Un estudio de la Asesoría General Tutelar de la ciudad y el CELS alertó sobre “la infantilización del déficit habitacional”. En inquilinatos y casa tomadas, el 30 por ciento tiene menos de 14.
“La ciudad de Buenos Aires es un espacio físico y social fragmentado que tiene a la infancia como territorio de la pobreza.” La sentencia se desprende de un estudio sobre el déficit habitacional que sufren los porteños. Más dura es la conclusión a la que llegaron los organismos que trabajaron en esa sistematización de datos –la Asesoría General Tutelar de la ciudad y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)—, a través de la que descubrieron “la infantilización del déficit habitacional”. Y lo probaron con las cifras analizadas: el 37,7 por ciento de los habitantes –casi cuatro de cada 10– de las villas de emergencia de la ciudad tienen menos de 10 años; el 27,2 de las personas que viven en inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas son menores de 14; mientras que más de la mitad de aquellos que ocupan un lugar en los Núcleos Habitacionales Transitorios –sectores habitables creados por el Estado– son menores de 19 años.
El trabajo consistió en sistematizar y analizar datos obtenidos de entidades oficiales a lo largo de los últimos dos años –encuestas, proyecciones y relevamientos elaborados por organismos oficiales y no gubernamentales durante el período 2006-2008—. Al respecto, la asesora Laura Musa remarcó que el resultado fue “una formidable herramienta, útil, para aquellas personas que tienen que gestionar una solución al déficit habitacional”. La participación de la Asesoría en el trabajo responde a las funciones del organismo de Justicia de “monitorear y hacer exigibles los derechos vulnerados a los chicos y adolescentes”, explicó.
El informe plantea una línea de causalidad entre el déficit habitacional y la pobreza: “El déficit es un problema más complejo que la falta de viviendas; es un problema sociohabitacional y su abordaje requiere tener en cuenta no sólo las características físicas de las viviendas o sus condiciones de habitabilidad y medioambientales, sino también el equipamiento social que su localización hace accesible a sus moradores”. De esta manera, el abanico de causas se amplía y deja espacio, al lado del hacinamiento, conexión a la red de agua y a la cloacal, por nombrar sólo algunas, a las condiciones de acceso, desde una vivienda, a la escuela y al hospital. “Cuando uno ve cómo viven y qué posibilidades tienen de salir de este circuito, se explica claramente la participación, luego, de esos chicos en causas judiciales. Déficit, pobreza y judicialización están totalmente conectadas”, sostuvo la asesora Laura Musa.
Aquélla es la razón por la que los primeros datos que figuran en el informe son los que dibujan la ubicación de los niños, niñas y jóvenes en la pirámide social porteña: de los menores de 18 años, que representan el 33 por ciento de la población total de la ciudad, el 14,3 es pobre.
No obstante, el análisis del déficit habitacional llevado a cabo por el CELS y la Asesoría General Tutelar apuesta un poco más, y desglosa las cifras según las zonas del territorio porteño. Entonces, las cosas se ponen aún más oscuras. “Se genera una doble infancia: una correspondiente a los sectores de clase media y alta, cuyos infantes pueden acceder a sus derechos –educación y salud pública, por ejemplo– naturalmente. Otra, la de los pibes de las villas y asentamientos precarios, de hoteles donde la vida deteriora todos los derechos, obligándolos a vivir en lo emergencial: sólo pueden acceder a un lugar en una escuela o a una cama en un hospital si aparece un oficio, una medida de la Justicia de por medio”, se explayó Musa.
La zona sur de la ciudad de Buenos Aires –en la que la proporción de niños, niñas y adolescentes es mayor– es donde se radica de manera privilegiada la pobreza y donde también lo hace la mayor parte de las estrategias informales de hábitat: el 72 por ciento de las villas de emergencia; el 20 por ciento de los asentamientos, los Núcleos Habitacionales Transitorios; el 64 por ciento de los inquilinatos, hoteles, pensiones y casas tomadas.
Para Musa, es necesario que los encargados de gestionar soluciones tomen en cuenta esta clase de estudios y “creen políticas universales en vez de las focalizadas, que no sirven. Es difícil, porque la solución verdadera requiere ir contra las reglas del mercado y pararse en contra de una parte importante de la sociedad, que no termina de reconocer que vive en un país pobre y que, por el contrario, busca apartarse de ese sector”, consideró.
Un apartado propio tienen en el informe los desalojos que, según las cifras analizadas, “han aumentado exponencialmente” y afectan de lleno a los niños, niñas, adolescentes y adultos que viven en inquilinatos, pensiones y hoteles, y a los que lo hacen en casa tomadas. Se produce un “círculo vicioso”, plantea el análisis de los datos, porque quienes son corridos de los inquilinatos y hoteles acuden a tomar una casa y, una vez que son echados por la fuerza de allí, terminan en la calle, donde ningún derecho es respetado, o siquiera existe.
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