“Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen.” Baltasar Garzón utilizó estos días esa célebre frase de Willy Brandt ante el tribunal que puede en breve inhabilitarlo de por vida como juez.
Por Roberto Montoya
La frase de Brandt refleja exactamente lo que muchísimos españoles y no españoles piensan: que si el reconocido juez llega a ser condenado, España hará el mayor retroceso visto desde la recuperación de la democracia, hace más de tres décadas.
El magistrado citaba al fallecido político socialdemócrata alemán durante su turno de defensa, convencido de que su suerte está echada desde hace tiempo y que será condenado, sentando así un grave precedente.
“Asumo todas y cada una de esas decisiones”,dijo Garzón en su alegato final, “fueron tomadas reflexivamente, en cumplimiento de la más estricta legalidad, interpretando las normas, no sólo las de nuestra Carta Magna, sino también las de los convenios internacionales de los que España es parte”.
“Estoy ante el pelotón de fusilamiento y he pedido que me quiten la venda de los ojos para mirar de frente”, asegura El País que se le oyó decir a Garzón en una conversación íntima.
La confluencia de intereses entre quienes estaban siendo acosados judicialmente por el juez en graves casos de corrupción y los de quienes no querían que investigara tampoco los crímenes del franquismo, se sumó a la de miembros de la propia Magistratura, ultraderechistas en algunos casos y celosos en otros por el destacado papel que Garzón juega en España y a nivel internacional.
Durante sus más de treinta años de carrera, el magistrado ha sido el azote principal, tanto del terrorismo de Estado español –el “caso GAL”, durante la época de Felipe González–, como del de varios países latinoamericanos. Fue él quien logró la detención de Pinochet, de Scilingo, Cavallo, quien persiguió a genocidas guatemaltecos, quien consiguió, en definitiva, que España estuviera a la vanguardia en la lucha por una Justicia universal.
Pero la acción de Garzón no se ha limitado a ese ámbito crucial en la defensa de los Derechos Humanos. El juez ha llevado adelante una persecución implacable contra el narcotráfico, contra la clandestina organización separatista vasca ETA y contra la corrupción política, fueran sus responsables del partido que fueran.
Y eso supone crear muchos enemigos, demasiados.
La explosiva mezcla de intereses variopintos de los afectados de una manera u otra por su actuación, dio lugar de hecho a la creación de un frente antiGarzón, con mucho más poder institucional por lo que se está comprobando, que los miles y miles que lo defienden sin dudar.
Numerosos fiscales y jueces progresistas, políticos e intelectuales, han arropado la semana pasada al magistrado al dirigirse a las audiencias por su primer juicio, y decenas de personas con carteles le han dado aliento desde el exterior del tribunal todos los días.
Las causas abiertas. La primer causa por la que tuvo que responder estos días el juez está relacionada con su actuación judicial contra la macro trama de corrupción del Partido Popular, el “caso Gürtel”.
Como parte de su investigación, Garzón ordenó grabar las conversaciones mantenidas en la cárcel por varios de los responsables presos con sus abogados defensores. Éstas le permitieron al juez confirmar que los jefes de la trama seguían manejando todos los hilos desde la prisión gracias a la complicidad de sus abogados defensores.
Pero esa decisión del juez, aceptada en innumerables causas y respaldada por la propia Fiscalía del Estado, es lo que lo terminaría llevando a sentarse en el banquillo de los acusados. Los mismos abogados de la trama del PP cuya complicidad abierta con sus defendidos quedó al descubierto con las grabaciones, fueron los que cuestionaron la legalidad de las mismas, acusándolo de “prevaricar” y de vulnerar las “garantías constitucionales fundamentales”.
Sin embargo, varios funcionarios policiales confirmaron que Garzón les exigió que grabaran a los detenidos acusados, pero que hicieran un expurgo, que eliminaran todo aquello que pudiera vulnerar su derecho de defensa y asesoramiento legal.
Los jueces no tomaron en cuenta esa argumentación, ni tampoco el hecho de que las grabaciones confirmaran el papel delictivo que jugaban los abogados de los acusados. El tribunal tampoco aceptó ninguna de las recusaciones que planteó el juez contra miembros del tribunal por su manifiesta parcialidad y hostilidad.
De prosperar la demanda de los acusadores, el magistrado sería inhabilitado por 17 años, lo que supondría en la práctica el fin de su carrera. Actualmente tiene 56 años.
Paradójicamente, Garzón puede convertirse en el primer condenado por el “caso Gürtel” que él abrió, mientras que decenas de cargos políticos del PP siguen libres.
El pasado viernes ha quedado vista para sentencia esta causa, una de las tres que se abrieron en su contra en 2009 y que implicó ser apartado desde entonces de su actividad al frente del Juzgado de Instrucción Nº 5 hasta que se dicten las tres sentencias.
Otra de las causas, para la que todavía no hay fecha de apertura, es por haber aceptado participar en EE.UU. en unos cursos pagos que estaban patrocinados por el Banco Santander, cuando él era a su vez juez en un caso en el que se juzgaba a directivos de dicha entidad.
Pero sin duda el otro juicio contra Garzón que más polémica e indignación provoca es el que comienza esta misma semana.
Como parte de su investigación, Garzón ordenó grabar las conversaciones mantenidas en la cárcel por varios de los responsables presos con sus abogados defensores. Éstas le permitieron al juez confirmar que los jefes de la trama seguían manejando todos los hilos desde la prisión gracias a la complicidad de sus abogados defensores.
Pero esa decisión del juez, aceptada en innumerables causas y respaldada por la propia Fiscalía del Estado, es lo que lo terminaría llevando a sentarse en el banquillo de los acusados. Los mismos abogados de la trama del PP cuya complicidad abierta con sus defendidos quedó al descubierto con las grabaciones, fueron los que cuestionaron la legalidad de las mismas, acusándolo de “prevaricar” y de vulnerar las “garantías constitucionales fundamentales”.
Sin embargo, varios funcionarios policiales confirmaron que Garzón les exigió que grabaran a los detenidos acusados, pero que hicieran un expurgo, que eliminaran todo aquello que pudiera vulnerar su derecho de defensa y asesoramiento legal.
Los jueces no tomaron en cuenta esa argumentación, ni tampoco el hecho de que las grabaciones confirmaran el papel delictivo que jugaban los abogados de los acusados. El tribunal tampoco aceptó ninguna de las recusaciones que planteó el juez contra miembros del tribunal por su manifiesta parcialidad y hostilidad.
De prosperar la demanda de los acusadores, el magistrado sería inhabilitado por 17 años, lo que supondría en la práctica el fin de su carrera. Actualmente tiene 56 años.
Paradójicamente, Garzón puede convertirse en el primer condenado por el “caso Gürtel” que él abrió, mientras que decenas de cargos políticos del PP siguen libres.
El pasado viernes ha quedado vista para sentencia esta causa, una de las tres que se abrieron en su contra en 2009 y que implicó ser apartado desde entonces de su actividad al frente del Juzgado de Instrucción Nº 5 hasta que se dicten las tres sentencias.
Otra de las causas, para la que todavía no hay fecha de apertura, es por haber aceptado participar en EE.UU. en unos cursos pagos que estaban patrocinados por el Banco Santander, cuando él era a su vez juez en un caso en el que se juzgaba a directivos de dicha entidad.
Pero sin duda el otro juicio contra Garzón que más polémica e indignación provoca es el que comienza esta misma semana.
Impunidad para los crímenes del franquismo. Garzón verá de nuevo las caras a los jueces a partir del lunes, al tener que responder también por un supuesto delito de prevaricación.
El “delito” del magistrado consistió en aceptar en 2008 el reclamo de 22 organizaciones de familiares de víctimas del franquismo, para que investigara el paradero de los más de 113.000 republicanos desaparecidos durante la Guerra Civil –1936/1939– y años posteriores. La mayoría de ellos fueron enterrados en fosas comunes a lo largo y ancho de España.
En España se calcula que fueron robados a sus padres cerca de 30.000 niños, en la mayoría de los casos gracias a la complicidad de religiosas de conventos y hospitales y a funcionarios del régimen franquista.
A pesar de existir una ley de amnistía de 1977 –anterior, por otra parte, a la Constitución democrática de 1978–, Garzón argumentó su derecho a investigar esos casos, al calificarlos de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, ser imprescriptibles.
Pero el Tribunal Supremo aceptó las acusaciones de prevaricación presentadas contra él… por tres organizaciones ultraderechistas, la Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad.
Se da, así, una gravísima paradoja: el juez que más impulsó en España el concepto de Justicia universal y que estimuló con su acción juicios en Chile, Argentina y tantos otros países, no puede sin embargo juzgar los crímenes de la dictadura de su propia país.
En estos momentos tan duros por los que atraviesa, para Garzón es un gran aliciente ver que los tribunales argentinos son ahora los que aceptan las denuncias de familias de víctimas del franquismo y asumen su responsabilidad para juzgar esos crímenes.
Amnistía Internacional emitió un comunicado de solidaridad con el juez. En él dice: “La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias”.
Sin duda, si Franco se levantara disfrutaría viendo cómo funciona la Justicia en España treinta y siete años después de su muerte y 77 desde su incruento golpe de Estado contra la II República.
El “delito” del magistrado consistió en aceptar en 2008 el reclamo de 22 organizaciones de familiares de víctimas del franquismo, para que investigara el paradero de los más de 113.000 republicanos desaparecidos durante la Guerra Civil –1936/1939– y años posteriores. La mayoría de ellos fueron enterrados en fosas comunes a lo largo y ancho de España.
En España se calcula que fueron robados a sus padres cerca de 30.000 niños, en la mayoría de los casos gracias a la complicidad de religiosas de conventos y hospitales y a funcionarios del régimen franquista.
A pesar de existir una ley de amnistía de 1977 –anterior, por otra parte, a la Constitución democrática de 1978–, Garzón argumentó su derecho a investigar esos casos, al calificarlos de crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, ser imprescriptibles.
Pero el Tribunal Supremo aceptó las acusaciones de prevaricación presentadas contra él… por tres organizaciones ultraderechistas, la Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad.
Se da, así, una gravísima paradoja: el juez que más impulsó en España el concepto de Justicia universal y que estimuló con su acción juicios en Chile, Argentina y tantos otros países, no puede sin embargo juzgar los crímenes de la dictadura de su propia país.
En estos momentos tan duros por los que atraviesa, para Garzón es un gran aliciente ver que los tribunales argentinos son ahora los que aceptan las denuncias de familias de víctimas del franquismo y asumen su responsabilidad para juzgar esos crímenes.
Amnistía Internacional emitió un comunicado de solidaridad con el juez. En él dice: “La Ley de Amnistía de 1977 y otros mecanismos de impunidad han sido invocados expresamente para perseguir a un juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias”.
Sin duda, si Franco se levantara disfrutaría viendo cómo funciona la Justicia en España treinta y siete años después de su muerte y 77 desde su incruento golpe de Estado contra la II República.
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