Una protesta en un penal de Melchor Romero desnudó los intentos para ocultar la situación en la cárceles bonaerenses. El ministro Casal premia a sus hombres fieles.
Por Sebastián Hacher
La idea circuló en las redes sociales: la aparición del cuerpo de Tomás Santillán, el niño de nueve años asesinado en Lincoln, opacó la noticia del crimen de Cristian Ferreyra, el militante campesino fusilado en Santiago del Estero. Quienes lo hicieron notar no contraponían una muerte a la otra, sino que explicaban algo cotidiano: la costumbre de que una noticia trágica tape a su precedente, sobre todo cuando ambas tienen implicancias políticas o sociales profundas. El fenómeno no se repite por orden de un director de programación perverso, sino por la propia lógica de los medios. Hace tiempo, alguien los definió como una inmensa máquina de generar olvido.Previo a las muertes de Tomás y Cristian Ferreyra, la semana parecía estar signada por una noticia que luego se hundió en el silencio: el extraño motín que tuvo en vilo hasta el martes por la mañana a la Unidad 29, la cárcel de máxima seguridad de Melchor Romero.“Se trata de un preso con problemas psiquiátricos”, dijo a los medios César Albarracín, subsecretario de Política Criminal del Servicio Penitenciario Bonaerense. El funcionario sostuvo que el amotinado era uno solo y que mantenía a un guardia de rehén, aunque no era siempre el mismo: cuando el retenido se cansaba, salía y lo reemplazaba otro de sus compañeros. Albarracín también contó que las demandas del preso, al que calificó de “un recluso con extenso prontuario” eran confusas: no se sabía qué pretendía. Tal cuál la planteaba el subsecretario, la noticia era tan bizarra que se convirtió en un trending topic de Twitter: durante algunas horas, fue uno de los temas más comentados de la red.Recién a las diez de la mañana del martes, cuando la medida de fuerza estaba terminada, se conoció la identidad del amotinado: Fabián Sampietro.No haber dicho su nombre antes era contar menos de la mitad de la historia. Sampietro es un preso que lleva más de dos décadas detenido, y que denunció al Servicio Penitenciario por las torturas que sufrió en la Unidad 45, también de Melchor Romero. Allí, Sampietro fue atacado por su trabajo en pos de los derechos de los reclusos. En julio de este año, estaba con un régimen de arresto domiciliario y salidas laborales. Cuando la causa por torturas avanzó, el beneficio le fue retirado luego de un inusual trabajo de inteligencia del Servicio Penitenciario, en el que se descubrió que luego de vender libros en la puerta de la Facultad de Derecho en La Plata, solía llegar unos minutos después de lo establecido a su casa. Luego de ser detenido, Sampietro hizo una huelga de hambre de más de 70 días, una medida de protesta que casi termina con su vida.Ahora lleva más de seis meses en la Unidad 29, una cárcel que desde su fundación es señalada como un centro de torturas, con leoneras al aire libre, sin calefacción, agua potable o colchones. La situación es tan extrema que en 2008, una jueza ordenó su clausura. Desde entonces hubo mejoras. Ahora, por ejemplo, hay agua caliente. En cambio, dejó de haber agua fría: para tomar un trago hay que dejarla reposar hasta que se vuelva tibia. Algo parecido pasó con la calefacción: hoy funciona, pero no se apaga hasta que el verano se vuelve insoportable.Hace ya más de dos años, la sala 3ra de la Cámara de Apelaciones de La Plata dictaminó que los presos no pueden estar en sus celdas por más de 72 horas. Fabián Sampietro estuvo seis meses. Otros presos en su misma situación nunca logran recuperarse luego de vivir tanto tiempo en esas condiciones y sin teléfono, con todo contacto con el exterior negado. Un abogado que suele visitar sus pabellones se horroriza cuando describe la situación. “Vi presos con mandíbulas rotas, costillas, dientes arrancados a patadas. A uno lo dejaron cuatro años, entre las palizas y la soledad enloqueció. Lo encontramos con marcas de ahorcamiento, todo golpeado y delirando”.En la protesta que protagonizó Sampietro –según fuentes con acceso a la causa– hubo otros cinco reclusos. Las demandas eran mejorar las condiciones de detención –entre ellas, la falta de comida y colchones– y acelerar las causas: uno de los protagonistas está preso hace 10 años sin sentencia firme.Una semana antes de esa protesta, un grupo de presos de la Unidad 45, también de Melchor Romero, denunció que eran obligados a salir de noche a robar autos y casas en la Capital Federal. En su declaración, seis de ellos aseguraron que los agentes penitenciarios les entregaban uniformes policiales, armas y autos y que luego se quedaban con el botín.En la página web de Radio Provincia, la entrevista que le habían hecho en vivo a una abogada del Comité contra la Tortura para dar cuenta de esa situación, desapareció y fue reemplazada por un audio del subsecretario Albarracín. “Queremos hacer notar que es corriente que los internos hagan denuncias de este tipo”, dijo.La censura fue denunciada en distintos medios, pero no sorprendió. “Cada vez que presentamos el informe anual sobre condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires”, explicó a Miradas al Sur Alejandro Mosquera, del Comité contra la Tortura, “ellos tratan de desmentir y ocultar nuestro trabajo, que está hecho en base a un relevamiento de campo, causas judiciales y las propias estadísticas que elaboran ellos. Lo que niegan son datos duros”.Previo al incidente de Sampietro y a la denuncia de los presos de la Unidad 45, Albarracín y el Comité contra la Tortura se cruzaron en marzo, durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión discutió las condiciones de detención de los presos en el territorio bonaerense. Después de la exposición de los representantes del Comité y del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el subsecretario Albarracín intentó decir que todo era falso. Para demostrarlo, proyectó un video donde un grupo de presas ubicadas en una casa de medio camino del Servicio Penitenciario decía que “no daban ganas de irse” de un lugar tan bueno.–Esa señora miente –dijo el subsecretario, señalando a la representante del Comité contra la Tortura cuando le tocó hacer uso de la palabra.Parecía furioso: entre dientes, más tarde acusó a los denunciantes de hablar desde la ideología y no desde la realidad. Pero su rostro pasó de morado a blanco cuando del otro lado proyectaron otro video –que se puede ver en Youtube.com buscando “Condiciones de detención en la Unidad 48”– donde se mostraba el hacinamiento y torturas a la que son sometidos los presos. Verlo no es apto para impresionables, pero sirve para entender por qué las cárceles fracasan en resocializar a cualquiera que tenga la desgracia de pasar por ellas. Sólo en uno de los pabellones de esa unidad, el Comité encontró una sobrepoblación del 244%, donde la mitad de los detenidos padecieron torturas graves.Tratar de negar esas situaciones e intentar hacer pasar las denuncias por actos de locura o complots políticos tiene su premio. El subsecretario Albarracín pronto dejará de serlo: su nombre es cantado para ocupar la vacante como Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Quilmes, un cargo que no sólo es cotizado por su importancia, sino por vitalicio. Igual suerte tendrá el actual jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Javier Mendoza, que será nombrado juez en la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata. Las ternas para ocupar esos cargos fueron enviadas al senado de la provincia por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, el hombre que empezó su carrera como guardiacárcel, y que parece haber prometido no defraudar a sus compañeros de armas que le son fieles. El olvido, ese lugar común en el que suelen caer los temas carcelarios, ayuda a que este tipo de prácticas tiendan a perpetuarse.
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