martes, 31 de mayo de 2011

CANILLITAS: LOS OTROS AMIGOS DEL BARRIO



Eternos madrugadores pelean para que su oficio siga vigente. Aquellos purretes de piernas flacas y estos profesionales del vender noticias mantienen intactos sus rituales.


Por Soledad Lofredo


A las cinco de la mañana de un día de octubre, sólo las luces artificiales iluminan la calle. En la entrada de la estación Martín Coronado del ferrocarril General Urquiza que une Federico Lacroze con General Lemos, en el Partido de San Miguel, tres policías empiezan una ronda de mate con los de seguridad de la estación. La primera cebada despeja las caras de dormidos, y el paquete de facturas que abren llama la atención de los perros que vagabundean por ahí. Comienza la rutina diaria. “Buen día, ¿cómo va eso?”, repican los canillitas estirando la “í”al desplegar sus puestos.Fue Florencio Sánchez el que inventó la palabra canillitas. Al dramaturgo uruguayo lo inspiró ver un pibe vendiendo diarios en la calle, con los pantalones cortos, dejando al descubierto las piernas flacas. Corría 1907, canillita suplantaba al tradicional diariero.Hay dos vendedores de diarios en la estación Martín Coronado: Mario y Juan Carlos. Son tan parecidos que se los puede confundir con mellizos. Lo único que los diferencia es el peinado: Mario se para el pelo con gel, Juan Carlos se lo peina bien prolijo. Como todos los días, desde las cinco de la mañana esperan a que llegue el reparto. El camión recién llega entre las seis y media y las siete. La rutina para soportar la espera incluye barrido de vereda, acomodo de películas, libros y suplementos, preparación de devoluciones. Tienen de todo en su kiosco. Y si no lo tienen, lo piden. “El problema son los domingos”, afirman. “Hay gente que se levanta muy temprano para venir a buscar el diario, pero a nosotros nos llega tarde.” Mario y Juan Carlos ponen su mejor cara, le echan la culpa al camión que se demoró, miran resignados. El día continúa.Dentro del puesto, simulando el misterio de la caja de Pandora, hay dos estantes: el mate, el termo, el teléfono para tomar los pedidos. Sobre la superficie, donde descansan los brazos, van todos los diarios: de izquierda a derecha, empezando por los de mayor tirada. Para no mancharse la ropa con la tinta, eligen una pila de revistas donde apoyar los codos.A diez cuadras de distancia, en la estación Palomar del ferrocarril San Martín, de la mano que va a Retiro, otro canillita abre su puesto, tres veces más chico que el de los mellizos de Coronado, pero igual de concurrido. Tiene todos los diarios y revistas, y además, libritos de crucigramas con lapiceras. Eso sí, cierra temprano, a las doce. A esa hora, la estación es un páramo.En Chacarita, cabecera del recorrido, miles de personas siguen su camino al trabajo en el subte. Tres metros abajo y desde las seis de la mañana, el canillita compite con los diarios gratuitos. En su puesto se suman los mapas de la Argentina, los cómics japoneses y las revistas triple X. “Por trabajar acá, el médico me dijo que me iba a quedar sordo”, cuenta José. “Eso fue hace diez años, y tan mal no estoy”, se ríe. Hace cuatro décadas que está en el puesto, y todos los días se banca a la multitud que baja a la estación preguntando, reclamando, con el billete en la mano, apurada.




Escenas cotidianas.






En la superficie, unas cuadras más allá, el pibe que vende en la esquina de Juan B. Justo y Muñecas, es petiso y no pesa más de 50 kilos.Cruza sobre su pecho la correa del bolso que rebalsa de diarios. Pero sólo los más conocidos. “Si me falta alguno voy corriendo y lo traigo.” Literal. Desde los autos ven que el chico vuela hasta el puesto de diarios y vuelve al trote. “Es que yo gano 50 centavos por cada diario que vendo”, aclara casi sin aire, mientras esquiva autos más por inercia que por reflejo.En José Marmol, al sur del Gran Buenos Aires, vive y trabaja Martín, de 33 años. Él conoce la prensa escrita en todas sus facetas. “Cuando tenía 14 años estaban de moda unos pantalones de marca, muy caros. Una noche que iba a ir a bailar, increpé a mi viejo y le pregunté por qué yo no tenía esos pantalones. ‘No te olvidés nunca que vos sos un trabajador’, me dijo y al día siguiente me mandó a laburar al puesto de diarios”, recuerda. “En esa época, yo vivía en Florencio Varela. Ni viajar sabía. Hacía el secundario y al puesto iba sábados y domingos.” Años más tarde, el oficio lo marcó: eligió como carrera el periodismo. “Había muchas cosas en las que la facultad me daba el contenido teórico, yo ya tenía el contenido práctico por mirar 650 tapas de diarios y revistas. Entre las 10 y las 12 podía leer de todo, porque en ese horario bajaban un poco las ventas”, dice.Según sus cálculos, el 35 por ciento de lo que se vende en un puesto es porque el lector pregunta y el canilla aconseja. “Somos más que vendedores: yo tengo 25 llaves de casas de mis clientes para dejarles el pedido cuando se van de vacaciones. Hoy, ¿eh?, que nadie te deja entrar a su casa. Pero ya tenés un vínculo de confianza. Ese también es uno de los motivos del fracaso de las suscripciones: no quieren romper la relación con los canillitas.”Además de vender diarios, los canillas también son financistas. “Los clientes pagan cuando cobran, cuando vence el mes. A veces, tenemos que esperar hasta 45 días”, aclara Martín. Y agrega: “El puesto de diario es un laburo, está regulado por el Ministerio de Trabajo, y eso garantiza que no impongamos ni precio ni stock, y sobre todo, que en cada zona haya un puesto que abastezca a los vecinos. Todos deben tener acceso a la lectura”.






Un oficio, muchas vocaciones.






Además del canilla del barrio, existe el diariero de paso. Ese que está en la parada del colectivo, sobre avenidas transitadas.Es el caso de los canillitas del centro. Ellos también esperan, desde las cinco de la mañana, el encuentro con el comprador. A esa hora, por Avenida de Mayo, algunos clientes salen de bailar o de los bares, compran alguna revista de música que esté de moda, o la Barcelona, y se cruzan con los que están por entrar a trabajar, los compradores de diarios de deportes o de noticias. Los vendedores ya no se asombran de ese cruce de los que salen con algunas copas de más y de los que llegan dormidos a la parada del colectivo. Saben que los diarieros son ese vértice donde la gente se encuentra.Florencio Sánchez, luego de inventarles el apodo, escribió para su obra de teatro Canillita: “No soy pillete / y para un diario / soy un elemento / muy necesario”. Tras su muerte, el 7 de noviembre de 1910, el día fue consagrado como el del canillita.El tango también les dio un gran espacio. Sus compositores veían al vendedor de diarios como uno de los personajes principales a la hora de la inspiración, porque era el que más laburaba en la calle.Como se ve, los canillas son algo más que el nexo que une al lector con el escritor. Son los mejores orientadores de los embrollos geográficos de la ciudad. Y muchos consideran que son más confiables que la Guía T. Entonces, cualquier calle o lugar es preguntado al hombre dentro del puesto. Por ejemplo, en Corrientes y Florida, a pocos pasos de una gran cadena de comidas rápidas, el canilla no se cansa de señalar el camino más certero para llegar hasta donde se quiera ir. Justamente en el centro es donde funcionan los kioscos de diarios abiertos las 24 horas.¿Por qué hay kioscos que están abiertos todo el día y otros no? “Cuando no estaba el cable, ni internet, y sólo la radio AM era competencia, la prensa gráfica vendía casi dos millones y medio de ejemplares”, afirma el diputado y ex canilla Omar Plaini. “Hoy no llegamos al millón. El kiosco donde algún compañero esté horas de la tarde o de la noche sin vender nada, no resulta para nada conveniente, es un costo que no se puede solventar”, aclara. Y se emociona: “Es por eso que, a falta de que todos los quioscos estén todo el día, llegamos con el reparto a domicilio a todos los lugares y en todas las zonas del país. En zonas conflictivas, complicadas, zonas en donde no hay bibliotecas ni cadenas de video club ni librerías. Los clientes son nuestros vecinos, que con los años se convierten en amigos. Hay zonas que son terribles, pero el canilla está informando, llevando la mirada de quienes escriben, de domingo a domingo”.El canillita es, además de un vendedor, el que pone las publicidades de los negocios del barrio, y el que entrega todo en una bolsita para que uno no se manche las manos. Detrás del que vende el diario hay un personaje con muchísimas historias. Sólo hay que acercarse a uno para empezar a escucharlas.






• Cuando vendían arriba de un mateo






Hasta 1890 comprar un diario no era tan fácil y la gente debía ir hasta los talleres gráficos o las redacciones de los medios para conocer las buenas nuevas de cada día. A partir de ese año, Manuel Bilbao, un exiliado chileno y dueño del La República, uno de los diarios más importantes de la época, instrumentó la idea de armar un sistema de ventas arriba de mateos. Ya existían los chicos que iban de un lado a otro voceando las últimas novedades pero la incorporación del caballo impuso un salto de calidad. Pocos años después, los canillas harían lo mismo pero arriba de chatas y colgados de tranvías y bondis, detalla Carlos Ulanovsky en su libro Paren las Rotativas, de Editorial Emecé. Ya en 1915 los recorridos estaban formalmente constituidos: a cambio de unas monedas algunas personas trasladaban los bultos de impresos hasta los puntos de venta para que los vendedores cumplieran su tarea. Para ese entonces, los canillitas ya eran parte del paisaje habitual.

"LA VERDADERA REVOLUCIÓN ES LA DE LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y SE HACEN LIBRES"



Rodrigo de la Serna se pone en la piel de San Martin para Revolución, el cruce de los Andes.


Por Jimena Arnolfi


En Okupas (Canal 7, 2000, guionado y dirigido por Bruno Stragnaro) fue Ricardo, un chico de clase media que se instalaba en una casa abandonada donde conocía a tres pibes de la calle que le mostraban esa marginalidad de la Buenos Aires del post menemismo. Después llegó Sol Negro (Canal América, 2003, dirigido por Alejandro Maci) y su papel de chico problemático de familia bien que terminaba en un neuropsiquiátrico rodeado de locos: “Dichosos los normales, esos seres extraños”, se leía en la pantalla al comenzar. En cine, su debut internacional llegó con Diarios de Motocicleta (2004, dir. Walter Salles) donde fue Alberto Granados, el amigo del joven Che Guevara, a bordo de La Poderosa en sus viajes por Latinoamérica. En 2006, protagonizó Crónica de una fuga, una película de Adrián Caetano sobre un hecho real: la única fuga registrada de ex detenidos desaparecidos en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.Este recorrido –para decir que si los papeles de De la Serna hablaran, tendrían mucho para decir de él– no es azaroso. “Me interesan los proyectos en donde hay que poner algo más que profesionalismo, se da una energía diferente cuando se trabaja para contar una historia que de por sí conmueve en lo personal porque es parte de la historia de todos”, explica el actor nacido en 1976.Leandro Ipiña, el director de Revolución, el cruce de los Andes, cuenta que llamó a De la Serna “tímidamente” para proponerle el papel principal de su película: “Él venía con mucha exposición después de la película del Che y cuando le conté dijo algo así como “¡Hacer de San Martín para un actor es uno de los sueños del pibe!”. En la escena en donde se narra el momento previo a la batalla de Chacabuco, cuando San Martín arenga al ejército, Rodrigo de la Serna tomó dimensión de lo que estaba pasando: “Es el clímax de la película, ahí me di cuenta. Yo estaba encarnando a San Martín, con toda la gente del lugar tratándome como si fuera el San Martín de verdad”, se ríe.–Se apela a un reduccionismo cuando se bautiza a San Martín como Padre de la Patria. ¿Padre de cuál patria?–Sí, es un error. San Martín es un padre latinoamericano, fue el que hizo posible la revolución. En la Argentina, la mitad del siglo XIX fue muy distinta a la segunda. La Nación se construyó a partir de la primera constitución. En ese momento no existía eso de europeizar el país y achicarlo. El plan era la integración de la región. Esas fueron las ideas que tenían San Martín y Bolívar. El país se acababa de liberar de un yugo de más de 300 años, de un sistema de castas muy severo. Creo que ésa fue la verdadera revolución también... los pueblos que pudieron luchar y hacerse libres. San Martín va forjando su identidad al mismo tiempo que la forja el continente. La identidad estaba conformándose como todavía hoy estamos conformándola como argentinos.–Rever el concepto de Patria Grande en el contexto actual de integración latinoamericana, ¿resignifica la conformación de la identidad?–Tenemos una identidad muy compleja. San Martín estaría más que contento con todo lo que está pasando en la región. Se parece mucho a lo que él soñó. Hermandad entre los pueblos sudamericanos, la soberanía, la dignidad ante los países que nos creían subalternos. Uno tiene que saber la historia del país. No tiene nada que ver con la historia escrita por Mitre, con el país que imaginó junto a Sarmiento, la guerra de la Triple Alianza, la Conquista del Desierto. Hay cosas que subsanar en la historia que nos legaron, hay que complementarla y hay que ampliarla. Por esta razón, hay que revisionar la historia, para generar nuevos contenidos que lleguen a nuevas generaciones y se planteen estos debates necesarios para construir nuestra identidad. No podemos cercenar parte de nuestra historia. No podemos negar que tenemos ascendencia africana, ascendencia indígena. No podemos negar que acá hubo genocidios tremendos. El primer genocidio, la guerra del Paraguay; hay que revisionar eso también, la Conquista del Desierto. Cambió de signo a partir de Mitre, pero el ejército que inventa San Martín es desde el pueblo para el pueblo. Es una revolución popular.–¿Se recreó algo de esa mística en las filmaciones en la Cordillera?–Todos éramos conscientes de que estábamos creando una película que permitía pensar nuestro pasado. Está bueno cuando el cine es esa especie de circo moderno. Éramos unos transformantes que llegábamos ahí, los técnicos, la gente de vestuario, de arte, los actores, los extras. Se llevaban las mulas para hacer las escenas que salían a las 3 de la mañana. Estuvimos en los lugares pobres donde se decidió la revolución. Es importante que no se olvide el pueblo. Desde un lugar de barro se puede levantar y es el pueblo quien pudo hacer una revolución que encendió la mecha en todo el continente. Eso es maravilloso. Eso es la verdadera revolución, ¿no? La alquimia que se generó en el pueblo de Cuyo. Todo lo que sucedió allí. San Martín le pedía armamentos a Buenos Aires, cuando le contestaban que no había, decidía hacer las fábricas con lo que tenía a mano. Hizo escuelas, levantó el pueblo, embelleció la ciudad, generó conciencia en las personas. Todo el pueblo estaba volcado en esa cruzada. Esa alquimia que se generó me parece que es la verdadera revolución. Un pueblo que fue capaz de hacer cosas maravillosas y grandiosas para mejorar su condición.–¿Cuál fue la escena más difícil de llevar adelante?–La primera fue una escena muy compleja. No hay que perder de vista que la película es un thriller y tiene mucha épica. Se descubría un espía y era un momento de mucha tensión. San Martín decide abrirse de camino y tomar un atajo. Esto es un hecho real. San Martín sale último y llega primero. Había que recorrer todos los lugares, emotivos y de paranoia. Filmar esa primera escena, vestido de San Martín, con toda la gente ahí mirando fue la escena más difícil. Después de ésa, ya estaba sumergidísimo en la película. Todas las escenas presentaban dificultades, por cuestiones de logística y de despliegue; a dos mil metros de altura, el calor, la cantidad de extras, el vestuario.–¿Cómo explica esta tendencia al revisionismo histórico desde los contenidos audiovisuales?–Uno quiere saber de dónde vino. Hay que decir que el de hoy es un marco muy favorable para la reivindicación de la figura de San Martín en tanto héroe latinoamericano, en este caso puntual. Esta película no se hubiera podido hacer sin las libertades que tenemos hoy para trabajar desde el cine. Yo recuerdo que la última experiencia grande fue acaso con el mejor actor del país, que es Alfredo Alcón. Sin embargo, no se tuvo esa experiencia total de libertad. Se la hicieron difícil. Hoy cambió el paradigma.–Se involucra en proyectos en donde se presenta la política. Diarios de motocicleta, Crónica de una fuga, esta película… Ahora viene El Puntero, por Canal 13 ¿Cómo será su personaje?–Es un tipo que está sumido en una marginalidad suprema y trata de salir por donde puede. Está involucrado en la droga y se apoya mucho en el dirigente político que hace (Julio) Chávez. Es un elenco de lujo y a Julio lo admiro muchísimo. En lo que va de filmación, todavía no hay una bajada política partidaria. Y no debería haberla tampoco, la corrupción no tiene que ver con un partido político.
Revolución, el cruce de los Andes (Dir. Leandro Ipiña) es una de las películas más caras y arriesgadas del cine nacional en cuanto a producción: escenas de combate con caballos, espadas, armas, escenas de acción y efectos especiales. Si bien hay referentes antiguos como La Guerra Gaucha (1942, Dir: Lucas Demare) y Pampa Bárbara (1945, Dir: Lucas Demare), no es un género muy explorado en el país. Junto con Rodrigo de la Serna, participan 15 actores más en roles secundarios y alrededor de 1.400 extras que intervienen en distintos momentos a lo largo de las escenas del rodaje. La mayor parte del filme fue rodado en el pueblo de Barreal, ubicado al sudeste de la provincia de San Juan, en el Valle de Calingasta, aunque también se rodaron escenas en la Ciudad de Buenos Aires. Una geografía imponente enclavada entre la Cordillera de los Andes y la pre Cordillera. El filme es una coproducción entre Canal 7, Canal Encuentro y el Incaa, financiada también por la Televisión Española (TVE), el Gobierno de San Juan y la administración de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Un logro para el cine nacional: esta semana se estrena en 90 salas comerciales de todo el país.

"HAY QUE REGULAR TAMBIÉN LA SALUD PÚBLICA"



El proyecto de control sobre la medicina prepaga abre el debate sobre la necesidad de mejorar los controles de la seguridad social y en el ámbito estatal.


Por Francisco Balázs


En diálogo con Miradas al Sur, Federico Tobar, Doctor en Ciencia Política, economista de salud, sociólogo y Master en Administración, analiza los distintos procesos por los que atravesó el sistema de cobertura de salud en la Argentina a lo largo de las últimas décadas. Tobar fue responsable de la implementación y coordinación general del Programa Remediar, en el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Ginés González García, y trabaja actualmente en 14 países de latinoamérica en la planificación de políticas de salud. Afirma que la estrecha relación con el proceso de concentración de la riqueza iniciado en 1976, profundizado a través de las políticas neoliberales de la década del ’90, acentuó la desatención del Estado en el control de políticas públicas de salud y que el auge y crecimiento de las medicinas prepagas, promovieron la transferencia de la salud al sector privado. Analiza y desmitifica la percepción acerca de que lo privado es más eficiente que lo público y afirma que el éxito de las prepagas se basa en un sistema de venta de servicios de hotelería que no siempre están acompañados por calidad en términos de prácticas y controles de salud, y en el concepto de compra de salud que ejercen los usuarios de las medicinas prepagas. Además, concluye que más allá de las enormes dificultades, la Argentina sigue estando muy por arriba del resto de los países de la región.–¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta el sistema de salud en nuestro país?La Argentina se diferencia del resto del mundo, porque en el resto del mundo la medicina privada crece en contraste con la pública, y aquí no tiene nada que ver con el sector público. Aquí crece en contraste con la seguridad social, con las obras sociales. Es decir, las prepagas son la contracara de las obras sociales, no la del sector público. Y eso otorga una gran complejidad en la explicación de la evolución institucional y política. ¿Por qué? Por un lado, la Argentina expande su modelo de seguridad social muy vinculado al pleno empleo. Nosotros tuvimos varias décadas de pleno empleo desde el peronismo y, aún con todas las dificultades, la expansión de la cobertura de seguridad social se mantuvo y creció, incluso la financiación creció. En realidad, las obras sociales son parte de un pacto, digamos, de gobernabilidad que hace Perón con los sindicatos, que se expande fuerte en los años sesenta, incluso en los años de la dictadura de Onganía, que establece una ley que impone el aporte obligatorio de un porcentaje del salario de los asalariados, y que antes no era por ley. Con lo cual, llegamos a la década del setenta prácticamente con el 90% de la población con cobertura de seguridad social. Nosotros veníamos de un modelo casi socialista en cuanto a la distribución del ingreso y pasamos brutalmente a un modelo capitalista, al igual que el resto de América latina. Entonces, en la medida en que se da ese proceso de concentración, hay sectores de mayor ingreso, con mayor expectativa de consumo, que no quedan satisfechos con un sistema mutual como era el de las obras sociales, tampoco queda satisfecho con las obras sociales de Dirección. Entonces, todo ese segmento de poder adquisitivo relativamente alto aparece interesado en comprarse, y me parece muy clara la definición porque, además, está en el vocabulario de ellos, comprarse su salud.–Usted menciona que en los ochenta, debilitadas las obras sociales luego de la dictadura, quedó en evidencia la declinación del Estado en la atención de la salud pública. -Sí, la total omisión del Estado durante todo ese período. En realidad, al Estado jamás le preocupó la salud, nunca, bajo ningún gobierno, con excepción de Ramón Carrillo, durante los primeros dos gobiernos de Juan D. Perón; ni los gobiernos militares ni los gobiernos peronistas y radicales que vinieron después. Hasta mediados de los años ochenta, todos los asalariados del sector formal de la economía constituían una proporción muy alta, tenían acceso a la cobertura de una seguridad social que en ese momento era muy heterogénea y muy fragmentada, y el que podía contrataba, además, un tercer nivel de aseguramiento que le daba, básicamente, el derecho a algunos prestadores privados con cuartos particulares y aparece ahí lo que resulta más fuerte en términos de segmentación de mercado y es el tema de la hotelería, y hoy eso es clarísimo. La gente dice que Los Arcos es el mejor porque se opera Susana Giménez. Yo me acuerdo de que en algún momento, años atrás, el sanatorio que ahora es de Swiss Medical que está ahí sobre la avenida Pueyrredón era el top, ahora hay otros que están por encima, pero ése era el top, ¡y era el que tenía la mayor tasa de infección intrahospitalaria del país! Digo, en términos de calidad objetiva, no subjetiva, sino objetiva, en términos de indicadores sanitarios, era un desastre, y el mejor era un sanatorio de unas monjas que queda por avenida Gaona. Ahora, claro, era hotelería cero, las monjas tenían a todos cagando con la higiene, la precaución, lavarte las manos. El Estado desertó de esa función de regulación.–Qué tipo de control en términos de eficiencia y cumplimiento con la prestación de servicios tienen las obras sociales?–No tienen ningún tipo de regulación. De hecho, la única reglamentación que se implementó, mal que mal, se hizo en la década del ’90, y fue a través de la creación del PMO (Programa Médico Obligatorio), que resultó un piso interesante porque otorgó un poco más de homogeneidad en la prestación de servicios. Mal que mal, digo, porque el objetivo final de Menem era que las prepagas se quedaran con todo el mercado, eso está clarísimo. Pero el PMO mejoró la base de equidad en la financiación, al establecer un piso de ingreso a la obra social. Se saca un 10% de lo que contribuyen todos y un 15% de los que más ganan y eso va a un fondo solidario. Entonces, si una obra social tiene un ingreso menor, se le sube y se le pone ese piso. La deuda es que en ningún momento hubo reglamentaciones que establecieran algo parecido en términos de los trámites, en términos de la complejidades, de la telaraña burocrática que hay hoy para atenderse y que ha sido el principal motivo por el cual la gente que podía quedarse en su obra social se va al sistema privado.–¿Cómo se controla o audita la calidad en la prestación de servicios de salud, y cómo se podría incentivarla, como usted menciona?–Prácticamente no hay controles. En cuanto a cómo mejorar el servicio, una forma podría ser a partir de una regulación por resultados, en el sector público y en lo que es obras sociales y prepagas. Si vos le decís a la gente: “Mirá, en el sector público la esperanza de vida es de 70 años, en tal obra social es de tanto y en la prepaga es otro tanto, ahí empezás a marcar la cancha. Este tipo de regulación, de controles, eleva el piso de calidad en beneficio de todos los sectores, especialmente los de menores ingresos.–Mas allá de la demanda de hotelería y de mejor atención, ¿cuáles son los actuales estándares de cobertura y calidad de prestación?–Esto es interesante: nuestro PMO es un medio de prestaciones. De cada diez partos que se producen en Argentina solamente tres se hacen con los controles adecuados previos. De cada diez partos, 9,5 se hacen en instituciones, éste es un país altamente institucionalizado en ese sentido. Sin embargo, no se hacen con los controles previos, y cuando vos vas a ver quién te controla más, te controlan más en el sector público que en las obras sociales. Cuando se analizan las consultas durante el año, hay más consultas en el sector público y en las prepagas que en las obras sociales. En las prepagas, ¿por qué? Porque el que paga quiere consumir, pero no necesariamente tiene mejores resultados de salud, pero consume más. En las obras sociales, como es social, quedó la noción de que cada uno lo organiza como puede, los gremios dicen que es solidario porque hay una base solidaria, que consiste en que cada uno aporta en función a sus ingresos y todo el mundo tiene la misma cobertura. Ahora, si bien no existe una regulación con respecto a las obras sociales, más allá del PMO, la elevación de la calidad de ese piso queda librada al criterio de cada sindicato con su obra social. Y esto mejoró ahora, en la presidencia de Cristina Kirchner, porque se estableció lo que se llama el SAM, que es un valor de referencia en función de sexo y edad. O sea no es lo mismo cubrirte a vos que no vas nunca al médico, y a tu mujer que puede tener hijos y que va al médico más que vos, o a tu hijo que, como mínimo, una vez al año va. Entonces, bueno, por ellos se les paga más, y a un viejo se le paga mucho más. Y eso incorporó racionalidad al interior del sistema.–Cuál es el nivel de confianza actual en el sector de la atención público-primaria, ¿es considerado bueno, sigue siendo considerado bueno?–No te quepa la menor duda. El auge de las prepagas, lo que hizo que las prepagas se expandan es la mala respuesta no en calidad médica, porque los prestadores son los mismos, sino en la administrativa-organizativa de las obras sociales, que no tiene nada que ver con el Estado. Si tiene que ver con el Estado es por la función de regulación del Estado, no por el hospital público. Si vos le preguntás al tipo que tiene una prepaga te va a decir: “No, el hospital público es una mierda” y jamás, jamás fue, y se arma toda una mitología…–Hablando de percepciones objetivas y subjetivas…–Cuando vos analizás las encuestas de opinión pública, la gente no está preocupada por la salud, no pasa del 3%, 4% de mención. Yo hice varios estudios con los tres grupos, con beneficiarios de obras sociales, prepagas y con los beneficiarios del sector público. Los beneficiarios del sector público jamás me dicen que no tienen respuesta; lo que me dicen es que están hartos de tener que levantarse a las cinco de la mañana para hacer cola para sacar turno, porque como a nadie le importa la salud, no se hacen turnos programados y no cuesta absolutamente nada que los hospitales funcionen como corresponde y que los centros de salud funcionen como corresponde. Pero todo el mundo te dice: “Los mejores médicos, la mejor atención está en el sector público”, acá en Capital y en el interior. En síntesis, nadie te va a decir que la calidad de la atención es mala (ni en el sector público ni en las obras sociales ni en las prepagas, nadie), lo que te dicen, otra vez, es el destrato, que no te den respuestas, que los insumos...–Pero el reclamo, la queja no se extiende a la calidad de la atención médica…–No, y a mí me gusta insistir mucho en la idea de calidad percibida en términos de trámites, de complicaciones, nunca en términos de calidad médica. En la Argentina hay problemas de calidad médica, pero no es nuestro punto débil: tenemos buenos profesionales, tenemos buenos servicios en el sector público y en el sector privado.–¿Cómo está la Argentina en términos comparativos con otros países de la región?–Yo trabajo en catorce países del continente: no hay ninguno donde haya una seguridad social ni una medicina prepaga que tenga la cobertura interna de integralidad que tiene la Argentina. No hay ningún país que tenga la cobertura que nosotros tenemos, ninguno. Y nosotros tenemos niveles de copagos muy, muy bajos. Para darte un ejemplo, en Chile el 80% de la población recibe atención del Estado pero con copagos muy, muy altos, y sólo el 20% dispone de medicinas prepagas.

HASTA LA CASA DE FIN DE SEMANA DE MASSERA FUE UN CENTRO CLANDESTINO



Estaba en San Isidro y se usó como antesala de la Esma. En el lugar, se construirán un shopping y oficinas.


Por Raúl Arcomano.


Estaba ubicada en Thames y Panamericana, Villa Adelina, en el partido de San Isidro y tenía varios nombres. Algunos la conocían como la “casa SIN”, porque era usada por el Servicio de Inteligencia Naval. Otros, como la “casa del Coara”, en referencia a las siglas que definían “comandante de la Armada”. Muchos jefes de la Marina lo usaron de manera recreativa. Emilio Eduardo Massera solía pasar algunos fines de semana en ese lugar que contaba con un extenso parque, pileta climatizada, un campo de golf y un impecable chalet de estilo racionalista que había sido diseñada y construida en 1970 por Mario Roberto Álvarez, uno de los más influyentes maestros de la arquitectura en la Argentina. Ese bucólico predio mutó tras el golpe del ’76 en centro de secuestro y tortura. Se cree que el SIN la usó como parte del circuito desaparecedor entre junio y septiembre de 1977 y que no pasó un gran número de detenidos-desaparecidos. Era el paso previo al ingreso a la Esma. El inmueble se demolió en 1983, con el regreso de la democracia. Por muchos años fue un campo de deportes, pero el municipio lo vendió y en el terreno de 18 mil metros se levantará un emprendimiento inmobiliario y un shopping. Esta semana, el juez federal Sergio Torres ordenó que se realicen trabajos en el terreno, para determinar si había restos de desaparecidos.Quien dio a conocer los trabajos en la “casa SIN” fue Miguel Ángel Robles, subsecretario de Delitos Complejos y Lucha contra la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad. Por radio anunció esta semana que por orden de la Justicia se había empezado a trabajar en el terreno con equipos de georadar. Y que Gendarmería realizó pericias. “En los últimos juicios habría surgido la información de que allí habría habido enterramientos ilegales”, comentó Robles. Y justificó su intervención en el tema: “Desde el ministerio le damos la misma jerarquía a los delitos de lesa humanidad que al resto de los delitos complejos. Para aportar luz sobre lo que paso en aquellos años”. En las excavaciones que encaró el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) no se hallaron restos humanos. Carlos Somigliana, miembro del Eaaf, confirmó a Miradas al Sur que los trabajos en el predio ya terminaron. “Analizamos los cimientos de la casa, pero no había mucho. Es importante aclarar que no encontramos elementos que hicieran presumir que allí hubo ejecuciones o inhumaciones.”Los vecinos de la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte, habían presentado testigos ante el juzgado de Torres. Uno de ellos declaró haber visto ingresar a una persona encapuchada y maniatada por la entrada de las calles Tupac Amaru y Rivera. Era de madrugada y lo metieron por un garage subterráneo de la casa SIN. “Otros testigos manifestaron haber visto cuando se cubría con tierra la edificación, antes de la asunción de Alfonsín, que presentaba varias aberturas pequeñas bajo el nivel del terreno. Suponían que podían pertenecer a calabozos o lugares destinados a encerrar a los secuestrados”, contó Raquel Witis, de la comisión vecinal. Otro vecino no quiso declarar en la Justicia. Pero mencionó tener balazos en el respaldo de su cama. “Era habitual escuchar disparos, cerrar las calles los fines de semana que venía Massera, al transito y al público. Desde las casas vecinas se podía apreciar que las ventanas estaban opacadas para impedir la visión”, rememoró el testigo.“Está claro que fue un centro clandestino de detención. Nosotros reclamábamos que se hiciera una pericia profunda al predio, para verificar que no hubiera restos de detenidos desaparecidos. El juez Sergio Torres tomó la decisión de parar las obras y que se inspeccione el lugar. Con los informes del Eaaf y de Gendarmería en la mano, ahora deberá decidir si continúan las obras”, dice Witis, mamá de un joven asesinado por un policía bonaerense en 2000. La mujer denuncia que el municipio que lidera Gustavo Posse vendió el predio a las “apuradas”. “Esperábamos que escuchen a los vecinos. Pedíamos que esa gran esquina se transforme en un espacio público, de memoria para todos. Vamos a seguir reclamando que el lugar sea señalizado como ex centro de detención, como marca la ley.”Se refiere a la Ley Provincial 13.584, que estipula que se deben “arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar”. La “casa SIN” no fue el único en ese distrito: también funcionaron el COT 1 Martínez, la comisaría 4º de Martínez y el Batallón de Arsenales 601. El predio fue vendido por el municipio en casi 15 millones de pesos. En un comunicado oficial, la comuna defendió la medida y argumentó: “La cuestión fue investigada por la Justicia, sin que se hubiese demostrado que en ese sitio se cometieran tales hechos”. Sin embargo, una fuente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reveló que, en el transcurso de este año, el predio será señalizado. El proyecto de la comisión vecinal también incluye la realización de un mural en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. Lo harían alumnos de escuelas de la zona.




La primera escala.






Daniel Laski es arquitecto. Ya se había recibido en 1979 cuando, con la prórroga vencida, tuvo que hacer la colimba. Tenía 25 años. Cuatro de los seis meses de conscripción, los hizo en la casa SIN. “Un día me llamaron y me destinaron al golf club de Villa Adelina, como lo llamaban ellos. Ni siquiera iba con ropa de fajina, sino de civil. El predio estaba cerca del barrio de suboficiales”, rememora Laski ante Miradas al Sur. “Me acuerdo que el intendente del lugar, un marino sanjuanino, me contó en varias ocasiones que por las noches se escuchaban balazos y hasta gritos.” Laski no le había dado importancia a los dichos del marino. Hasta esta semana. “Me saltó la ficha y relacioné todo cuando escuche que se estaban buscando restos de desaparecidos”, confió. El intendente también le había contado que Massera había dejado de ir al lugar porque habían ametrallado a la residencia desde un puente cercano. Los marinos creían que la casa estaba muy expuesta a posibles atentados.La investigadora y ex detenida Pilar Calveiro estuvo detenida allí entre el 12 de septiembre y el 17 de octubre de 1977. Consultada por el sitio 24 CON, recordó: “Es cierto que el SIN se movía dentro de la Esma. Es cierto que allí tenía sus propios espacios para torturar primero y ‘trasladar’ después a sus víctimas. Pero también es cierto que entre el SIN y la Esma existían rivalidades y competencias que no les permitían compartir siempre la información o por lo menos no de inmediato. Así que la casa de Thames y Panamericana fue la primera escala de muchos secuestrados del SIN, posteriormente enviados a la Esma. Los llevaban allí cuando recién eran detenidos o bien cuando formaban parte de alguna operación que se intentaba mantener bajo reserva, por lo menos por un tiempo. Diferentes cuartos de la casa e incluso los baños se utilizaron para encerrar a los prisioneros, custodiados por una docena de oficiales y suboficiales. Unos pocos sobrevivimos; los más sólo pueden reclamar memoria y justicia a través de nosotros porque ya no están: fueron asesinados por personal naval después de toda clase de padecimientos, dentro y fuera de esa casa, la casa de Thames y Panamericana”.Otra detenida que pasó por la “casa SIN” fue Lila Pastoriza. En su declaración en el juicios a las Juntas dijo: “En la época de mi secuestro, los prisioneros del SIN eran llevados para su interrogatorio y tortura a una casa del grupo, asignada a tales fines. Sólo una vez que la faz crucial de esta etapa quedaba agotada, eran conducidos a la Esma y recluidos –por lo general en Capuchita– hasta el momento de su traslado. De este modo, el SIN se aseguraba el monopolio de la información arrancada a sus prisioneros para usarla en nuevos operativos represivos”. Pastoriza agregó que funcionó activamente entre junio y septiembre de 1977. La “casa SIN” fue un ejemplo de las luchas internas que se produjeron durante la dictadura aún dentro de cada fuerza. En este caso, el problema que tenía el área de espionaje de la Armada con su jefe, Massera, y con los mandamás de los grupos de tareas.El antropólogo francés Marc Augé desarrolló el concepto del “no lugar”. Se refiere a las zonas de tránsito: un aeropuerto, un hotel, un shopping. El predio donde funcionó la “casa SIN” pasará a ser ahora un shopping. Un destino triste para un lugar donde se torturó. Un “no lugar” en vez de un lugar de memoria.

ITALIA Y FRANCIA YA TIENEN LOS VOTOS PARA PONER LÍMITES A LA INMIGRACIÓN



Por Dolores Álvarez Desde Milán.




La llegada masiva de migrantes que cruzan el Mediterráneo puso en debate la tolerancia de los europeos. Los daneses ya habían adelantado que querían “frenar el incremento de la criminalidad”, que asocian a los africanos.



Agitando la bandera de la hospitalidad, la mayoría de los países de la Unión Europea coincidió en la necesidad de revisar el Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de las personas en el Viejo Continente. Los ministros del Interior de los 27 países miembro de la comunidad se reunieron ayer en Bruselas y abogaron por la restauración, de forma “extraordinaria”, de los límites territoriales nacionales. Francia e Italia registraron, así, una nueva victoria para su propuesta de reintroducción de los controles fronterizos para combatir la llegada masiva de inmigrantes, sobre todo desde el norte de África. El de ayer fue otro duro golpe para los defensores de la libre circulación de la personas, uno de los pilares fundadores de la Europa unida. El miércoles, la idea de la abolición de las fronteras ya había sido puesta en discusión por la decisión unilateral del gobierno liberal-conservador danés –en sintonía con el ultraderechista Partido Popular– de restablecer los controles aduaneros permanentes con Alemania y Suecia, alegando la necesidad de frenar el aumento de la criminalidad.Un portavoz de la Comisión Europea aseguró que el Ejecutivo de Bruselas seguía ayer a la espera de recibir “más elementos precisos de aclaración” por parte de Copenhague antes de pronunciarse. Un funcionario que optó por el anonimato dijo, en cambio, que la explicación había llegado pero los expertos había tenido inconvenientes para analizarla ya que el escrito estaba en danés. Ayer, al menos 15 de los 27 países de la UE se expresaron a favor de un endurecimiento del Tratado, firmado en 1985 por Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, cinco naciones de la entonces Comunidad Económica Europea. Enmascarando sus intenciones, los ministros subrayaron que el retorno a los límites territoriales será aplicado sólo en circunstancias excepcionales, que aún no fueron explicitadas. Los funcionarios se limitaron a plantear “la posibilidad de reintroducir temporalmente controles fronterizos”, pero aclarando que esta medida debe utilizarse “como último recurso y en condiciones muy definidas”. España, Bélgica y Malta fueron los Estados más reticentes a los retoques del acuerdo, por considerar que las reglas actuales ya permiten responder a situaciones de excepción. Según el Tratado, las normas de la libre circulación pueden interrumpirse temporalmente en el caso de “una seria amenaza al orden público o a la seguridad interior”. Defendiendo la supremacía del Consejo Europeo, Alemania y Austria puntualizaron que quienes tienen la última palabra para endurecer las normas migratorias son los jefes de Estado y gobierno de los 27 países que se reunirán en junio para discutir las “sugerencias” de los ministros. Esta es la segunda vez en menos de un mes que disparan contra los pilares de la libre circulación. En abril, Francia había incrementado los controles policiales en su frontera sur con Italia, después de que Roma decidiera dar permisos de estadía temporaria a más de 20 mil inmigrantes, en su mayoría tunecinos. <

jueves, 26 de mayo de 2011

POBRES Y CADA VEZ MAS LEJOS DE SU FAMILIA



Un informe del Ministerio Público Tutelar denuncia que cientos de chicos en situación de pobreza permanecen internados porque la Ciudad relega las estrategias de integración familiar. El gobierno dice que “no están privados de su libertad”.

Por Eduardo Videla

Centenares de chicos en situación de pobreza están internados en instituciones dependientes del gobierno porteño “como consecuencia de las políticas que privilegian la institucionalización de niños y adolescentes por sobre las estrategias de fortalecimiento o integración familiar”, advirtió en un informe el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Justicia porteña. Según la titular de ese organismo, Laura Musa, esos chicos se encuentran “privados de su libertad y alejados de sus familias en pseudo hogares en los que la Ciudad gasta mucho más que si ayudara a las familias a la contención de los niños”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social porteño sostienen que “ningún niño, niña y adolescente está institucionalizado por pobreza” en la Ciudad y desestimó que se encuentren “privados de su libertad”. “En los hogares lo que hacemos es resguardarlos y protegerlos hasta que se reviertan las condiciones que dieron origen al ingreso”, dijo la subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña. “Ninguno de los chicos internados pertenece a la clase media”, replican desde el Ministerio Tutelar

De acuerdo con el informe del MPT, al 31 de diciembre de 2010 se encontraban alojados en albergues 1212 niños, niñas y adolescentes en 91 instituciones, de las cuales sólo cuatro son estatales. A esa cifra hay que agregar a 81 adolescentes internados en comunidades terapéuticas por casos de adicciones. Las otras 87 instituciones son ONG conveniadas con el Gobierno de la Ciudad. El 51 por ciento del total de los efectores se encuentra en la provincia de Buenos Aires.

El trabajo, presentado la semana pasada en la Legislatura porteña, revela que la mayor cantidad de internaciones fueron ordenadas por el cuestionado Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: 620 chicos, el 51 por ciento del total.

El Consejo puede ordenar internaciones como “medida de protección especial”, en los casos de chicos perdidos o en situación de calle o vulnerabilidad social, que requieren una atención transitoria hasta que logre reencontrarse con su familia. En estos casos, el Ministerio Tutelar actúa en el control y monitoreo de la internación. O puede hacerlo como “medida excepcional”, lo que implica poner al niño bajo la jurisdicción de la Justicia Nacional de Familia porque, a criterio de las autoridades porteñas, no hay posibilidades de solución inmediata de su situación. El 67 por ciento de las internaciones ordenadas por el Consejo corresponde a medidas excepcionales, mientras que las de protección especial son solo el 24 por ciento, de acuerdo con los datos del informe.

“Si es una medida excepcional, no se puede convertir en la política predominante. Esto responde a una estrategia para sacarlos de la órbita de la Asesoría Tutelar y, contradiciendo el discurso de autonomía, los pone bajo jurisdicción nacional, lo cual prolonga en el tiempo la internación, porque los juzgados de Familia acumulan los casos de adopciones, tenencias de niños, entre otros”, afirmó la titular del Ministerio Público Tutelar.

“Se trata de una estrategia del Consejo, porque carecen de una política pública adecuada para fortalecer la convivencia del niño en conflicto con su familia”, agregó.

Esa carencia, según el informe del MPT, queda de manifiesto en el presupuesto de la Dirección General de Niñez y Adolescencia –el organismo encargado de contratar a los centros de internación y de financiar los programas asistenciales– que destina “apenas un 10 por ciento al programa de Fortalecimiento de Vínculos, orientado al desarrollo de estrategias de egreso, de fortalecimiento familiar”, entre otras medidas para evitar la institucionalización.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social replicaron, mediante un comunicado, que los menores internados no son 1200 sino 853. Desde el MPT aclaran que una parte de los internados pertenecen al área del Ministerio de Salud (pacientes psiquiátricos y discapacitados).

Desde el Ministerio Tutelar sostienen que el Estado debe privilegiar “la ayuda a la familia, con subsidios o créditos, para que puedan sostener a los niños, y el nombramiento de operadores que puedan trabajar en la asistencia a las familias”.

Musa puso como ejemplo la intervención del Ministerio Tutelar en el caso de un hombre al que le habían internado sus cinco hijos, de 3 a 12 años, en distintos hogares, porque no podía mantenerlos económicamente. “Se había ido la mujer de la casa y el hombre no podía hacer frente al alquiler de la casa donde vivía con sus hijos. Cuando él fue a pedir ayuda, el Consejo no tuvo mejor idea que internar a los chicos –relató la titular del MPT–. El hombre tenía que hacer un periplo los fines de semana para pasar a buscar a sus hijos por los institutos, para reunirlos donde vivía. En este caso trabajó todo el equipo del Ministerio Tutelar. Presentamos un amparo y logramos que el hombre recibiera un subsidio de 700 pesos, para ayudarle a pagar el alquiler, se le otorgó un crédito para vivienda y se le asignó un operador para que se ocupe de los chicos hasta que él regrese del trabajo. Todo a un costo menor, porque el Estado pagaba 7800 pesos mensuales por la internación de los chicos.”

OTRO CAMINO PARA DESCUBRIR LA VERDAD



Enrique Piñeyro vuelve con el Rati Horror Show. Su nuevo documental denuncia una singular conspiración policial y judicial para esconder un caso de gatillo fácil ocurrido en 2005.


Por Sebastián Feijoo.


El fenómeno global Michael Moore parece haber advertido a la industria que los documentales también pueden encontrar un público importante en los cines. Con un tono decididamente propio, tenacidad, conocimiento del género y mucha valentía, el director, productor y actor Enrique Piñeyro marcó un hito con Fuerza Aérea S.A. y ahora con El Rati Horror Show vuelve a provocar conmoción. El film deja testimonio del espeluznante derrotero de Fernando Carrera: acusado de robo agravado y triple homicidio; masacrado por la Policía Federal con 16 disparos, de los cuales lo alcanzaron ocho; sobreviviente impensado y condenado a 30 años de prisión. Piñeyro no se queda ahí. Luego de una exhaustiva relectura de la causa, nuevos aportes probatorios y apelando al sentido común, denuncia que se trató de un caso de gatillo fácil ejecutado y encubierto por la policía, avalado por la Justicia e inicialmente casi festejado por gran parte del periodismo televisivo. Con esta nueva película Piñeyro reafirma su convicción de que el cine también puede ser una herramienta para intervenir y/o modificar la realidad. O al menos una posibilidad de intentarlo a la que no está dispuesto a renunciar.
El documental golpea de entrada. Sin mediar presentaciones, avisos, ni advertencias. Una edición de múltiples noticieros de TV enuncia, repite y casi propagandiza una verdad única que no deja lugar a dudas ni fisuras. Adjetivada y taladrada con tonos de indignación mediática. Carrera es un asesino “amoral” –término exacto usado por un movilero–. El hecho se conoció como “La masacre de Pompeya” y se desarrolló el 25 de enero de 2005. Carrera transitaba normalmente por la zona de Puente Alsina en su Peugeot 205 blanco hasta que desde un auto no identificado y con una matrícula de escasa visibilidad efectivos de civil de la Comisaría 34 lo interceptan y le apuntan. Supuestamente buscaban a tres delincuentes en un auto blanco que habían cometido dos robos en la zona. Abordado con total sorpresa y sin mediar identificaciones, Carrera –gomero, sin antecedentes y padre de tres hijos– creyó que era víctima de un robo y atinó a pisar el acelerador e intentar huir. Casi inmediatamente un tiro lo hirió en la mandíbula. Herido gravemente y probablemente inconsciente, el auto siguió su rumbo, se metió en contramano por la avenida Sáenz, atropelló a varias personas, mató a tres, chocó y se detuvo. Un grupo de policías que lo seguían en un móvil efectuó dieciocho disparos y acertó ocho en Carrera. La versión policial repetida por los canales de TV y aceptada por la Justicia decía que Carrera devolvió el fuego. No hay testigos ni pericia técnica seria que sustente eso.
“Empecé a meterme en esta historia de casualidad. Mi hijo me mostró en Youtube un video del programa de Nelson Castro donde la titular de la Defensora del Pueblo Alicia Pierini, los abogados de Carrera y su mujer explican algunas irregularidades importantes del caso. En el interín llama la jueza Beatriz Bistué de Soler y su intervención me dejó mudo. Su nivel intelectual parecía bastante llano, su vocabulario oscilaba entre lo bizarro y terrorífico, y su argumentación le hacía juego. Entonces pensé: ‘¿Esta mina condenó a 30 años de prisión a un tipo? Dejame de joder’. El tema me quedó picando, pero pasó. Hasta que un día me vinieron a ver los periodistas y documentalistas Pablo Galfre y Pablo Tesoriere y me trajeron un proyecto de investigación bastante avanzado. Empezamos a mirarlo y cada cosa que aparecía era peor que la otra. Nos pusimos a investigar nosotros y saltaban cosas más graves. Carrera fue baleado, no murió de casualidad y condenado injustamente a 30 años de prisión a través de una manipulación feroz de la causa judicial. Analizar el caso me hizo dar cuenta de que Carrera puede ser cualquiera de nosotros, por eso había que hacer algo para luchar por él y para que esto no suceda más”, explica Piñeyro.
El realizador de Whisky Romeo Zulu, Fuerza Aerea S.A. y Bye Bye Life, entre otras, toma y potencia una historia trágica y desesperante. Pero la trata y desarrolla con lenguaje cinematográfico. Lo que pudo haber sido una avalancha de información difícil de asimilar fluye en una narrativa cuidada y una paleta de herramientas que enriquece el relato. Maquetas gigantescas, reconstrucciones digitales, pruebas de balística con rayos láser y hasta muñecos que toman el lugar de los jueces del caso, son algunos de los recursos utilizados. Incluso algún toque de humor descomprime la tensión que generan las irregularidades de la causa –más allá de que algunos comentarios de tono burlón y cierta liviandad de Piñeyro contrastan con la solidez argumentativa que desarrolla la película–.
La contundencia de El Rati Horror Show reclama una respuesta. Carrera sigue detenido en el penal de Marcos Paz y tanto él como su familia, la de los muertos aquel trágico día y la sociedad misma necesitan justicia. Piñeyro explica: “La causa ahora está en la Corte Suprema. Tenemos muchas esperanzas de que revierta el fallo. Creo que las posibilidades de que así suceda son buenas. Carrera tiene que quedar libre. Aunque todo su dolor y el de su familia no se van a arreglar nunca. Junto a su esposa nos reunimos con (Eugenio) Zaffaroni. Le mostré muchas cosas. ‘Esto es lo que dicen los testigos, esto es lo que escribieron los jueces’, le dije. Enarcó las cejas cuando vio que los testigos decían que no vieron disparar a Carrera y la causa afirmaba lo contrario. ‘Les prometo que vamos a estudiar la causa, no les puedo confirmar los tiempos’, nos respondió. Es un paso adelante muy importante. Esperamos con mucha ansiedad que la Corte se expida”.



• UNA ZONA NEURÁLGICA DE RECAUDACIÓN
Fernando Carrera sufrió los disparos, la cárcel y un primer abogado que le recomendó declararse culpable y resultó tener una relación muy cercana con miembros de la Policía Federal. Pero luego, el abogado Federico Ravina tomó la causa –en un principio con la colaboración de Rocío Rodríguez López–. No alcanzó para torcer una sentencia que hoy es duramente cuestionada, pero el compromiso de Ravina no se amedrentó después del primer fallo.
“En su momento me vino a ver la mujer de Carrera y me dijo: ‘A mi marido le dieron ocho tiros y le armaron una causa’. Pero muchas personas para defenderse utilizan como estrategia denunciar que les armaron una causa. Entonces decidí estudiar el expediente. Ya desde el principio era raro. Carrera supuestamente había cometido dos robos con su propio auto, no tenía antecedentes, transitaba hasta con la patente al día. Pero al mismo tiempo los casos de gatillo fácil son diferentes. Las víctimas son pibes conflictivos, con problemas de conducta que la policía decide sacar del medio. Luego arman la causa para taparlo. Los laburantes como Carrera no suelen ser víctimas del gatillo fácil. Pero a medida que chequeaba lo que había pasado todo era más irregular. Las pericias balísticas eran insostenibles, a Carrera no le habían hecho la prueba de parafina, los testigos eran llamativamente pocos para un hecho que ocurrió en una zona tan concurrida… A medida que seguí investigando me quedó claro que era una causa armada por la policía y los jueces se montaron en eso. Se ejecutó una arbitrariedad de una dimensión pocas veces vista. Ahora, después del estreno de la película, amenazaron a un testigo que vio cómo la policía le disparaba con una Itaka a Carrera en Esquiú y Sáenz”, explica Ravina.
Ravina se define como un militante de derechos humanos, trabaja en la Comisión de Derechos Humanos del Bajo Flores y en el Ministerio de Justicia de la Nación –para poder representar a Carrera tuvo que pedir licencia sin goce de sueldo–. Tomó el caso cuando nadie creía en Carrera y la versión policial era la única que se escuchaba en los medios.
El Rati Horror Show también tiene mucho que ver con Ravina. “El encubrimiento corporativo responde a un interés económico –explica el abogado–. Esa zona de la Capital Federal es un centro neurálgico de recaudación policial. Nadie quiso desequilibrar esa ingeniería y no importaba lo que le hicieron a Carrera ni los tres muertos ni los heridos. Cuando nos dimos cuenta de eso, de que estaban dispuestos a pasar por alto la ley y hasta el sentido común, empezamos a pensar en la hipótesis de la película. Por eso grabamos el juicio. Con el tiempo nos contactamos con Piñeyro y aquella idea finalmente se hizo realidad”.
–Ahora la causa está en la Corte Suprema. ¿Hay lugar para la esperanza?
–La película le está dando mucha visibilidad al tema. La gente empieza a darse cuenta de que todos podemos ser víctimas de un manejo de estas características. Queremos hablar con todos los jueces de la Corte Suprema. Es necesario que se haga verdadera justicia por Carrera y también por los tres muertos de aquel fatídico día. Realmente estamos muy esperanzados de que la Corte Suprema cambie el fallo. Esperemos que los jueces puedan abrir los ojos, ver el expediente tal cual es y hacer lo que deben hacer

CADA VEZ HAY MÁS CONSENSO PARA ELIMINAR EL RUBRO 59 DE LOS DIARIOS



Aunque algunos medios se resisten a dejar de percibir las jugosas ganancias del negocio. En sintonía con el resto del mundo, en la Argentina volvió a instalarse el debate sobre estos avisos y su complicidad con proxenetas. En 2010 ya hubo 540 detenidos por tráfico de personas.


En plena campaña electoral y cuando lo apremiaban rumores de ilícitas complicidades referidas al barrio porteño de Constitución encarnados por su competidor de entonces, Fernando Pino Solanas, el hoy jefe de Gobierno, Mauricio Macri, amenizaba el intervalo de una nota periodística, con una broma jocosa: “Estamos dando trabajo, Pino. Hay que darle trabajo a Constitución. Yo puse una tintorería, un prostíbulo; una tintorería, un prostíbulo…”.
El infeliz comentario del líder del PRO, registrado por una cámara que debía estar apagada, ilustra el defasaje moral, justamente, de quienes deberían velar por el bien común. Es impensable la sensación que debe haberle dado esa imagen a algún padre de una víctima de la trata.
A principios de este mes, tres proyectos de ley en la Legislatura renovaron una discusión que lleva un buen tiempo, aquí y en buena parte del planeta. Con la intención de sumar una batalla contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la legisladora María Elena Naddeo (Diálogo por Buenos Aires) presentó una iniciativa que apunta a limitar los avisos clasificados de contactos sexuales en la prensa escrita. Naddeo propone castigar la publicación de este tipo de anuncios que “en la mayoría de los casos promocionan lugares donde hay víctimas de trata”, aplicando multas a los diarios o quitándoles publicidad oficial.
También Raquel Herrero y Carolina Stanley, legisladoras del PRO, hicieron lo propio con un proyecto que busca reforzar los requisitos para publicar avisos que, expresa o implícitamente, ofrecen servicios sexuales. Copia del DNI, una boleta de servicio o impuesto a su nombre, que debe coincidir con el domicilio publicitado. Las legisladoras consideran que la responsabilidad de las empresas periodísticas es central ante “víctimas de violencia (…) mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de prostitución”. Y sostienen que los mensajes publicados que promueven el comercio sexual son la marca de estilo de las redes mafiosas de trata de personas, por lo que sostienen que “los medios de comunicación realizan un aporte sustancial fomentando y promocionando este tipo de actividades”, contribuyendo con “la explotación sexual de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, la violencia de género, la desvalorización de las mujeres en el más fragante atentado a los derechos humanos”.
También la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano y la cordobesa Silvia Rivero (Concertación Plural) se sumaron al reclamo de que ninguna administración (nacional, provincial o municipal) financie –con pauta publicitaria– a diarios que ofrecen mujeres, varones y travestis a cambio de dinero.
El Inadi había presentado a fines del año pasado un informe a la Procuración General de la Nación, solicitándole que investigue las publicaciones para determinar si encubren trata de mujeres, explotación sexual, promueven o facilitan la corrupción o la prostitución de menores de edad o incurren en la figura de violencia mediática.
Aunque este tipo de aviso está instalado en la prensa argentina, sobre todo en el Rubro 59 del diario Clarín, que monopoliza desde hace años la promoción de la prostitución, la discusión no es autóctona. Muchos países ya han decidido abordar el problema. El Senado mexicano, por ejemplo, el mes pasado exhortó al presidente Felipe Calderón para que la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) investiguen las redes de prostitución, pornografía y trata de personas, publicitadas a través de los clasificados.
En España, la pelea incluyó hasta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, señalando que este género de clasificados “debe eliminarse”. Además de que allí ya se ha decidido quitarles la pauta publicitaria oficial a los medios que los mantengan.
Aquí, dos matutinos y un semanario decidieron dejar de publicar los anuncios sexuales, La Arena, de La Pampa, La Mañana Neuquén y el semanario El Tiempo, de Pergamino, según el sitio Diario sobre Diarios (DsD). La Asociación de Diarios del Interior (Adira) y la de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) agrupan a unos 200 medios gráficos y sólo el 2,5% levantó los clasificados. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le puso nombre a uno de los aspectos que complejizan este mal. “ Clarín saca notas de la trata pero gana un millón por mes con el Rubro 59”, dijo. Y el costado económico es uno de los elementos que dificultan la resolución del problema. Porque no sólo influye a los grupos mafiosos organizados, que defienden su inmenso negocio, y a sus secuaces estatales, sino que también es un factor determinante en las reclusiones de sus víctimas.
El Foro del Periodismo Argentino (Fopea) de igual modo condenó a las empresas periodísticas que publican los avisos, señalando la conducta contradictoria de que “en su definición editorial y su construcción noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión del negocio de la prostitución y la trata de personas”. Este Foro solicitó revisar los “criterios de publicación de avisos, a fin de no ser cómplices de un delito aberrante”.
A fines de septiembre, la relatora de Naciones Unidas, Joy Ngozi Ezeilo, dio un diagnóstico preliminar sobre la trata en Argentina. Reconoció los avances, pero subrayó que aún falta mucho, sobre todo, en torno a la corrupción de las fuerzas del orden y la escasa protección a las víctimas. La nigeriana adelantó parte del informe cuya versión final se presentará en junio de 2011 en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, relatando que Argentina “se ha convertido en un país de destino y en menor medida de origen y tránsito” para las víctimas.
Según datos de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, desde 2008 se logró rescatar a unas 654 mujeres (149, niñas de 12 a 18 años). Hasta mediados del 2010 se detuvieron a 543 sujetos dedicados al tráfico de personas, aunque sólo se dispusieron cinco condenas firmes, pero ninguna a un tratante.

Población vulnerable, las presas preferidas
La ONG Esclavitud Cero, Abordaje Integral de la Trata de Personas, describe que mujeres y niños/as son los más afectados por la trata en el mundo, constituyendo más del 80% de las víctimas. En Argentina, las víctimas de la explotación sexual, en general, son mujeres de entre 12 y 35 años, de muy bajo nivel educativo, grupos familiares vulnerables (necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo), con la mayoría de sus miembros desempleados o con ingresos extremadamente bajos.
Datos del 2006 de organizaciones que asisten a víctimas, indican que un 60 % de casos de trata corresponden a explotación sexual y un 40%, a explotación laboral. Además de los casos de niños/as para mendicidad y venta callejera. Ezeilo remarcó la poca capacidad para combatir la trata de personas, a lo que se suma la corrupción de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad, directamente involucrados en combatir este delito.

RADIOGRAFÍA DEL NARCOTRÁFICO EN LA ARGENTINA



Adelanto del libro País Narco, que desnuda la trama del negocio de las drogas ilegales en el país.


Por Mauro Federico.


Son todos narcos, todos narcos”, canta Gustavo Cordera, líder de la Bersuit Vergarabat, y su voz portentosa brota de un destartalado radiograbador apoyado en el techo de un rastrojero que alguna vez fue naranja. El pelado más popular del rock argento –después de Luca Prodan– repite la frase que identifica a Señor Cobranza, una canción compuesta a fines de los noventa por el grupo alternativo Las Manos de Filippi. Y unos treinta pibes del barrio El Tambo, la corean mientras saltan y agitan sus banderas de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV). El estribillo de la canción rebota contra los paredones de las fábricas abandonadas de La Matanza, que encajonan la trama urbana de la ruta 3.
Corre noviembre de 2002 y Luis D’Elía se prepara para encabezar otra marcha piquetera al frente de sus militantes que se disponen “a inundar, una vez más, la ciudad de negros cabezas y desclasados”.
El cronista realiza una serie de notas en las que se propone contar “por dentro” cómo se vive en el conurbano profundo el impacto de la crisis socioeconómica que hizo estallar al país en diciembre de 2001.
Por esos días, el desprestigio de la política es fenomenal. Ya no alcanza el mote de corrupto o ladrón para referirse a la clase dirigencial argentina. Aparece así un nuevo sustantivo, que resulta una adjetivación altamente estigmatizante: narco.
“Son todos narcos, todos narcos”, siguen coreando los pibes mientras la populosa movilización piquetera avanza por la ruta 3 hacia la rotonda de San Justo. Son unas veinte mil almas que no se resignan a ser sólo una sombría estadística y marchan mientras el humo de los choripanes impregna el ambiente con una fragancia que evoca épocas de parrillas más surtidas.
“En el barrio, el porro se vende como patada”, cuenta Rafael, que –a juzgar por su aliento– parece más afecto a los vinos de cartón que a la marihuana.
“Pero ahora, los transas empezaron a venderle paco a los pendejos y con eso les fisuran el mate”, tercia Roberto, cuarentón de mameluco azul que trabaja en La Baskonia, una metalúrgica recuperada por sus trabajadores.
–¿Y qué es el paco?–, pregunta el cronista que por primera vez escuchaba esa palabra.
–El residuo de la merca, una basura que le dan a los pibes para que fumen y se hagan mierda el cerebro –acota Roberto.
Algunos años después, el paco inundaría los asentamientos carenciados de la Argentina haciendo estragos entre la población más vulnerable y concentrando su alto poder letal entre los adolescentes de bajos recursos.
Roberto sabe que no debe hablar de más. Pero sus ganas de decir son más fuertes que su prudencia. “Acá muchos punteros políticos hacen guita vendiéndole esta basura a los chicos y con eso bancan sus campañas miserables”, vomita. “Esos mismos punteros después terminan siendo funcionarios del gobierno a cuyos candidatos le arrimaron votos gracias a la falopa”, completa Roberto, antes de perderse entre la muchedumbre transpirada y eufórica.
En las barriadas del conurbano, a nadie le asombra que a la política se la vincule con el narcotráfico. Concejales, intendentes, gobernadores, legisladores y hasta presidentes, son relacionados con la droga y con sus dealers, sin importar color partidario ni pertenencia ideológica.
Pero ese es sólo un extremo del largo cordón de impunidad que envuelve los vínculos entre políticos y narcos. La otra punta llega hasta las mismísimas rutas por las que transitan miles de toneladas anuales de estupefacientes que pasan por Argentina provenientes de Bolivia, Perú y Colombia, con destino a Europa.
Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, Paraguay y Brasil aprovechando las ventajas que otorga el deficiente control a lo largo de la frontera.
Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, gran parte de los cargamentos transbordados hacia Europa desde la Argentina se canalizan aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente se encuentran ocultos en contenedores (1).
“La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización, y aterrizan en la gran cantidad de pistas clandestinas, protegidas por organizaciones de narcotraficantes que no podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en numerosas provincias”, sostiene el especialista Horacio Calderón. Este criterio es coincidente con lo que plantea el Comité Científico asesor en materia de control del tráfico ilícito de estupefacientes, que en su primer documento de marzo de 2008 afirma que “persiste el tránsito de enormes cantidades de sustancias a través de los puertos y aeropuertos nacionales, en especial cocaína, cuya magnitud recién se conoce cuando llegan a destino en el exterior o cuando se logra la intercepción”.
El análisis de Calderón observa “la construcción de un tejido criminoso, que fue contaminando las principales estructuras del poder político del país”. Y cita como ejemplo a la provincia de Buenos Aires, en la que “muchos de sus más poderosos intendentes –por lo general caudillos de los principales partidos políticos–, y sus gobernadores son los beneficiarios del dividendo de delitos como la trata de blancas, el juego clandestino y, más recientemente, el tráfico de sustancias, bajo el amparo de un sistema legal absolutamente laxo”.
El sol inunda el mediodía en La Matanza y el calor empieza a apretar a los peregrinos desarrapados que copan la traza completa de la ancha avenida. D’Elía sigue caminando a paso acelerado mientras ordena a sus militantes, pero no pierde el hilo de la conversación. “El duhaldismo es un gran cartel de la droga”, dice y sus compañeros festejan el comentario con una sonrisa.
Intendente de Lomas de Zamora, gobernador de la provincia de Buenos Aires, senador nacional y presidente de la república, Eduardo Duhalde es uno de los dirigentes que carga con el estigma de esta acusación.
“Si esto es así, alguien debería denunciarlo formalmente para que se investigue”, acota el cronista que intenta seguirle el paso a la caravana humana para mantener el diálogo. “Ya lo vamos a demostrar, quedate tranquilo”, responde el piquetero.
Una mañana fría de agosto de 2005, D’Elía llegó hasta los tribunales de La Plata acompañado de su abogado para cumplir con la promesa formulada a aquel cronista tres años atrás, al calor de un piquete: denunciar penalmente a Duhalde por narcotraficante. La demanda judicial cayó en manos del fiscal Paul Starc. “La fiscalía ya podrá aquilatar con certeza que Duhalde cuenta con una inextricable red de corrupción política y policial, en la que cada personaje desempeña un rol determinado con el único objetivo de promover el tráfico de drogas”, dice el escrito de 12 carillas.
La denuncia recopila los enunciados de algunas investigaciones judiciales que impactaron en el entorno del ex presidente. Por ejemplo, una causa iniciada al comisario general Claudio Smith, en la que fue procesado por “obstruir la acción de la Justicia de modo que pudieran levantarse a tiempo aguantaderos y un laboratorio de drogas en las villas de Lomas de Zamora”, cuando este policía bonaerense estaba a cargo de la Jefatura Departamental de ese distrito.

VÍCTIMAS PERUANAS DEL FMI Y LA USAID



Tenía 30 años cuando me hicieron la operación y desde entonces soy casi inútil en el campo”, asegura Cléofl Neira, de 50 años, desde la puerta de su casa de adobe.


Por Diane Cambón.


En Yanguila, un pueblo de unos cien habitantes cerca de la ciudad de Huancabamba, en el norte del Perú, más de 15 mujeres sufrieron la misma operación de ligadura de trompas. La mayoría de estas campesinas se quedaron inválidas y con problemas de salud. Hoy siguen reclamando justicia ante las autoridades y han llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otras vías judiciales están en estudio para obligar al Estado a indemnizar a las víctimas.
“No quería someterme a esta operación, pero no sabía que ya no podría nunca más tener hijos, no me lo dijeron. Ellos venían con promesas de comida, de medicamentos pero no vimos nada, sólo los dolores”, explica Cléofl, madre de siete hijos que tuvo antes de la operación.
“Ellos” son los emisarios del Ministerio de la Salud del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) que fueron enviados a la sierra de los Andes entre 1995 y 2000 para cumplir las órdenes de las autoridades: reducir la tasa de natalidad en el campo como lo había reclamado el FMI. El Banco Mundial entregó fondos para ayudar a aplicar el programa de planificación familiar que consistía en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. Más aún, Estados Unidos, a través de Usaid, financió el proyecto de Fujimori, el cual tenía las manos libres para actuar, disfrutando de una cómoda reelección en 1995.
“De voluntaria no tenía nada. La gran mayoría fueron forzadas o engañadas a cambio de unos kilos de arroz o de azúcar”, asegura Josefa, una militante por la defensa de los derechos de mujeres. En todo Perú, se calcula que unas 300.000 mujeres fueron víctimas de la esterilización forzada. Todas eran campesinas, indígenas, pobres y analfabetas o con muy poca educación.
“Cada día, una enfermera de fuera venía a vernos para convencernos de operarnos y nos decía que no podíamos seguir pariendo como cuyes [conejillos de indias], era muy ofensivo lo que nos decía y al final fuimos un grupo de cinco mujeres, todo pagado, el trayecto y la comida hasta Huancabamba”, cuenta Cléofl.
“Fui al hospital por un dolor de espalda y me esterilizaron”, explica Bacilia Herrera
Hoy en día, ninguno de los médicos o enfermeros que practicaron las operaciones sigue trabajando en el hospital de Huancabamba. “Desaparecieron cuando empezamos a hacer la investigación. El gobierno los llevó a Lima y algunos fueron destituidos”, comenta Josefa. En 1996, salieron a la luz los primeros testimonios de las mujeres que fueron operadas. Organizaciones como el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), bajo la responsabilidad de Giulia Tamayo, juntaron informaciones y presentaron denuncias.
“Un día fui al hospital y vi cómo había unas 20 mujeres tumbadas en el piso en un charco de sangre, todas recién operadas. En ese momento, empezó la lucha para parar este crimen”, cuenta Josefa.
“Si gana Keiko Fujimori contra Humala, vamos a caer en el olvido”, teme Cléofl Neira. Vestida con su tradicional sombrero de paja, Bacilia Herrera se acuerda como si fuera ayer de su operación. “Fui al hospital porque tenía un dolor en la espalda y de repente me pusieron en una camilla y me dieron inyecciones. Al día siguiente estaba operada”, cuenta Bacilia, madre de cinco hijos, un número bajo en la sierra, donde las mujeres llegan a tener entre siete y diez hijos.
Junto a su padre y su marido intentó denunciar el caso, pero ni la alcaldía ni los responsables tomaron en cuenta su testimonio. “Me hicieron firmar un papel que era la autorización de esterilización, pero no lo pude leer. Hoy, me arrepiento de haber firmado”, concluye.
En su drama, Bacilia tuvo la suerte de ser operada por el doctor Jesús, hoy fallecido. No fue el caso de la mayoría de las mujeres, que pasaron por las manos de practicantes de enfermería, los cuales tenían metas que cumplir. “Se descubrió luego, al interrogar a médicos, que les pagaban un porcentaje por cada mujer esterilizada”, asegura Josefa.
Unas 18 campesinas perdieron la vida a raíz de las operaciones. Muchas se quedaron con secuelas de por vida. “La operación era muy rápida y el día después nos dieron una sopita y fuera a la calle; muchas volvimos a trabajar a la chacra como si nada, pero después ya no podíamos movernos”, cuenta Cléofl. Ella es una de las más afectada de Yanguila. Siete meses después de su operación, fue ingresada de urgencia en el hospital por padecer dolores intensos. Los médicos habían olvidado un hilo de seis centímetros en su vientre.

"EN COSTANERA SUR SE PUEDE URBANIZAR SIN AFECTAR LA BIODIVERSIDAD"



Entrevista: María Carman, antropóloga social de la UBA y Conicet. La investigadora analiza el abuso de argumentos ambientales para legitimar desalojos. Su último libro sirvió como fundamento del fallo que frenó el atropello contra la villa Rodrigo Bueno.


Por Francisco Yofre.

Qué ocurre cuando la defensa de los espacios verdes contribuye a edificar un imaginario donde el derecho ambiental se impone al derecho a una vivienda digna? ¿Cómo se construye la operación simbólica de “deshumanizar” a los habitantes de una villa señalando que su sola presencia es un factor contaminante para la naturaleza? ¿Quién define qué es y cómo se debe utilizar la naturaleza? Estas son algunas de las preguntas que dispara el último libro de María Carman, antropóloga social de la UBA e investigadora del Conicet, Las trampas de la naturaleza. Allí se detalla un
extenso trabajo de campo realizado en la Aldea Gay –desalojada de Ciudad Universitaria en 2006– y en la villa Rodrigo Bueno, ubicada en la Costanera Sur de la ciudad. En ambos casos, aunque con diverso resultado, la autora plantea que se usó el cuidado de la biodiversidad como argumento para desalojar incluso en desmedro de los derechos que los habitantes pudieran invocar.
Lejos de ser una discusión de biblioteca, el debate tiene efectos concretos. El 22 de marzo pasado, la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori ordenó frenar el desalojo de la Rodrigo Bueno. Su sentencia se basó en trabajos de sociólogos, arquitectos y antropólogos, y también en Las trampas de la naturaleza, el texto de Carman editado por el FCE y Clacso. No es para menos. La ideas del comienzo son lo suficientemente potente como para hacerlo: “La cultura o el patrimonio, pueden servir como argumentos –incontestables, casi extorsivos– para el ejercicio de una violencia civilizada sobre sectores considerados indeseables en la ciudad (…). Algunos usos y apelaciones a la naturaleza funcionan como una máscara de la segregación sociourbana”.
–¿Por qué?
–Porque hay un proceso de ambientalización de la sociedad. Estar fuera del lenguaje ambiental es estar fuera de lo que está en juego en este momento. Se plantea una idea de naturaleza única, superior. Lo que trato de explicar es que en realidad hay distintas concepciones en pugna de la naturaleza. Pero, valga la redundancia, se naturaliza nuestra relación con la naturaleza como si fuera la única posible. Lo que antes era un problema social ahora es socio-ambiental. Hay una lógica de equivalencia en las demandas como si fueran iguales. Así, “Aves Argentinas” va tomando temas de planificación urbana y asociaciones patrimonialistas como “Basta de demoler” incorporan banderas de lo ambiental que no formaban parte de sus preocupaciones. Hay una apelación a lo ambiental, al riesgo de perder la biodiversidad pero no hay una real preocupación en incluir política y económicamente a esos sectores marginales que supuestamente serían los grandes depredadores del medio ambiente. En algún punto es similar al multiculturalismo que muchas veces se declama. Se habla del mosaico cultural de los peruanos y los bolivianos en la Argentina y son exaltados por los gobiernos. Pero, después, se recorta de la comunidad boliviana y peruana su condición de ocupante ilegal. No se los incluye como sujetos políticos con efectos propios. Respecto a la biodiversidad, muchas veces se construye la naturaleza como un instrumento para apaciguar conflictos que son sociales, que exceden lo ambiental y se deshumaniza a las personas.
–Respecto a la Rodrigo Bueno, ¿cómo se “deshumanizó”?
–En 2005, hubo un desalojo que no llegó a completarse. En los fundamentos de esa decisión y en las declaraciones de Jorge Telerman, jefe de Gobierno en ese momento, aparece esta cuestión de enfrentar pobres contra naturaleza, de atribuirles comportamientos antiecológicos. Se los acusaba de comer los coipos –animales similares a pequeños castores– de la zona y bagres contaminados. No se les reconocía ningún atributo cultural salvo el de alimentarse de especies enfermas. Es una manera de expropiarles la humanidad para ejercer violencia sobre ellos. Claramente, la idea para justificar esa operatoria fue el argumento ambiental, cuando en realidad hay intereses inmobiliarios en juego. Lo ambiental se construye como un argumento sin réplica posible y obtiene un automático consenso. Se prioriza el medioambiente y se lo contrapone con la vida de quienes viven allí. Durante las audiencias públicas convocadas por la jueza en la causa de la Rodrigo Bueno, hubo una escena muy gráfica: la directora de la Reserva desplegó un mapa Google para demostrar que los habitantes de la villa ocupaban el borde sur de la reserva. Inmediatamente, la jueza plegó el mapa y dijo: “Yo también tengo el corazón verde, soy militante ecologista pero acá no estamos discutiendo un problema ambiental, estamos discutiendo el derecho a la vivienda”. Es interesantísimo este giro que se da a partir de la mirada de la jueza, que también expresa el asesor tutelar de menores porteño Gustavo Moreno, la comisión de vivienda de la Legislatura y otros actores que empiezan a darle esa mirada a la cuestión a partir de reconstruir la historia de la villa y su presencia allí desde antes de la existencia de la reserva.




Fundamentos. La sentencia que aceptó el recurso de amparo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) tiene varios argumentos. Uno de ellos es que en 2000 el Estado les proveyó materiales a los vecinos para que construyeran sus casas. Y que mal podría ahora el mismo gobierno expulsarlos porque iría en contra de su acción. Es lo que en Derecho se denomina “la teoría de los actos propios”. Al mismo tiempo, en el fallo se valora que fueron los vecinos quienes llegaron al lugar antes que la reserva ecológica. Para sustentar esto, el fallo también se basa en el trabajo de campo de Carman: “Las tierras en las que se asentaron los primeros pobladores fueron ganadas al río como parte de un proyecto impulsado en 1978 por la dictadura militar, para construir un centro administrativo de la Ciudad. Para tal fin se construyeron terraplenes perimetrales con escombros provenientes del trazado de las nuevas autopistas urbanas. En 1984 se abandonó el proyecto y en 1986 se declaró al lugar como Reserva Ecológica”. La resolución judicial agrega: “Las expertas sitúan el origen del barrio en 1980 a partir de dos asentamientos que se unificaron: uno en tierras de la actual reserva ecológica, cuando ésta no había sido constituida como tal, y el otro, en la cercanía de los galpones que tenía la Prefectura cerca de Avenida España”.
–¿El fallo es un cambio de dinámica acerca de estos temas?
–No soy muy optimista. Si bien existe un grupo de jueces con una notable sensibilidad social como Elena Liberatori, Roberto Gallardo o el asesor de menores Gustavo Moreno, creo que el de la villa Rodrigo Bueno fue un caso puntual. El tema es que los argumentos ambientales, según en qué contexto son utilizados pueden servir para construir distintas cartas de ciudadanía de los sectores. La Aldea Gay fue un caso claro de cómo se usó la idea de vecinos que contaminan el medio ambiente.




Triunfo ambiental. La Aldea Gay surgió cuando un grupo de cartoneros gays se instaló en la parte posterior del Pabellón IV de Ciudad Universitaria. Fueron desalojados en 2006 para avanzar con el Parque Natural y el Parque de la Memoria. Los habitantes quedaron atomizados en villas y hoteles de la Ciudad y el GBA. En su libro, Carman considera que el desalojo constituyó una “victoria ambiental” ya que no se tuvo en cuenta su carácter social.
Y se larga: “El tema es que cuando los echan, se desarman todas sus redes educativas y laborales. Los cartoneros tenían circuitos consolidados de repartición de los residuos que ellos habían armado con muchísimo trabajo. Además se reedita aquella lógica de ‘merecer la ciudad’ característica de la dictadura militar, en la que se concibe que sólo merecen vivir en la ciudad capital las clases acomodadas. Pero la gente necesita vivir en los centros urbanos para procurarse una serie de redes. El caso de la Aldea Gay era clarísimo. Muchos interrumpieron sus tratamientos de HIV y murieron después del desalojo. Otros perdieron todo el circuito de recolección de residuos ricos, que no son los mismos residuos que vos podés cartonear en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Lo único que se logra es sumir a esa gente en una mayor pobreza. Se agrava la exclusión de esos sectores que además después inician el operativo retorno hacia la Ciudad, ya que por lo general terminan volviendo. En el caso de la Aldea Gay se decía que cazaban animales y depredaban la vegetación. Se construyó la idea de que sus comportamientos no eran culturales sino básicamente antiecológicos. Pero, en realidad, esto esconde otros argumentos. Se quiere expulsar a esos sectores lo más rápido posible de los barrios cotizados. ¿A quién le importa que los habitantes de la última villa pegada al Riachuelo se alimenten de algún bagre que flote por ahí? No le importa a nadie. Se presenta su comportamiento como atrevido, en el sentido que están usurpando tierras no imaginadas para albergarlos, tierras muy cotizadas que uno imagina para los sectores acomodados. En el caso de la Aldea Gay claramente el desalojo es presentado como una victoria ambiental”.
María Carman hace un silencio. Cavila durante un segundo. “Pero debo hacer una aclaración. A mí me pasa ahora que voy a ciertos lugares donde me encuentro con vecinos y me dicen: ‘Ah, ¿vos estás en contra del ambientalismo?’ Y se construye una cosa antitética que no es el punto para nada. Me gustaría que esto quede claro”, señala mientras mira al grabador preocupada para que su idea quede registrada.
–Y está difícil. Es fácil polarizar.
–A ver, para aclarar. Yo lo que hago es poner en debate la idea de “naturaleza”. Yo analizo las distintas concepciones de la naturaleza y, entre ellas, cómo se construyen legitimaciones a partir de una única idea de naturaleza que parece imperar. Es interesante ver que los habitantes de la villa también tienen una concepción de la naturaleza y una relación con ella que es distinta a la de otros sectores. En la Aldea Gay, la gente armó su vida en torno al río. Lavaban la ropa, construyeron viviendas en sus inmediaciones. Es interesante ver que cuando se le atribuían comportamientos antiecológicos, ellos mismos acudían a la naturaleza para legitimar su presencia allí. Ellos decían: ‘El Gobierno de la Ciudad es el que está talando los árboles y arruinando el bosquecito. Nosotros (por los habitantes de la Aldea Gay) somos los que verdaderamente cuidamos la naturaleza’.
La antropóloga comenzó su investigación cuando leyó una editorial del diario La Nación en el año 2004. Allí se consignaba: “La urbanización de la villa Rodrigo Bueno cortaría la libre circulación de especies entre el canal y el resto de la Reserva, afectando el ecosistema y el desarrollo de la vida de los animales (…) Son pocos los que saben que en una de las áreas de mayor biodiversidad, como lo es el borde del canal y el ceibal allí asentado, más de mil quinientas personas se apiñan desde hace años junto a un canal contaminado”.
–No parece descabellado desalojar para cuidar la salud de la gente que vive allí. A pocos metros de la zona hay un cementerio de autos de la Policía Federal.
–Puede ser, pero el punto es que la Reserva jamás hizo nada para mover un auto. Si se logró quitar parte de los coches fue por las propias denuncias de los vecinos o de Gustavo Moreno, el asesor tutelar. Muchas organizaciones ambientalistas concretamente no hicieron nada respecto al cementerio de autos justamente para desalentar la presencia humana. Desde el poder local cercaban el barrio, no les dejaban ingresar materiales, los amedrentaban con que los iban a reprimir como ocurrió en el Padelai. Pero, además, no seamos hipócritas: el lugar donde estaba asentada la gente era justamente un espacio residual, lleno de yuyos, autos contaminados, incluso hay una perrera de Prefectura. Desde que Irsa empezó a interesarse por estas tierras se puso en marcha toda la maquinaria para el desalojo. No se reconoce que la mayoría de la gente que vive allí trabaja como empleada doméstica en casas del Barrio Norte o en la construcción de nuevas torres en Puerto Madero. No se reconoce que son sus habitantes los que contribuyen al pulso diario de la Ciudad. Yo lo que noto es que en el sentido común de la clase media urbana prevalece esta idea de que hay humanos con mayor y con menor grado de cultura, como si fuera una escalera donde uno va subiendo. Entonces, tenemos los sectores civilizados y los sectores que jamás van a alcanzar cierto grado de civilización, en tanto son considerados salvajes o bárbaros cuyo único capital cultural o simbólico es alimentarse de especies protegidas. Eso es lo que “justifica” ejercer una violencia sobre ellos, una violencia que sería inadmisible ejercer en sectores medios de la población.
–Entonces, ¿qué habría que hacer en la villa Rodrigo Bueno?
–Urbanizar. Es una cuestión de decisión política e inversión. De hecho, estuvo el grupo de arquitectos liderado por Jaime Sorín, haciendo un estudio urbanístico, incorporado a la causa. Claramente, dijeron que el barrio es urbanizable y ello no significa un daño al medio ambiente. Por supuesto, habrá que sacar el cementerio de autos, hacer un estudio de suelo y tomar una serie de medidas.
–¿Pero todo eso no repercute en la biodiversidad?
–No. Repercute más tener torres altísimas que proyectan un cono de sombra sobre la Reserva, algo que afecta a varios animales. Hay proyectos urbanísticos ya consolidados o en danza que afectarían muchísimo más la biodiversidad. Si se urbaniza, podrían convivir perfectamente con el resto de la Ciudad; mucho más afecta el caos de tránsito que provoca Puerto Madero.




Nuevas preguntas. Entonces, según lo que plantea Carman quizás sí puedan convivir naturaleza y urbanización y la gente tenga su vivienda. Por la negativa, cabría preguntarse: ¿Acaso no hay otro lugar en el mundo donde la gente viva a metros de reservas ecológicas sin que signifique atentar contra la naturaleza? ¿Qué habría que hacer con los pueblos originarios que viven en zonas riquísimas en flora y fauna? ¿Desalojarlos? ¿O es distinto porque allí no hay contaminación y en la Ciudad sí? ¿Cuál sería la vara para discriminar, sin connotación negativa, en estos casos? Sólo son más preguntas que disparan las trampas de la naturaleza.

martes, 24 de mayo de 2011

EL SEÑOR DE LOS MISILES



¡Procedan!”, murmuró Barack Obama, cuando desde una improvisada sala de operaciones en la soleada Río de Janeiro ordenaba lanzar 110 misiles Tomahawk contra Libia. Desde suelo brasileño, el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos estrenaba, en el continente de sus ancestros esclavizados, la clásica diplomacia del misil, que practicaron todos sus predecesores en la Casa Blanca.


Por Walter Goobar.


Después de ese bautismo de fuego, el Nobel de la Paz se calzó su mejor sonrisa y se dedicó a hacer lo que mejor le sale: relaciones públicas. Saludos, sonrisas y frases que pretendían ser profundas pero sonaron huecas, como la propuesta de la nueva “alianza de iguales”.Ese tipo simpático que visitó favelas y jugó picados de fútbol con los brasileños acababa de protagonizar un acto de guerra disfrazado de “intervención humanitaria”.Aunque cada misil Tomahawk lanzado sobre Libia cueste un millón de dólares, para Obama seguramente es plata bien invertida, porque el primer presidente negro de Estados Unidos no puede pasar a la Historia como un impasible espectador del rediseño de un continente rapiñado por el astuto Nicolas Sarkozy, el sigiloso y conservador David Cameron y el ceniciento José Luis Rodríguez Zapatero.Desde hace años, Obama está convencido de que las reservas petrolíferas del Medio Oriente están en declive, y mira hacia África porque descuenta que en 2013 el 25% del petróleo y de las materias primas que se consuman en los Estados Unidos saldrán del continente negro.Por ese motivo, desde la época en que era un desconocido senador por Illinois, Obama fue uno de los impulsores del Africom, equivalente al Comando Sur que vigila América latina por cuenta y orden del Pentágono.Esta es la primera guerra africana del Africom, dirigida desde su cuartel en el no tan africano Stuttgart, en Alemania, porque no lo aceptó ninguno de los 53 países africanos.Aunque Obama fue al Brasil para promover –entre otros productos– la compra de aviones de combate F-16, el bombardeo a Libia no fue la manera más afortunada ni elegante de iniciar una gira regional.Las enormes expectativas que generó Obama en la Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago, en cuanto a que podría representar una nueva era en las relaciones de Estados Unidos con los países al sur del Río Bravo, muy pronto fueron desmentidas por el golpe cívico-militar en Honduras, legitimado por la administración de Obama. Desde entonces, demostró que no rompería con la lógica imperial de sus predecesores.Al igual que los republicanos, los demócratas son conservadores en su agenda nacional, e imperialistas en la pauta global. Su diferencia con los republicanos es la intención de buscar fuentes de legitimación de tipo multilateral, como lo fue la absurda votación del Consejo de Seguridad de la ONU a favor de la zona de exclusión aérea sobre Libia, apoyando el bombardeo contra bases e instalaciones leales a Muammar Khadafi.Sea para demoler Libia o para seducir a Brasil, los cocineros de la diplomacia estadounidense operan a partir de dos máximas de la política. Una de ellas es “dividir para reinar” y la otra es la “permeabilidad de la imagen de un político”, acentuando su representación imaginaria y no la real factual.Hijo de madre blanca y padre keniano y musulmán, Barack Hussein Obama encarna como pocos todo un capítulo de la historia reciente de los Estados Unidos. Basta leer sus dos libros, La Audacia de la Esperanza y Los Sueños de mi Padre, para comprender la fascinación que ejerce su personalidad sobre todos los que han transitado el camino, complejo y contradictorio, del colonialismo, la autoafirmación racial y la búsqueda de una identidad propia.En ese sentido, es casi una obviedad que Obama opera muchas veces, más como el RRPP simbólico que como el jefe de Estado más importante del planeta.El relacionista Obama se deshace en elogios a Brasil porque la meta de los Estados Unidos es la reaproximación de Occidente a ese país; lo que implicaría el alejamiento paulatino de los brasileños de las tesis latinoamericanistas. Washington pretende revertir el cambio de posicionamiento de Lula que permitió la ampliación de las alianzas –como Mercosur, Unasur y Alba–, a partir de las victorias de Hugo Chávez y la derrota del proyecto del Alca en el Continente. A la diplomacia estadounidense no se le escapa que Néstor Kirchner y Hugo Chávez jugaron papeles decisivos para que Lula adhiriera a las tesis latinoamericanistas.Esa es la razón por la que Brasil es cortejado por los norteamericanos, pero al mismo tiempo le niegan una presencia permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU porque no le tienen confianza.Dos países son tomados como “modelos” para el accionar del Departamento de Estado en América latina. Uno de ellos es Colombia, porque permitió la instalación de bases militares y tropas terrestres estadounidenses en su propio territorio. El otro es Chile, porque combina un Estado fuerte y gendarme con una política económica de estructura de privatización, favorable a la transnacionalización de la economía.Cuando un presidente de los Estados Unidos visita Chile, especialmente tratándose de un gobierno derechista comandado por un magnate de origen pinochetista, no precisa esconder que va a conmemorar la victoria de su proyección imperial y también a buscar negocios.En Santiago, Obama no hizo el más mínimo comentario sobre el papel que jugó Washington en el golpe de Estado de 1973, que derrocó a Salvador Allende. Hablando en el Palacio de La Moneda, lugar en el que murió el presidente derrocado, Obama naufragó ante preguntas de los periodistas de si tendría algo que decir sobre ese crimen perpetrado con la complicidad imperial. “No puedo hablar de todas las políticas del pasado”, balbuceó.En El Salvador, se registró una escena parecida: Obama visitó el mausoleo de monseñor Oscar Arnulfo Romero, en la Catedral Nacional de San Salvador. Sin embargo, fue el presidente salvadoreño, del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el que pidió perdón por ese abominable crimen de Estado perpetrado en 1980 bajo un gobierno aliado de Washington y en el marco de una guerra civil financiada en parte con más de un millón de dólares diarios procedentes del Norte, que dejó un saldo de 75.000 salvadoreños muertos. A Obama lo que le interesaba era asegurar, frente al gobierno seudoizquierdista, la permanencia de la base militar estadounidense en Comalapa.La escala centroamericana fue la confirmación del papel de fiel aliado de Washington que viene jugando la administración de Mauricio Funes en la región. Una capitulación más del Frente Farabundo Martí que, en aras de un pragmatismo geoestratégico, ha continuado sin pena ni gloria la política internacional que la extrema derecha, expresada en el partido Arena, llevó a cabo durante 20 años en el pulgarcito de América.La escala en El Salvador también implica un mensaje no tan subliminal, a partir del golpe en Honduras, afirmando que Estados unidos está más que dispuesto a actuar en el Continente, reconociendo rápidamente a gobiernos golpistas mientras mantengan una apariencia de legalidad en el acto de deposición del presidente electo.Lo cierto es que a partir de su orden de batalla contra el gobierno de Khadafi en Libia, la gira latinoamericana de Obama pasó a segundo plano. Fue un viaje con sabor a tragedia no sólo por el terremoto y la catástrofe nuclear en Japón, sino también porque Obama se fue como llegó: blandiendo misiles.