PARA MUCHOS, en materia de seguridad, la principal pregunta es si se debe o no bajar la edad de imputabilidad. Pero ¿es ésa la verdadera pregunta, en un debate que ocupa tanto espacio en el mundo de las noticias? En realidad, la consigna mayor en estos tiempos debería ser: "Que no muera un solo chico más". Ningún chico: ni rico, ni pobre, ni brillante, ni poco dotado para el estudio. Ninguno. Los niños no deben morir en el país; deberían ya estar dadas las condiciones para que eso no ocurriera.
Los chicos son vulnerables, y por eso se los utiliza para el crimen, o como estandarte para buscar financiamiento de proyectos institucionales o personales. Pero son chicos y, como chicos, necesitan alimentarse bien, estudiar, jugar, que su salud sea atendida, ir de vacaciones; todos derechos que están escritos en la nueva ley sobre infancia, la 26.061.
Pero ¿no es más importante preguntarnos si hoy ellos tienen sus necesidades básicas cubiertas; si pueden ir todos los días a la escuela y tienen sus libros para estudiar? ¿No es más importante ponerse a pensar por qué en nuestro país no hay un tratamiento adecuado y en serio sobre el flagelo que es el consumo del "paco" en niños? El doctor David Huanambal, médico neuropsiquiatra asignado al Servicio de Neurología del Borda, nos decía que aún se desconoce qué es realmente el "paco". Aunque sorprenda esta afirmación, la única manera científicamente fiable de conocer la composición química de una muestra es realizar una "espectrometría de masa", procedimiento que se podría efectuar en la facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde la doctora Villamil, jefa del departamento Tóxico-Legal, viene solicitando presupuesto para realizarlo sin obtener respuesta. "Desde otra institución también he elevado el mismo pedido. Desconocemos la razón por la cual aún no se realizó este paso importantísimo en la caracterización del compuesto", dice.
Es llamativa la falta de decisión política en un tema tan sensible porque el consumo de "paco" está llevando chicos a la muerte o al deterioro irreversible. Y me pregunto, también, por qué si hablamos de baja en la edad de imputabilidad de los chicos no los escuchamos a ellos. Lucas llegó a un hogar de tránsito sintiendo que su vida no tenía sentido. Su madre lo había abandonado en pañales porque no lo podía criar, y cuando volvió a saber de él, a los 7 años, intentó demostrarle cariño, pero la nueva pareja de ella le decía "bastardo" cuando se dirigía a él y lo humillaba todo el tiempo. Finalmente su madre, con dos hijos más, también despreciaba en el trato a Lucas, y ambos lo hacían trabajar más que a sus hermanos. Lucas empezó a reaccionar; había soñado con volver a ver a su mamá, pero no toleraba el trato, y ellos, a su vez, no permitieron la reacción y lo volvieron a abandonar, pero ya a los 11 años, en un parador nocturno. Por eso, el chico, al llegar al hogar no tenía interés en nada. Y un poco por su fuerza y otro poco ayudado, hoy está terminando la escuela primaria. Pero la ley 26.061, en su articulado, habla de que sólo como medida excepcional debe estar en un hogar, que debe volver a vivir con su madre. Y si hubiera cometido un delito, y es menor de 16 años, también debe volver a vivir con su familia porque si no se lo está "privando de libertad", dicen los "progres" del momento, sin importar cada caso, cada chico y su historia.
Que, en definitiva, es lo que se pedía en la presentación que hizo la Fundación Sur y que afortunadamente la Corte Suprema ha decidido frenar. Muchos Lucas piden a gritos que se los escuche, que prefieren estar en un hogar en lugar de vivir situaciones de maltrato, abuso y violencia.
Otros Lucas ya mayores de edad agradecen que siendo chicos pudieron estar en un hogar donde los trataran bien y donde pudieron terminar sus estudios y conseguir un buen trabajo. Pero no se los escucha. Muchos de ellos en vez de portar un arma estarían en la escuela, y no es un lirismo es la realidad.
La dicotomía en el discurso actual, desde el mismo Poder Ejecutivo, es "los chicos deben estar todos con sus familias o los chicos deben ser juzgados desde los 14 años", en lugar de preocuparse de que puedan tener una niñez digna de ser vivida; lo que está enunciado en los otros artículos de la ley 26.061, y pareciera que los funcionarios se olvidaron de leer.
El doctor Elbio R. Ramos, presidente de la Asociación Argentina De Magistrados y Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia, firmó un comunicado, el mes pasado, en el que señala: "Los esfuerzos por colocar a los adolescentes en conflicto con la ley penal en la agenda de seguridad da como resultado el apresuramiento en la instalación de dispositivos internativos bajo condiciones altamente deficitarias. Esto trajo como consecuencia la muerte sucesiva, con pocas horas de diferencia entre sí, de dos jóvenes alojados en una misma institución del partido de La Matanza, nosotros nos preguntamos, cuántas muertes más se sumarán hasta tanto las autoridades asuman el cumplimiento de la ley".
Nuestros chicos son los hijos de la Argentina, y pareciera que están tironeados por una pareja que se está separando: unos dicen algo y los otros lo contradicen, mientras tanto, no ven que un Lucas se está muriendo de sobredosis de "paco" en un hospital.
Por todos los Lucas, que no muera un chico más.
No hay comentarios:
Publicar un comentario