Los noticieros televisivos y su construcción en un escenario de incertidumbre e intimidación.
Los noticieros de la televisión argentina propusieron a la sociedad durante el año electoral de 2007 la construcción de un escenario de incertidumbre e intimidación, basado en la proliferación de noticias sobre cuestiones policiales, crímenes y catástrofes que dominaron la agenda noticiosa, a pesar de tratarse del año con mejores indicadores económicos y sociales en décadas de historia nacional.
Las conclusiones surgen del relevamiento efectuado en el marco de una investigación realizada por el autor de la nota para un posgrado en la Universidad de San Martín (Unsam). Durante el mismo se examinó la agenda principal de los noticieros centrales de la televisión abierta en la ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre de 2007. En total unos 350 noticieros. El agrupamiento temático surgido de la clasificación de los titulares de apertura permitió establecer un total de 1.446 titulares, que se agruparon alrededor de 9 grandes ejes de articulación.
El resultado fue que 356 titulares correspondieron a Inseguridad y violencia, 227 a Información General, 234 a Información Política (incluyendo la campaña electoral presidencial), 181 a Gestión Gubernamental, 132 a Accidentes y Catástrofes, 105 a Justicia y Derechos Humanos, 105 a Conflictividad Social, 74 a Clima y Medio Ambiente y 35 menciones para Noticias Internacionales.
El agrupamiento temático de los titulares puso de manifiesto que 533 menciones (más de la tercera parte del total) correspondieron a situaciones de riesgo para la integridad de las personas e instituciones –incluyendo crímenes, delitos, catástrofes y atentados–, en tanto que otra buena parte se destinó a la cobertura de conflictos provinciales e institucionales –a veces también violentos– en conjunto con las campañas electorales.
Ciertamente, la exposición de hechos dramáticos y de violencia en pantalla constituyen aspectos relevantes del discurso televisivo, máxime en su afán de retener audiencia y neutralizar el poder de conmutación de los espectadores a través del recurso del control remoto. Estos principios son comunes en la Argentina, en Estados Unidos y en Europa, y la desconexión entre la agenda mediática y las realidades nacionales ha sido abordada por diversos autores.
Pero es significativo el contexto en que proliferó la oleada de crímenes en la coyuntura local: 2007 es un año de comicios presidenciales y la economía registra valores positivos consecutivos por quinto año. En vísperas del traspaso del mando presidencial –hacia fines de año– Clarín aseguró que “la herencia económica que recibe la Presidenta es la mejor que se haya visto en una transición en los últimos 25 años, desde la vuelta de la democracia”, en tanto que las consultoras privadas subrayan que “casi todos los sectores presentan un fuerte incremento y, por primera vez tras la salida de la convertibilidad, es mayor el aumento de los servicios que el de los bienes”. Sin embargo, la escena está dominada por el peligro, y la población responde a la consigna. En una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo del mismo año, el 10% de la población económicamente activa del país (2,5 millones de personas) reconoció tener un arma, “para defenderse de los delincuentes”.
Es oportuno destacar que el discurso de los medios (que encabezaron las privatizaciones en los ’90) primero cuestionó el rol del Estado promoviendo el protagonismo del mercado, pero luego de la crisis de 2001 enfoca la atención en la dificultad de las agencias públicas para resolver los conflictos sociales emergentes del repliegue estatal y la concentración económica. En este nuevo escenario, la criminalidad deja de ser un asunto policial para adquirir una dimensión política, bajo el concepto de la inseguridad ciudadana. Curiosamente, las privatizaciones se habían construido en la opinión pública como operaciones que iban a permitir –finalmente- que el Estado se ocupara de sus verdaderas tareas: la educación, la seguridad y la justicia.
A diferencia de la década del ’70, en que estudiosos norteamericanos y europeos propusieron los primeros debates sobre el establecimiento de agenda por parte de los medios, la constitución posterior de dispositivos multimedia (periódico, radio, TV, cable, señales noticiosas de 24 horas, etc.) y la ausencia de regulaciones apropiadas –como sí se produjeron en Europa y Estados Unidos– permitieron un escenario de 24 horas de producción, distribución, fijación y anclaje de escenarios referenciales que supera holgadamente el contexto inicial en que se produjeron las teorías de agenda setting.
Por su lógica discursiva, pero sobre todo por sus intereses y puntos de vista en la época de auge de las nuevas tecnologías, los medios –y la televisión especialmente– intervienen en la escena pública con un discurso de alto impacto político. El rol histórico de contrapoder de la prensa frente a las administraciones gubernamentales se presenta ahora –en los tiempos de la concentración multimedia– como un poder en sí mismo capaz de construir un escenario de realidad fuertemente condicionado por sus intereses sectoriales.
Las tendencias que se observan en el estudio sobre el temario noticioso examinado exhiben por lo menos una fuerte distorsión entre los indicadores globales del tiempo histórico en que trascurre el análisis y la narrativa que surge de los noticieros televisivos dominados por la agenda delictiva y policial.
El ciudadano en peligro, amenazado por la pérdida de las certidumbres que ofrecía la sociedad salarial (Castel:1997), confirma las amenazas del entorno social a través de la convivencia cotidiana con el crimen y el delito colocados en el orden del día por los medios electrónicos de comunicación.
La metamorfosis social también exhibe un espectador con menos recursos para elaborar conclusiones críticas sobre la información recibida. Ello pone también en debate la ausencia de políticas públicas en el sector de las comunicaciones audiovisuales. Si las reglas de juego eran importantes antes, tanto más necesarias resultan en un escenario de concentración económica con repliegue estatal e individualización del receptor.
La sobreexposición a la violencia y la criminalidad también se vincula con la tendencia al retraimiento social, la desconfianza y la demanda de fuerzas más duras de seguridad para obtener protección. En esa percepción intervienen, sin dudas, los cambios en el modo de producción y distribución de los mensajes.
No se trata aquí del “síndrome del mundo malo” citado por MC Combs al comentar los efectos de la exposición a la violencia frecuente que exhibe la pantalla televisiva, sino de una operación de significación asociada de claro sentido político que modifica los hábitos y comportamientos sociales. Es que la crónica policial histórica, como género del periodismo, se remitía a la información en el contexto de época.
El ciudadano en peligro representa no sólo el consumidor individualizado de productos audiovisuales que neutralizan su poder de conmutación con la fascinación del terror, sino también una categoría política que fortalece la capacidad de intervención de las corporaciones de medios en la disputa por conducir el relato sobre la realidad.
Es frecuente advertir que la libertad de expresión se invoca como una categoría genérica que califica la democracia. A la inversa, pocas veces se valoriza la ciudadanía (con los atributos alta o baja “intensidad” que le atribuye O´Donnell) en términos del acceso a la comunicación y de la capacidad de “producir agenda” por parte de los ciudadanos con mayores necesidades insatisfechas. Cuando no son ellos mismos –los pobres– los que aparecen en la agenda mediática como portadores del riesgo social.
Este es un reflejo de la desigualdad de estos países: pocas cuestiones llegan a esa agenda que no sean en el interés de las clases y sectores dominantes, excepto preocupaciones sobre la (in)seguridad pública que no pocas veces implican criminalizar la pobreza y, con ella, adicionales regresiones en los derechos civiles del sector popular (O’Donnell, Guillermo. El debate conceptual sobre la democracia. Informe de la investigación La democracia en América Latina-Pnud).
La existencia de una “agenda del miedo” predominante en el primer semestre de 2007 en los noticieros principales de la televisión argentina constituyó, en síntesis, una narración seriada de acontecimientos policiales agrupados bajo un discurso político (la inseguridad) que, sin explicar el desmantelamiento público y la destrucción de redes sociales que han conducido a la “sociedad del riesgo”, se cierra en el reclamo de una represión eficaz.
Tales discursos no constituyen la síntesis temática de voces diversas y plurales, sino que son generados por factorías periodísticas de plataforma múltiple, correspondientes a una misma esfera de acción comercial con intereses en el desenlace de sus intervenciones. Tales circunstancias, agravadas por la ausencia de un marco normativo legitimado que equilibre el poder desigual de emisores y receptores, impactan de manera negativa en la calidad de la ciudadanía y condicionan fuertemente el ejercicio de la democracia.
Periodista, Coordinador General del Comfer
Las conclusiones surgen del relevamiento efectuado en el marco de una investigación realizada por el autor de la nota para un posgrado en la Universidad de San Martín (Unsam). Durante el mismo se examinó la agenda principal de los noticieros centrales de la televisión abierta en la ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre de 2007. En total unos 350 noticieros. El agrupamiento temático surgido de la clasificación de los titulares de apertura permitió establecer un total de 1.446 titulares, que se agruparon alrededor de 9 grandes ejes de articulación.
El resultado fue que 356 titulares correspondieron a Inseguridad y violencia, 227 a Información General, 234 a Información Política (incluyendo la campaña electoral presidencial), 181 a Gestión Gubernamental, 132 a Accidentes y Catástrofes, 105 a Justicia y Derechos Humanos, 105 a Conflictividad Social, 74 a Clima y Medio Ambiente y 35 menciones para Noticias Internacionales.
El agrupamiento temático de los titulares puso de manifiesto que 533 menciones (más de la tercera parte del total) correspondieron a situaciones de riesgo para la integridad de las personas e instituciones –incluyendo crímenes, delitos, catástrofes y atentados–, en tanto que otra buena parte se destinó a la cobertura de conflictos provinciales e institucionales –a veces también violentos– en conjunto con las campañas electorales.
Ciertamente, la exposición de hechos dramáticos y de violencia en pantalla constituyen aspectos relevantes del discurso televisivo, máxime en su afán de retener audiencia y neutralizar el poder de conmutación de los espectadores a través del recurso del control remoto. Estos principios son comunes en la Argentina, en Estados Unidos y en Europa, y la desconexión entre la agenda mediática y las realidades nacionales ha sido abordada por diversos autores.
Pero es significativo el contexto en que proliferó la oleada de crímenes en la coyuntura local: 2007 es un año de comicios presidenciales y la economía registra valores positivos consecutivos por quinto año. En vísperas del traspaso del mando presidencial –hacia fines de año– Clarín aseguró que “la herencia económica que recibe la Presidenta es la mejor que se haya visto en una transición en los últimos 25 años, desde la vuelta de la democracia”, en tanto que las consultoras privadas subrayan que “casi todos los sectores presentan un fuerte incremento y, por primera vez tras la salida de la convertibilidad, es mayor el aumento de los servicios que el de los bienes”. Sin embargo, la escena está dominada por el peligro, y la población responde a la consigna. En una encuesta de Ipsos-Mora y Araujo del mismo año, el 10% de la población económicamente activa del país (2,5 millones de personas) reconoció tener un arma, “para defenderse de los delincuentes”.
Es oportuno destacar que el discurso de los medios (que encabezaron las privatizaciones en los ’90) primero cuestionó el rol del Estado promoviendo el protagonismo del mercado, pero luego de la crisis de 2001 enfoca la atención en la dificultad de las agencias públicas para resolver los conflictos sociales emergentes del repliegue estatal y la concentración económica. En este nuevo escenario, la criminalidad deja de ser un asunto policial para adquirir una dimensión política, bajo el concepto de la inseguridad ciudadana. Curiosamente, las privatizaciones se habían construido en la opinión pública como operaciones que iban a permitir –finalmente- que el Estado se ocupara de sus verdaderas tareas: la educación, la seguridad y la justicia.
A diferencia de la década del ’70, en que estudiosos norteamericanos y europeos propusieron los primeros debates sobre el establecimiento de agenda por parte de los medios, la constitución posterior de dispositivos multimedia (periódico, radio, TV, cable, señales noticiosas de 24 horas, etc.) y la ausencia de regulaciones apropiadas –como sí se produjeron en Europa y Estados Unidos– permitieron un escenario de 24 horas de producción, distribución, fijación y anclaje de escenarios referenciales que supera holgadamente el contexto inicial en que se produjeron las teorías de agenda setting.
Por su lógica discursiva, pero sobre todo por sus intereses y puntos de vista en la época de auge de las nuevas tecnologías, los medios –y la televisión especialmente– intervienen en la escena pública con un discurso de alto impacto político. El rol histórico de contrapoder de la prensa frente a las administraciones gubernamentales se presenta ahora –en los tiempos de la concentración multimedia– como un poder en sí mismo capaz de construir un escenario de realidad fuertemente condicionado por sus intereses sectoriales.
Las tendencias que se observan en el estudio sobre el temario noticioso examinado exhiben por lo menos una fuerte distorsión entre los indicadores globales del tiempo histórico en que trascurre el análisis y la narrativa que surge de los noticieros televisivos dominados por la agenda delictiva y policial.
El ciudadano en peligro, amenazado por la pérdida de las certidumbres que ofrecía la sociedad salarial (Castel:1997), confirma las amenazas del entorno social a través de la convivencia cotidiana con el crimen y el delito colocados en el orden del día por los medios electrónicos de comunicación.
La metamorfosis social también exhibe un espectador con menos recursos para elaborar conclusiones críticas sobre la información recibida. Ello pone también en debate la ausencia de políticas públicas en el sector de las comunicaciones audiovisuales. Si las reglas de juego eran importantes antes, tanto más necesarias resultan en un escenario de concentración económica con repliegue estatal e individualización del receptor.
La sobreexposición a la violencia y la criminalidad también se vincula con la tendencia al retraimiento social, la desconfianza y la demanda de fuerzas más duras de seguridad para obtener protección. En esa percepción intervienen, sin dudas, los cambios en el modo de producción y distribución de los mensajes.
No se trata aquí del “síndrome del mundo malo” citado por MC Combs al comentar los efectos de la exposición a la violencia frecuente que exhibe la pantalla televisiva, sino de una operación de significación asociada de claro sentido político que modifica los hábitos y comportamientos sociales. Es que la crónica policial histórica, como género del periodismo, se remitía a la información en el contexto de época.
El ciudadano en peligro representa no sólo el consumidor individualizado de productos audiovisuales que neutralizan su poder de conmutación con la fascinación del terror, sino también una categoría política que fortalece la capacidad de intervención de las corporaciones de medios en la disputa por conducir el relato sobre la realidad.
Es frecuente advertir que la libertad de expresión se invoca como una categoría genérica que califica la democracia. A la inversa, pocas veces se valoriza la ciudadanía (con los atributos alta o baja “intensidad” que le atribuye O´Donnell) en términos del acceso a la comunicación y de la capacidad de “producir agenda” por parte de los ciudadanos con mayores necesidades insatisfechas. Cuando no son ellos mismos –los pobres– los que aparecen en la agenda mediática como portadores del riesgo social.
Este es un reflejo de la desigualdad de estos países: pocas cuestiones llegan a esa agenda que no sean en el interés de las clases y sectores dominantes, excepto preocupaciones sobre la (in)seguridad pública que no pocas veces implican criminalizar la pobreza y, con ella, adicionales regresiones en los derechos civiles del sector popular (O’Donnell, Guillermo. El debate conceptual sobre la democracia. Informe de la investigación La democracia en América Latina-Pnud).
La existencia de una “agenda del miedo” predominante en el primer semestre de 2007 en los noticieros principales de la televisión argentina constituyó, en síntesis, una narración seriada de acontecimientos policiales agrupados bajo un discurso político (la inseguridad) que, sin explicar el desmantelamiento público y la destrucción de redes sociales que han conducido a la “sociedad del riesgo”, se cierra en el reclamo de una represión eficaz.
Tales discursos no constituyen la síntesis temática de voces diversas y plurales, sino que son generados por factorías periodísticas de plataforma múltiple, correspondientes a una misma esfera de acción comercial con intereses en el desenlace de sus intervenciones. Tales circunstancias, agravadas por la ausencia de un marco normativo legitimado que equilibre el poder desigual de emisores y receptores, impactan de manera negativa en la calidad de la ciudadanía y condicionan fuertemente el ejercicio de la democracia.
Periodista, Coordinador General del Comfer
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