Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema presenta su libro Derechos humanos: justicia y reparación. Su intención de que llegue a escuelas y universidades para que la historia no vuelva a repetirse. La lentitud de los procesos y su aparente falta de resolución.
Por Rubén Pereyra
La oficina parece que se le viene encima. Los libros llenan cada estante del austero despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Sentado, al recibir a Veintitrés se incorpora y extiende su mano en gesto amable. Una actitud que no abandonará hasta que nos retiramos de su oficina, a pesar de la molestia de posar para las fotos cuando los teléfonos sonaban insistentemente para marcar el final del tiempo que teníamos asignado para la entrevista. La excusa: la publicación del libro Derechos humanos: justicia y reparación, que el titular del máximo tribunal presentará el martes 27 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.
–¿Por qué un libro sobre derechos humanos?
–Por varias razones. La primera es sostener y defender los juicios de lesa humanidad, porque se han hecho realmente en una extensión y profundidad que se han transformado en un ejemplo para toda la comunidad de países que sufrieron el terrorismo de Estado. Es una experiencia que hay que defender, porque como toda acción genera una reacción siempre hay personas que quieren detener o dar marcha atrás con este proceso. Difundir esto es una manera de que la población tome conciencia de la importancia que tiene. La segunda razón es la educación, que tiene que ver con el futuro. Esta experiencia que llevamos adelante tiene que tener raíces suficientes para que las futuras generaciones no vuelvan a sufrir el terrorismo de Estado. Lamentablemente hay muchos países en los cuales después de muchos años se volvió a repetir el terrorismo, o el surgimiento de partidos neonazis, o dirigentes políticos que niegan el Holocausto. Lo más importante es que tengamos presente que hay una dimensión del pasado, que es el juzgamiento y la memoria, y una dimensión de futuro, que es la educación, para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan opinar y disentir libremente sin que el Estado los persiga, los secuestre o los torture. Entonces es muy importante que tengamos un libro, que tendría que difundirse en todos los niveles sociales, y sobre todo en el educativo. Nuestra idea es convocar a una nueva comisión interpoderes enfocada en la educación, que nos permita llevar a cabo una política de Estado que difunda todo el material existente en materia de juicios de lesa humanidad.
–¿Cómo hacer para que el tema llegue a las escuelas sin que sea tomado como un problema partidario?
–Bueno, creo que nadie lo ha planteado de esa manera, más bien se lo ha visto como un tema de Estado, de toda la sociedad. Nosotros decimos en el libro que este tema nace de la lucha de miles de personas durante la dictadura: los organismos de derechos humanos, los políticos, los artistas, los abogados, todos los sectores que fueron luchando y generando la necesidad del enjuiciamiento, que primero fue en el extranjero. Después, con la democracia, se abrió el juicio a las juntas; luego hubo un retroceso con las amnistías y el indulto. Pero con la renovación floreció nuevamente el tema y se reiniciaron los juicios por apropiaciones, los juicios de la verdad, la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía y la apertura de todos los procesos. Es decir, si uno lo ve desde el punto de vista histórico son procesos en los que la sociedad en su conjunto es la que va luchando y tratando de progresar. Hoy podemos decir con orgullo que esto forma parte del contrato social de los argentinos.
–Respecto de los crímenes cometidos por grupos guerrilleros, hay sectores que plantean que deberían considerarse también crímenes de lesa humanidad. ¿Esta discusión continúa o está superada?
–No puedo adelantar una opinión específica porque esto está en la Justicia, pero hay fallos dictados en los que se dice que éstos no son crímenes de lesa humanidad; pero, ya le digo, esto va a llegar a la Corte. Lo que sí nosotros hemos dicho es que con la definición de delito de lesa humanidad hay que tener mucho cuidado, porque la regla general en materia penal es que hay que respetar todas las garantías, entre las cuales está la posibilidad de la prescripción. En los delitos de lesa humanidad no hay prescripción, no hay amnistía ni indulto. Porque es el Estado el que persigue a la población civil dictando leyes que legitiman su propio accionar y ocultando la información. Entonces es muy difícil que ese mismo Estado, cuando está ejecutando esta acción, pueda investigar. Durante los juicios de Nuremberg fue que se comenzó a revisar esta noción y se dijo: hay que perseguir, no importa el tiempo, no hay amnistía, no hay indulto; de esa manera también hay un mensaje a quienes quieran apelar al terrorismo de Estado. Hay que tener mucho cuidado, entonces, de extenderla a cualquier otro caso, porque si no hay prescripción podríamos retroceder hasta épocas de la corona española y nadie está planteando eso.
–¿Y los crímenes de la Triple A cómo estarían encuadrados?
–También en ese tema hay causas judiciales, y ahí se ha planteado que esa organización formaba parte del Estado; pero hay distintas opiniones sobre las cuales no puedo contestar porque todo eso está en camino de venir a la Corte.
–Volvamos al tema de la educación: ¿a qué niveles debería llegar y de qué manera?
–Estamos haciendo contactos con los demás poderes del Estado para crear una comisión interpoderes basada en la educación. Cuando se abrieron estos juicios el desafío fue muy grande, y entonces creamos en el ámbito de la Corte una comisión interpoderes para organizar los juicios, que funciona muy bien. Es una muy buena experiencia. Esto abarca varios niveles. Uno es el sistema educativo, es decir, material para que en la escuela primaria o secundaria se puedan conocer estos temas. En Alemania es así, no debiera llamar la atención. Todos los países que han tenido estas experiencias tan dramáticas reflexionan todo el tiempo sobre ellas para que no se repitan. Queremos tener un panorama de todas las universidades que tengan cátedra de derechos humanos, para que un capítulo esté destinado a esto. También está la discusión pública, es decir, para aquel que no está en el sistema educativo; se pueden hacer videos para difundir en televisión. Hay muchísimo material que se ha ido juntando, sobre algunos juicios, el modo en que han sido llevados y filmaciones sobre los centros clandestinos de detención. Existe la posibilidad de hacer documentales explicativos de algunos de los principales hechos. Hemos hablado también con la autoridad de medios para que esto pueda ser canalizado. También existe otro aspecto que es muy importante, y es que todo este material pueda ser digitalizado. No sólo el libro, sino todo el material que hay respecto de lesa humanidad, para que sea materia de investigación histórica. Si uno se pone a analizar por qué ha ocurrido el terrorismo de Estado, no sólo en la Argentina sino en general, hay un proceso inicial en el cual las sociedades aparecen adormecidas y toleran lo que debe ser intolerable. Y después, cuando se despiertan, ya es tarde. El secreto de esto es reforzar las alarmas de la sociedad, que hoy en la Argentina están muy bien pero hay que reforzarlas. La discusión permanente es la mejor defensa contra cualquier posibilidad de totalitarismo.
–¿La Argentina es un ejemplo en materia de derechos humanos?
–Sí, hoy lo es, y lo dice el juez Garzón en el prólogo. Nuestro país lleva adelante el proceso más amplio del mundo. Pensemos que hay muchos países que tuvieron dictaduras y terrorismo de Estado y no hicieron nada. Sólo el olvido. Algunos dictaron leyes de amnistía y otros hicieron juicios acotados a los principales responsables. La Argentina no sólo enjuició a los principales responsables en lo que fue el juicio a las juntas, sino que hoy tiene más de 800 procesados y 200 condenados aproximadamente, y el proceso sigue. Tenemos sacerdotes y jueces condenados, que fueron partícipes directos en el terrorismo de Estado, o sea, es un proceso muy amplio a lo ancho y a lo largo del país. En muchos lugares se formaron tribunales especiales para juzgar a los responsables de estos delitos, pero acá no hay tribunales ni leyes especiales, se los juzga igual que a cualquier otro ciudadano con el debido proceso, y en todo el país. Por eso hay tanto interés en otros países por conocer el caso argentino.
–Hay un problema que aparece como insuperable, que es el tiempo. Algunos represores se mueren sin ser condenados. Si bien la Corte ha tomado medidas en este sentido, ¿hay alguna otra forma de acelerar los juicios?
–Hemos hecho todo lo que se puede hacer con los recursos que hay. Y en eso participaron los tres poderes del Estado. Naturalmente que si nombráramos más jueces y creáramos más juzgados, sería más rápido. Pero acá el problema es que el cuello de botella es la cantidad de jueces. Imagínese que una causa como la del Primer Cuerpo de Ejército, que es una megacausa, lleva mucho tiempo. La mejor manera de acelerar los juicios hoy es poner mayor cantidad de jueces. Tal vez hace muchos años se pudo haber hecho un análisis distinto, dictar una ley, por ejemplo, que pudiera organizar mejor eso, o unificar los juicios por centros clandestinos. Pero esos instrumentos hoy no existen y no van a existir. Con lo que hoy tenemos la única manera de acelerar los juicios es poner más cantidad de jueces. Los tribunales orales están saturados y están prácticamente dedicados a estas causas. Hay también muchos problemas con los espacios físicos. Hay juicios que se llevan a cabo fuera de los tribunales. Lo ideal sería terminar mucho más rápido, pero no es sencillo, porque a las dificultades que mencionamos se suma que hay que garantizar el derecho de defensa. Los acusados interponen muchísimos recursos, y cada cuestión que plantean pasa por muchísimas instancias hasta llegar a la Corte. La mayoría tiene defensores oficiales, es decir que el Estado les garantiza la defensa –lo cual es correcto–; esos defensores tienen que cumplir su trabajo y entonces interponen esos recursos.
–Se han recuperado más de 100 nietos, pero todavía faltan muchos. ¿Cree que algún día se conocerá toda la verdad?
–Se está haciendo un gran trabajo de parte de Abuelas, y se ha avanzado muchísmo. Me parece también que va cambiando la concepción que los propios chicos apropiados van teniendo, porque antes había mucha más resistencia a la búsqueda de sus propios orígenes. En estos casos sí se necesita tiempo.
–Hace poco, respecto de un tema frívolo, se puso nuevamente sobre el tapete la cuestión de los bienes apropiados por civiles durante la dictadura. ¿Cree que eso constituye un delito de lesa humanidad?
–Bueno, hay que ver los hechos concretos porque no se puede opinar en abstracto. La definición de delito de lesa humanidad es muy estricta y está muy bien especificada.
–El más conocido es el de Papel Prensa.
–Es que algunos de esos casos llegaron o llegarán a la Corte, no puedo adelantar una opinión, pero sí creo que hay que analizar cada caso en particular.
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