en la Cuestión Malvinas. Días atrás, Kohen fue invitado por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata para brindar una conferencia sobre “Los seis puntos centrales de la estrategia diplomática británica hacia Malvinas”. En la disertación, el doctor Kohen deshilvanó el relató oficial británico y apuntó: “El Foreign Office siempre hizo mella en la cuestión del derecho a la autodeterminación de los pueblos para sensibilizar a la opinión pública de Buenos Aires. Y debo decir, lamentablemente, que algunos intelectuales locales muchas veces se hacen eco de los argumentos del Reino Unido”.
–¿Porqué afirma que Gran Bretaña falta a la verdad cuando afirma que al no negociar con la Argentina defiende la autonomía de los isleños?
–Porque es una mera excusa para intentar justificar el mantenimiento de la ocupación y la violación a la obligación de solucionar las controversias internacionales por medios pacíficos. ¿Cuál es, centralmente, la posición británica hacia Malvinas? Vamos a negociar con la Argentina sólo en caso de que los isleños lo exijan, afirman. Dejando de lado la cuestión sobre que los isleños no son titulares del derecho de libre determinación, puede refutarse que esta tesis es totalmente contraria a la práctica del Reino Unido, porque entre 1966 y 1982 hubo negociaciones sobre la soberanía de Malvinas sin hacer caso a la proclama actual. Entonces, hay una contradicción con la práctica anterior y con la práctica reciente también. Por ejemplo, en las discusiones que existieron entre Londres y España hace unos años por Gibraltar. Allí negociaron soberanía, a pesar de que los gibraltareños no estaban de acuerdo. Por otro lado, en el caso Hong Kong, el Reino Unido negoció con China la restitución sin invocar en absoluto el pretendido derecho a la autodeterminación de los pueblos. Jamás siquiera consultó con su población. El Reino Unido simplemente invoca la libre determinación cuando se trata de perennizar una posición colonial.
–El treinta aniversario de la guerra de 1982 está pronto a cumplirse. ¿Esa contienda sepultó, colateralmente, la posición diplomática argentina?
–De ninguna manera. Se escucha a veces decir: “Perdimos las islas en 1982; perdimos la guerra, perdimos las islas”. Desde el punto de vista jurídico, la situación post 14 de junio del ’82 no varió un ápice. Es más, el manual de derecho internacional más conocido del Reino Unido contiene un análisis donde afirma que a ninguna de las partes se les ocurrió decir que el resultado de las hostilidades modificaba la situación jurídica. A punto tal, que pocos meses después del conflicto, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que reiteraba a los dos países los mismos argumentos de los pronunciamientos precedentes.
–Igualmente, Londres mantiene una base militar en las islas. ¿Cómo la justifica en el plano internacional?
–El Reino Unido afirma que dicha base tiene un objetivo de disuasión porque la Argentina continúa siendo una amenaza por su reivindicación de soberanía. Bueno, ¿qué se puede responder? En principio, fundamentalmente dos cosas. Uno, desde 1983 en adelante, todos los gobiernos democráticos han insistido sistemáticamente que el país sólo procurará la restitución del ejercicio de la soberanía de las Malvinas por medios pacíficos. La Argentina no amenaza a nadie y el pueblo argentino no toleraría nunca una nueva aventura militar. Dos, que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al Atlántico Sur como una zona de paz y que la presencia de una poderosa base militar de una potencia nuclear extraregional es una situación incompatible con esta declaración.

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