El cardenal Bergoglio dijo en privado que prefiere no recibir dinero del Gobierno. Son 18 millones de pesos por año, destinados a sueldos de los obispos y a subsidios a los seminaristas. Otros religiosos se inclinan por seguir cobrando.
Por Andrés Fidanza.
Hay, por estos días, un dinero que divide opiniones al interior de la Iglesia católica. Es el equivalente al pase de un jugador de fútbol bueno, no una estrella. Son 18.100.000 de pesos: lo que el Estado le aporta en sueldos a obispos y en subsidios a seminaristas. El cardenal Jorge Bergoglio ya se decidió: dijo en conversaciones privadas que la Iglesia quedaría “a la zaga de la Historia” si no renuncia a ese aporte. Pero la opinión de Bergoglio no es compartida por todos. Hay sacerdotes que avalan la renuncia, obispos que se oponen y propuestas alternativas de financiamiento.El arzobispo de Mendoza y presidente de los Asuntos Económicos episcopales, José Arancibia, admitió ante este diario que el tema es “opinable” y que existen “tensiones internas”. Para Arancibia, primero hay que desterrar “un mito”. “A la Iglesia no la sostiene el Estado, sino los fieles. El aporte representa sólo el 7% de nuestro presupuesto anual. El problema es que en este país no se arraigó esa responsabilidad”, dijo.Según datos de la Iglesia, cada asistente a misa aporta 1,20 pesos por mes. O sea, 0,28 centavos por misa. Por eso, la Iglesia impulsa desde hace cuatro años una campaña para “concientizar a los fieles”.
Pero Arancibia aclaró: “No pretendemos cortar el subsidio aún; no estamos atados a esa módica contribución: tenemos libertad de opinión. Yo veo correcto que el Estado sostenga actividades positivas como el arte, el deporte y, también, lo espiritual”.“Los sacerdotes no vemos un peso de ese aporte. Creo que la Iglesia debería renunciar. En rigor, deberían renunciar los obispos. Claro que una cosa es manejar la diócesis de Buenos Aires y otra distinta la de Humahuaca”, explicó a este diario el sacerdote Guillermo Marcó, ex vocero de Bergoglio. Las recursos de los obispados pobres y los ricos, está claro, varían.En esa misma línea, Eduardo de la Serna, sacerdote de Quilmes, junto a 25 curas de esa diócesis, pidió a su obispo, Luis Stöckler, que la Iglesia renunciara al aporte. “El obispo acordó con el planteo y nos explicó que él dona su sueldo. Pero esto excede un caso. Yo escucho que hay gente que dice ‘a los curas los mantiene el Estado’. Bueno, me deben 25 años de sueldo”, graficó De la Serna.El coordinador del Plan Compartir para sostener a la Iglesia, José Pagliettini, cree que el tema “debería ser estudiado”. Y propone: “Una opción es el caso de España, donde los ciudadanos donan una alícuota de sus impuestos. El que no quiere, puede dar su parte a la Cruz Roja, por ejemplo”.Otra alternativa, sin renunciar al aporte público, es que el Estado sostenga a los otros cultos, “pero siempre respetando la proporcionalidad del número de fieles”, opinó el dirigente laico Guillermo Cartasso, que recordó que el 82% del país es católico.Desde el Gobierno, por ahora no hay intención de cortar el aporte. Apenas hay un proyecto de ley que presentó el año pasado la senadora oficialista Adriana Bortolozzi, que aún no se trató. Varios legisladores dicen que por ahora no hay pedidos para reactivarlo.
El monto del apoyo oficial
El aporte estatal en discordia se compone de: un sueldo a los obispos equivalente al 80% de lo que gana un juez de primera instancia, unos 7.300 pesos; una asignación mensual para seminaristas de $336 (representa para el Estado casi 5.500.000 de pesos por año); más un pequeño aporte a las parroquias de frontera o de zonas desfavorables de 470 pesos por mes.
En total, 18.100.000 de pesos anuales, a lo cual se suman las exenciones impositivas y los subsidios a escuelas, que están fuera de la discusión.La responsabilidad estatal de financiar al culto católico figura en la Constitución: el artículo 2˚ dice que el Gobierno “sostiene el culto católico apostólico romano”; pero no aclara si lo debe sostener económica o institucionalmente. “Siempre hubo polémicas al respecto”, contó Guillermo Marcó.Durante la dictadura se sancionaron las tres leyes específicas que regulan el aporte estatal, con montos y argumentos respectivos. “Fueron una forma de agradecer los servicios prestados”, opinó el cura De la Serna.
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